La CNMC multa con 204 millones a las seis mayores constructoras por pactar contratos p¨²blicos durante 25 a?os

La Comisi¨®n Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) ha multado con 203,6 millones de euros a las seis principales constructoras espa?olas ¡ªAcciona, Dragados (ACS), FCC, Ferrovial, OHLA y Sacyr¡ª por haber concertado durante 25 a?os, entre 1992 y 2017, miles de licitaciones p¨²blicas destinadas a la edificaci¨®n y obra civil de infraestructuras, como hospitales, carreteras o aeropuertos.

En conjunto, la sanci¨®n supone 203,6 millones, lo que la convierte en la mayor que ha impuesto en la historia la CNMC. Supera en m¨¢s de 30 millones a la multa de 171 millones que Competencia puso en 2015 a 15 compa?¨ªas de automoci¨®n. El supervisor justifica la cuant¨ªa por el ¡°gran n¨²mero¡± de trabajos al que afect¨®, ¡°el elevado importe que entra?aron dichas obras y la prolongada duraci¨®n en el tiempo de las pr¨¢cticas [anticompetitivas]¡±.

El modus operandi del grupo (denominado G7 porque en principio estaba integrado por siete empresas) consist¨ªa en mantener reuniones semanales para analizar las licitaciones de obra p¨²blica que se hab¨ªan publicado en diferentes plataformas de contrataci¨®n del Estado. En esas citas, las empresas acordaban los concursos en que iban a compartir ¡ªentre todas o en un subgrupo¡ª una parte o la totalidad de los trabajos que compondr¨ªan las ofertas t¨¦cnicas de las licitaciones. Las empresas tambi¨¦n intercambiaban informaci¨®n comercial sensible (diferente de la necesaria para compartir los trabajos), como su intenci¨®n de concurrir o no a licitaciones, o la de formar UTEs (Uni¨®n Temporal de Empresas) y los miembros que las integrar¨ªan para asegurarse las adjudicaciones.

Para evitar sospechas, ¡°los trabajos se encargaban conjuntamente por los miembros del grupo a empresas externas¡±, seg¨²n ha indicado la CNMC en un comunicado. Y una vez convenido el pacto, las constructoras ten¨ªan que atenerse a ¨¦l, sin poder modificar ninguna de sus ofertas. ¡°Las empresas no pod¨ªan modificar los trabajos generados en conjunto para presentarlos en sus ofertas sin el conocimiento y la aprobaci¨®n del resto de miembros del grupo. La ¨²nica personalizaci¨®n admitida era la inclusi¨®n de logos y denominaciones de cada empresa en el documento conjunto para dar a las administraciones una apariencia de independencia en la presentaci¨®n de las ofertas¡±, indica la CNMC.

Entre las Administraciones P¨²blicas afectadas figuran fundamentalmente las pertenecientes al Ministerio de Fomento (actual Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana) junto con sus organismos y entidades p¨²blicas empresariales dependientes. La multa total ser¨¢ repartida entre las seis compa?¨ªas: Acciona (29,4 millones), Dragados (57,1 millones), FCC (40,4 millones), Ferrovial (38,5 millones), Obrasc¨®n Huarte Lain (21,5 millones) y Sacyr (16,7 millones).

Otras multas

Se da la circunstancia de que muchas de estas empresas ya han recibido multas millonarias por pactar contratos en otros ¨¢mbitos como la obra ferroviaria, la conservaci¨®n de carreteras o los residuos urbanos. Por ejemplo, ACS, FCC, Acciona o Sacyr, junto a otras empresas, fueron multados con 61 millones en 2021 por alterar el resultado de licitaciones de los servicios de conservaci¨®n de la Red de Carreteras del Estado para hacerse con contratos por m¨¢s de 500 millones de euros. Y en 2019, la CNMC sancion¨® con 118 millones a 15 empresas por repartirse concursos p¨²blicos de Adif por valor de m¨¢s de 1.000 millones, entre las que estaban filiales de Sacyr, OHLA y ACS.

En este caso, el expediente no se abri¨® a ra¨ªz de la delaci¨®n de una de las empresas implicadas a cambio de esquivar la sanci¨®n, como suele ser habitual, sino por una investigaci¨®n paralela sobre unos contratos de hormig¨®n armado en 2014 que puso sobre aviso a la CNMC de la existencia del c¨¢rtel.

Las consecuencias para las grandes firmas constructoras pueden ser muy graves. La CNMC ha remitido la resoluci¨®n a la Junta Consultiva de Contrataci¨®n P¨²blica por si cabe la prohibici¨®n de contratar con la Administraci¨®n. El regulador puede activar este procedimiento que le otorga la Ley de R¨¦gimen Jur¨ªdico del Sector P¨²blico y que permite que se proh¨ªba la participaci¨®n de las sociedades infractoras en futuros contratos p¨²blicos hasta tres a?os. Pero las empresas pueden evitar el golpe, ya que esa cl¨¢usula solo se puede aplicar tras una sanci¨®n firme y de hehcho, todas ellas han anunciado ya que interpondr¨¢n un recurso contencioso-administrativo en la Audiencia Nacional y de casaci¨®n ante el Tribunal Supremo, por lo que la v¨ªa judicial puede alargarse durante a?os.

Grave perjuicio p¨²blico

En el expediente hecho p¨²blico este jueves, se denuncia que las empresas compart¨ªan en muchos casos la oferta t¨¦cnica, que llegaba a alcanzar el 70% de la puntuaci¨®n del concurso, frente al 30% correspondiente a la puntuaci¨®n econ¨®mica, asegur¨¢ndose as¨ª la adjudicaci¨®n de contratos de edificaci¨®n y obra civil de infraestructuras de inter¨¦s general, como son hospitales, carreteras o aeropuertos. ¡°El hecho de compartir las ofertas t¨¦cnicas y los intercambios de informaci¨®n entre licitadores incumplen los deberes de proposici¨®n ¨²nica y de secreto de las proposiciones y eliminan la independencia exigida a las empresas en los procedimientos de contrataci¨®n p¨²blica¡±, explica el organismo.

En 2017, las empresas disolvieron el denominado G7 (las actuaciones contra la empresa Lantania, antigua Isolux, han sido archivadas) y manifestaron expresamente que estos acuerdos pod¨ªan ser contrarios a las normas de defensa de la competencia. Efectivamente. Las conductas, apunta la CNMC, constituyen una infracci¨®n muy grave de los art¨ªculos 1 de la Ley 15/2007, de 3 de julio, de Defensa de la Competencia y 101 del Tratado de Funcionamiento de la Uni¨®n Europea. ¡°Se trata de pr¨¢cticas cuyos efectos han sido especialmente da?inos para la sociedad, ya que afectaron a miles de concursos convocados por Administraciones P¨²blicas espa?olas para la construcci¨®n y edificaci¨®n de infraestructuras como hospitales, puertos y aeropuertos, carreteras, etc¨¦tera¡±.

En este sentido, el organismo hace hincapi¨¦ en el efecto agregado que tuvieron sobre la competencia estas pr¨¢cticas debido al gran n¨²mero de obras en las que compartieron trabajos entre ellas, el elevado importe que entra?aron dichas obras y la prolongada duraci¨®n en el tiempo de las pr¨¢cticas.

Al tomar una posici¨®n de ventaja en los concursos p¨²blicos, las pr¨¢cticas de las constructoras ¡°produjeron efectos sobre las empresas competidoras, que concurrieron a los contratos p¨²blicos en desventaja competitiva frente a las empresas del grupo¡±. Los rivales deb¨ªan soportar mayor coste en la preparaci¨®n de sus ofertas, adem¨¢s de carecer de informaci¨®n sobre los movimientos de sus competidores.