La coartada de la sedici¨®n

En un seminario organizado por FAES, aquel magistrado reaccionario de la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo plante¨® el siguiente escenario: en un pleno de un Parlamento auton¨®mico la mayor¨ªa de los diputados proclama la secesi¨®n del territorio espa?ol tras una votaci¨®n, erigi¨¦ndose la regi¨®n en Estado independiente. El ponente del seminario era el jurista Adolfo Prego, fech¨® la ponencia Derecho penal y defensa del ordenamiento constitucional el 31 de marzo de 2008 y se discuti¨® dos d¨ªas despu¨¦s con otros jueces y abogados.

Para empezar, Prego aclaraba que dicha proclamaci¨®n no podr¨ªa hacerse efectiva: la secesi¨®n estaba destinada al fracaso constitucional. Pero lo que profetizaba era algo previo, anterior al intento de materializaci¨®n de esa independencia. Se refer¨ªa, simplemente, a una proclamaci¨®n tras una votaci¨®n parlamentaria. ¡°Un incidente grav¨ªsimo en la estabilidad pol¨ªtica espa?ola y el mayor reto que pudiera sufrir el orden constitucional y el Estado de derecho¡±. A pesar de esa gravedad, ante un escenario como el que hab¨ªa imaginado, advert¨ªa de que el C¨®digo Penal no daba respuestas para castigar a quienes realizasen esa proclamaci¨®n. ¡°Nadie cometer¨ªa ning¨²n crimen si oficialmente proclamara en el bolet¨ªn oficial de una comunidad aut¨®noma su independencia y separaci¨®n de Espa?a. Sin perjuicio de su ineficacia constitucional, no ser¨ªa un comportamiento criminal¡±.

Seg¨²n ¨¦l, la proclamaci¨®n de la secesi¨®n en el Parlamento auton¨®mico no ser¨ªa un delito de traici¨®n ni de rebeli¨®n ni tampoco de sedici¨®n. No era una rebeli¨®n porque no se habr¨ªa producido un alzamiento violento. Tampoco ser¨ªa un caso de traici¨®n, seg¨²n argument¨®, porque las modalidades de ese delito descansan en la hip¨®tesis de un conflicto b¨¦lico entre Espa?a y una potencia extranjera. ?Sedici¨®n? Pues seg¨²n el magistrado conservador, tampoco. ¡°Este es un concepto conectado con movimientos de masas que se desbordan en algarada callejera y tiene relaci¨®n con la idea de mot¨ªn, en el que se quebranta el orden p¨²blico, pero no necesariamente el orden constitucional¡±. El C¨®digo Penal, por tanto, no podr¨ªa responder a una situaci¨®n como la que se produjo en octubre de 2017 en Catalu?a.

Entonces, el fiscal general del Estado, adem¨¢s de por malversaci¨®n, se querell¨® contra los l¨ªderes independentistas por rebeli¨®n, lo que tuvo inmediatas consecuencias para los acusados incluso antes de ser juzgados, y tambi¨¦n se querell¨® por sedici¨®n. Ninguno de los dos tipos encajaba claramente con los hechos que ocurrieron durante esas semanas de nefasta revuelta institucional, afirmaba el viernes Ignacio Varela, de manera que el Tribunal Supremo tuvo que realizar ¡°un admirable ejercicio de creatividad conceptual¡± para condenar al Gobierno de la Generalitat y a los l¨ªderes sociales tras m¨¢s de dos a?os de prisi¨®n preventiva. La iron¨ªa del veterano Varela desvela uno de los ¨¢ngulos muertos de la respuesta judicial y ejecutiva que se dio a una crisis constitucional que iba ensanch¨¢ndose a la vista de todos. Mariano Rajoy y su Gobierno la gestionaron p¨¦simamente, activando primero las cloacas desde el Ministerio del Interior y luego en funci¨®n de las batallas intestinas entre Soraya S¨¢enz de Santamar¨ªa y Mar¨ªa Dolores de Cospedal (como demuestra con brillantez El muro, de Lola Garc¨ªa).

Pero a pesar de la gesti¨®n catastr¨®fica de su partido, la posible reforma del delito de sedici¨®n ha sido la coartada que Alberto N¨²?ez Feij¨®o ha encontrado para volver a bloquear la renovaci¨®n del CGPJ. ?Incentivos? Aparece como el garante de una unidad nacional que hoy nadie amenaza m¨¢s all¨¢ de las palabras gastadas al precio de seguir desgastando al poder judicial del Estado sin que se note el cuidado. Bien es cierto que el Ejecutivo ha pospuesto meses y meses la discusi¨®n sobre la reforma del delito y ahora parece una concesi¨®n de urgencia a Esquerra Republicana para aprobar los Presupuestos. Posponer los debates no resuelve los problemas. Incluso peor. Inutiliza al legislativo. Lo cierto es que, hace dos a?os y medio, el entonces ministro de Justicia, Juan Carlos Campo, constituy¨® una comisi¨®n de juristas para estudiar el delito y proponer la disminuci¨®n de la condena asociada o su modificaci¨®n. Una oportunidad para adecuar la sedici¨®n a la realidad y consensuar soluciones a la crisis constitucional. Otra oportunidad perdida.