Con las v¨ªctimas

Los atentados yihadistas que hoy hace cinco a?os sembraron el terror en la Rambla de Barcelona y en el paseo mar¨ªtimo de Cambrils (Tarragona) siguen siendo uno de los mayores retos que ha debido de afrontar la democracia espa?ola. A la crudeza de los acontecimientos, con 16 fallecidos v¨ªctimas del ataque de una c¨¦lula terrorista, se le sum¨® el hecho de que los responsables del atentado eran j¨®venes crecidos y educados en Espa?a, sin apenas relaci¨®n con el perfil de terrorista islamista que muchos ten¨ªan en la cabeza.

Hoy, cinco a?os despu¨¦s, las cicatrices del atentado est¨¢n lejos de haberse cerrado. En parte porque la tragedia, ocurrida el 17 de agosto de 2017, acab¨® quedando subsumida dentro del ca¨®tico ruido pol¨ªtico de la movilizaci¨®n independentista en su momento ¨¢lgido, que desemboc¨® en el refer¨¦ndum ilegal del 1 de octubre y el posterior encarcelamiento y huida de los miembros del Gobierno de la Generalitat. Pese a la actuaci¨®n decidida de las fuerzas de seguridad del Estado y de algunos dispersos apoyos de la ciudadan¨ªa a las v¨ªctimas, la dignidad de estas dista de estar resarcida.

La sentencia contra los tres acusados vivos de la c¨¦lula terrorista, conocida el a?o pasado, establece penas de prisi¨®n de 8 a 53 a?os, e Interior cifra en 355 las personas que se vieron afectadas por los atentados, la mayor parte de ellas v¨ªctimas de estr¨¦s postraum¨¢tico. Hasta ahora, 216 han solicitado alg¨²n tipo de indemnizaci¨®n y 130 han conseguido su objetivo. Todav¨ªa quedan algunas pendientes de resoluci¨®n. La misma sentencia de la Audiencia Nacional del a?o pasado denuncia que las v¨ªctimas fueron ¡°las grandes olvidadas¡± durante la investigaci¨®n de los ataques. Reprocha al juzgado que la pieza separada que abri¨® sobre ellas careci¨® de sistematizaci¨®n, lo que impidi¨® conocer el verdadero n¨²mero de personas lesionadas. El problema de los afectados radica en que no han estado en el centro del debate pol¨ªtico y la acci¨®n institucional posterior a los atentados. Y no es la primera vez que algo as¨ª ocurre en Espa?a. Basta con recordar la crispaci¨®n pol¨ªtica y medi¨¢tica que se gener¨® tras los atentados del 11 de marzo de 2004 en Madrid.

Revictimizadas en muchos casos en la espiral de enfrentamiento pol¨ªtico que rode¨® los atentados por las acusaciones de la Generalitat y de parte del independentismo sobre una fantasiosa y nunca acreditada inacci¨®n del Centro Nacional de Inteligencia, las personas afectadas por los atentados han tenido verdaderas dificultades para hacer o¨ªr su voz y reivindicar sus derechos. Hay ejemplos concretos de ello muy patentes. El mosso que abati¨® a cuatro de los terroristas en Cambrils ha obtenido tras largas penalidades burocr¨¢ticas el reconocimiento oficial de la incapacidad permanente por las secuelas de aquel episodio, y ha tardado la friolera de cuatro a?os y medio en ver reconocida por fin su labor con la m¨¢xima distinci¨®n honor¨ªfica de los Mossos. Hasta entonces, la apat¨ªa institucional y las cr¨ªticas a su admirable comportamiento, incluso por parte de partidos claves en la gobernabilidad de Catalu?a, fueron la t¨®nica dominante.

La sociedad espa?ola no puede permitirse que las v¨ªctimas del terrorismo queden desplazadas o marginadas del centro de la acci¨®n pol¨ªtica e institucional despu¨¦s de un atentado. M¨¢s all¨¢ de lo que dicta la ley, instituciones, partidos y sociedad civil deben trabajar en la misma direcci¨®n para garantizar que en el futuro las v¨ªctimas de una eventual acci¨®n terrorista queden a salvo de debates sectarios y enfrentamientos que solo conducen al envilecimiento civil de nuestras sociedades.