Brutalidad en Myanmar

Las recientes ejecuciones de cuatro activistas en Myanmar suponen una escalada en la brutalidad de la represi¨®n intimidatoria por parte de la junta militar que el 1 de febrero de 2021 perpetr¨® un golpe de Estado con el que puso fin a los intentos de transici¨®n democr¨¢tica iniciados una d¨¦cada antes. Los ajusticiamientos, los primeros en esta naci¨®n del sudeste asi¨¢tico desde 1988, demuestran que la crueldad del Tatmadaw (las Fuerzas Armadas) no conoce l¨ªmites y que su campa?a para neutralizar a la oposici¨®n ha alcanzado un nuevo estadio. Los cuatro hombres llevados a la horca el pasado 23 de julio hab¨ªan sido condenados a la pena capital por ¡°actos terroristas¡± en un juicio a puerta cerrada y celebrado bajo dudosos est¨¢ndares legales, seg¨²n denuncian varias organizaciones pro derechos humanos. En total, 119 personas han sido sentenciadas a muerte desde la asonada.

La antigua Birmania lleva 18 meses sumida en una profunda crisis pol¨ªtica, econ¨®mica y social. Las autoridades castrenses, conscientes de que el movimiento prodemocracia es m¨¢s fuerte que nunca, han apostado por la carta del miedo, con el fin de atemorizar a la poblaci¨®n civil y lograr as¨ª disuadir de actuar a quienes se niegan a renunciar a su derecho de manifestaci¨®n y asociaci¨®n. La junta est¨¢ decidida a eliminar todo lo que huela a amenaza para el Gobierno, y su l¨ªder militar, Min Aung Hlaing, anunci¨® el lunes que el estado de emergencia se alargar¨¢ hasta febrero de 2024, seis meses m¨¢s de lo previsto.

El aumento de la represi¨®n, no obstante, ha tenido un efecto bumer¨¢n. La oposici¨®n ha demostrado ser implacable y tenaz, capaz de reforzarse y adaptarse. Lo que comenzaron siendo unas manifestaciones masivas, y evolucionaron a huelgas de la actividad y de silencio, se han convertido ahora en un movimiento de desobediencia civil con el objetivo de derrocar a los golpistas a toda costa.

El Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, aunque ha condenado un¨¢nimemente las ejecuciones y ha pedido el fin de la violencia, no ha implementado medidas significativas. Los gobiernos democr¨¢ticos, incluidos los de la Uni¨®n Europea y el Quad (Estados Unidos, Australia, India y Jap¨®n), se han limitado a escudarse en la centralidad de la ASEAN (Asociaci¨®n de Naciones del Sudeste Asi¨¢tico) para justificar su propia inacci¨®n. La falta de voluntad pol¨ªtica para aislar financieramente a la junta y a sus dirigentes est¨¢ empujando a muchos activistas de la resistencia no violenta a la armada. Organizaciones pro derechos humanos piden que se apruebe una resoluci¨®n con sanciones econ¨®micas espec¨ªficas y m¨¢s duras, un embargo de armas, as¨ª como remitir el caso al Tribunal Penal Internacional. La pasividad en este caso rima con la permisividad ante la brutalidad del ej¨¦rcito de la antigua Birmania.