Coca¨ªna, autoritarismo y ataques a abogados en Latinoam¨¦rica

La demanda internacional de coca¨ªna, que creci¨® de 10 a 21 millones de usuarios en la ¨²ltima d¨¦cada, el aumento exponencialmente de la explotaci¨®n ilegal del oro a 1.700 d¨®lares la onza, y la explotaci¨®n forestal insaciable del bosque amaz¨®nico. Son solo tres ingredientes que han puesto a defensores del medio ambiente, muchos de ellos abogados, en la l¨ªnea de mira del crimen en varios pa¨ªses de Am¨¦rica Latina.

Hay un tel¨®n de fondo, m¨¢s all¨¢ de esta especificidad. Una preocupante tendencia global de pr¨¢cticas que menoscaban, limitan, restringen u obstaculizan el ejercicio de las funciones de la abogac¨ªa. Como Relator de la ONU sobre independencia de jueces y abogados, present¨¦ en junio al Consejo de Derechos Humanos en Ginebra un informe sobre la cr¨ªtica situaci¨®n de ataques a la funci¨®n de la abogac¨ªa en diferentes pa¨ªses.

Entre 2010 y 2020, m¨¢s de 2.500 abogados han sido asesinados, detenidos o secuestrados en diferentes regiones del mundo. Esto cubre un amplio rango que va desde homicidios, enjuiciamientos e interferencias en la independencia de la profesi¨®n.

Estas afectaciones golpean a la sociedad toda y sus derechos. Una abogac¨ªa libre y accesible es esencial para acceder a la justicia, fiscalizar al poder p¨²blico, proteger el debido proceso y las garant¨ªas judiciales. Trat¨¢ndose de derechos fundamentales, los Estados est¨¢n obligados a garantizar que quienes ejerzan la abogac¨ªa puedan hacerlo libres de intimidaci¨®n, obst¨¢culos, acosos o interferencias.

Obligaci¨®n que se encuentra establecida en varios tratados e instrumentos internacionales, tanto globales como regionales. Entre ellos se encuentra el de Principios B¨¢sicos sobre la Funci¨®n de los Abogados adoptado en Naciones Unidas hace 32 a?os (1990). All¨ª se establece, entre otras cosas, que los Estados deben garantizar que los abogados ¡°puedan desempe?ar todas sus funciones profesionales sin intimidaciones, obst¨¢culos, acosos o interferencias indebidas¡±.

Este panorama se muestra mucho m¨¢s cr¨ªtico cuando la actividad abogadil se orienta a la defensa de los derechos humanos, la lucha contra la corrupci¨®n y, de manera creciente, quienes batallan legalmente por la protecci¨®n del medio ambiente contra toda suerte de depredadores.

En efecto, en el informe que present¨¦ a la ONU en junio, y que es documento oficial de la organizaci¨®n, se da cuenta de que asociaciones internacionales de abogados, como el respetado Consejo de Colegios de Abogados de Europa (CCBE), han denunciado graves situaciones de acoso a defensores de derechos humanos dentro de la profesi¨®n legal.

Entre 2015 y 2020 se han computado 1.323 asesinatos de defensores de derechos humanos, varios de ellos abogados. Cuatro personas defensoras del medio ambiente son asesinadas cada semana en el mundo.

Am¨¦rica Latina es la regi¨®n m¨¢s afectada, siendo los defensores relacionados con el medio ambiente las principales v¨ªctimas. Un informe de Global Witness revela que tres cuartas partes de los ataques letales registrados contra activistas ambientales suceden en Am¨¦rica Latina. Colombia figura como el pa¨ªs m¨¢s afectado del mundo.

Asesinados por el narcotr¨¢fico que busca apropiarse de tierras ind¨ªgenas para sembrar m¨¢s coca; o por la miner¨ªa ilegal del oro; o para la tala indiscriminada. Todo sin que los Estados atinen a poner en marcha las adecuadas medidas para garantizar el ejercicio de la profesi¨®n legal en ese entorno de violencia y ataques que es tambi¨¦n de impunidad. Esta es nuestra realidad.

Un panorama as¨ª de dantesco requiere, dentro de cada pa¨ªs, de estrategias y medidas eficaces de prevenci¨®n, as¨ª como de persecuci¨®n del delito en un panorama en el que reina la impunidad.

En el ¨¢mbito regional se cuenta con un fant¨¢stico tratado, el Acuerdo de Escaz¨², el primer tratado ambiental de Am¨¦rica Latina y el Caribe que entr¨® en vigencia en abril del a?o pasado. Hay que saludar que los -nuevos- Senados de Chile y Colombia lo ratificaron recientemente. En Sudam¨¦rica y, particularmente, la cuenca amaz¨®nica, ¡°brilla¡± la cuestionada omisi¨®n de Brasil y Per¨² de hacerse parte del tratado.

En el primer caso, se podr¨ªa explicar por la pol¨ªtica de Bolsonaro de ponerse de perfil frente a la brutal deforestaci¨®n, que se aceler¨® durante su gobierno. En el del Per¨², en parte por la crisis pol¨ªtica y por el papel de un ef¨ªmero canciller abiertamente opuesto al Acuerdo, al haber recogido los discursos m¨¢s cavernarios existentes en el mercado contra el derecho internacional. En este ¨²ltimo caso sin duda podr¨ªan venir tiempos mejores al estar la canciller¨ªa otra vez en mejores manos.

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