Ayudar a los hipotecados

El Gobierno y las patronales bancarias han pactado esta semana una bater¨ªa de medidas para tratar de aliviar la presi¨®n financiera que sufren los clientes hipotecarios como consecuencia del encarecimiento del eur¨ªbor. En un entorno de subidas generalizadas de precios, esa formidable subida de los intereses ha obligado al Gobierno a facilitar un alivio para los hipotecados en situaci¨®n m¨¢s vulnerable y para quienes est¨¢n en riesgo de serlo: la cuota hipotecaria bajar¨¢ hasta un 50%, seg¨²n los c¨¢lculos del Ejecutivo, para las familias con ingresos de hasta 29.000 euros. Unidas Podemos reclamaba un umbral de renta m¨¢s ambicioso. En esa misma l¨ªnea, tanto las asociaciones de consumidores como los sindicatos critican por insuficientes las medidas acordadas. Pero el Gobierno y la banca buscaban un cierto equilibrio entre esa imprescindible ayuda, que contrasta con las malas pr¨¢cticas del sector durante la Gran Crisis de hace 10 a?os, y la salud financiera de la banca espa?ola, un sector crucial para la econom¨ªa espa?ola en su conjunto.

El Ejecutivo y las entidades, con el pl¨¢cet del Banco de Espa?a, han optado finalmente por un t¨¦rmino medio que permita paliar el efecto de la subida de tipos en las familias m¨¢s vulnerables sin castigar demasiado las cuentas de la banca, que los mercados miran con lupa. El gran caballo de batalla ha sido desde el inicio d¨®nde fijar el umbral para establecer el n¨²mero de beneficiarios: medidas m¨¢s ambiciosas obligar¨ªan al sector bancario a elevar la cuant¨ªa de las provisiones adicionales. Para suavizar el impacto del plan, el Gobierno ha decidido que las medidas que afectan a las rentas de hasta 29.400 euros tengan car¨¢cter temporal (para los a?os 2023 y 2024), y que esos pr¨¦stamos sean considerados de vigilancia especial, no como dudosos (eso exigir¨ªa mayores dotaciones). A la postre, este tipo de acciones juega tambi¨¦n en favor de los bancos: reduce la morosidad y finalmente los desahucios, uno de los agujeros negros de la crisis anterior.

El decreto publicado este mi¨¦rcoles en el BOE recoge tres tipos de medidas. La actualizaci¨®n del vigente C¨®digo de Buenas Pr¨¢cticas del sector financiero ¡ªaprobado en 2012 y de car¨¢cter voluntario, pero a su vez obligatorio para los bancos que lo firman¡ª abre la posibilidad de que las familias vulnerables puedan solicitar la reestructuraci¨®n de sus pr¨¦stamos hipotecarios en determinadas condiciones. Podr¨¢n hacerlo las familias con una renta de hasta 25.200 euros y cuya tasa de esfuerzo les obligue a destinar m¨¢s del 50% de su renta al pago de la hipoteca, que tendr¨¢n un periodo de carencia de cinco a?os. Otras medidas son de car¨¢cter temporal: las rentas medias podr¨¢n congelar las cuotas durante un a?o. Y finalmente las hay de car¨¢cter general, concebidas para eliminar durante 2023 las comisiones que cobran los bancos por amortizar parte del pr¨¦stamo o cambiar hipotecas contratadas a tipo variable a hipotecas de tipo fijo.

Varios de los bancos ¡ªcomo CaixaBank, en el que el Estado controla un 16% a trav¨¦s del FROB¡ª han manifestado ya su voluntad de adherirse. Los desahucios, las cl¨¢usulas abusivas y las sucesivas condenas de la justicia europea generaron un enorme desgaste a la banca hace unos a?os. El sector parece haber aprendido la lecci¨®n, en paralelo a la mejora en los ratios de capital y con una tasa de morosidad que sigue hoy por debajo del 4%. En ese contexto, el denominado escudo social se extiende as¨ª a las finanzas: hasta un mill¨®n de hipotecados, casi uno de cada cuatro, pueden verse beneficiados esta vez ante el impacto de un eur¨ªbor que ha subido 300 puntos b¨¢sicos en los ¨²ltimos meses. Las cuotas hipotecarias han llegado a incrementarse un 50% en algunos casos. Esta iniciativa dar¨¢ cierto respiro a cientos de miles de familias.