Una catarata legislativa

El Parlamento vivi¨® el viernes una fren¨¦tica concentraci¨®n de propuestas legislativas que afectan a elementos centrales de la arquitectura democr¨¢tica espa?ola. No todas tienen la misma justificaci¨®n y casi ninguna deber¨ªa tramitarse con semejante rapidez: obedecen a la voluntad del Gobierno de dejar despejado el inicio de un a?o intensamente electoral. La tramitaci¨®n parlamentaria de la propuesta de ley conjunta del PSOE y Unidas Podemos para suprimir el delito de sedici¨®n, y cambiarlo por otro de des¨®rdenes p¨²blicos agravados (con una pena mucho m¨¢s peque?a), ha sido la percha que el Gobierno ha encontrado para otras enmiendas que nada tienen que ver con ella. Son la reforma del delito de malversaci¨®n de fondos p¨²blicos que promueve una enmienda de ERC para rebajar sus penas, la creaci¨®n de otros tipos penales para luchar contra la corrupci¨®n (enriquecimiento il¨ªcito) o para terminar con la impunidad de las empresas que incumplen la normativa laboral sobre contrataci¨®n. Bajo ese paraguas ha metido tambi¨¦n el Gobierno la reforma del m¨¦todo de elecci¨®n de los candidatos del CGPJ a renovar el Constitucional.

Todas esas enmiendas se presentaron el viernes, se discutir¨¢n el lunes 12 y el martes 13 en ponencia y comisi¨®n, y se aprobar¨¢n el jueves 15 en pleno. Es muy dif¨ªcil encontrar en nuestra historia parlamentaria reciente unos cambios legales tan relevantes hechos en tan poco tiempo y sin los informes preceptivos aunque no vinculantes del Consejo General del Poder Judicial y del Consejo de Estado. El C¨®digo Penal necesita reformas, pero tan importante como hacerlas es suscitar el debate correspondiente, implicar a todos los agentes jur¨ªdicos y pol¨ªticos, y elaborarlas con vocaci¨®n de permanencia en el tiempo, producto de su impecable calidad t¨¦cnica y del mayor consenso posible. Nada de esto va a ocurrir en la tramitaci¨®n de estas enmiendas, por m¨¢s que hablar de consenso hoy conduzca a la melancol¨ªa.

La precipitaci¨®n del Gobierno delata la necesidad de compensar la enmienda m¨¢s discutible ¡ªla de malversaci¨®n¡ª con otras medidas como la tipificaci¨®n del delito de enriquecimiento il¨ªcito y no justificado en el ejercicio de cargo p¨²blico. Que el ordenamiento jur¨ªdico espa?ol incluya por fin un tipo penal que la Fiscal¨ªa Anticorrupci¨®n ha reivindicado en numerosas ocasiones equipara sin duda, esta vez s¨ª, a la legislaci¨®n espa?ola con la de otros pa¨ªses europeos. El problema es que se perciba como una ocurrencia de ¨²ltima hora para evitar el desgaste que pueda acarrear la reforma de la malversaci¨®n.

La propuesta de ERC tipifica la malversaci¨®n sin lucro como aquella que afecta a la autoridad o funcionario que destinara a usos particulares, y sin ¨¢nimo de apropi¨¢rselo personalmente, el patrimonio p¨²blico puesto a su cargo. Las penas previstas por la reforma ser¨ªan de seis meses a tres a?os (frente a la horquilla actual que va de dos a ocho a?os de c¨¢rcel). Si prospera este criterio, el Congreso habr¨¢ despenalizado de facto el uso de fondos p¨²blicos para un refer¨¦ndum ilegal cuyo objetivo era la ruptura de Catalu?a con Espa?a, algo imposible de explicar. Esquerra tiene a numerosos dirigentes y cuadros medios condenados o procesados por malversaci¨®n por sus actuaciones en el refer¨¦ndum ilegal del 1 de octubre de 2017 y esta enmienda va dirigida a ellos. La normalizaci¨®n pol¨ªtica de Catalu?a es un objetivo loable y valiente pero no a cualquier precio en el C¨®digo Penal y sin calibrar bien todos los efectos indeseados de la reforma de un delito central en la lucha contra la corrupci¨®n. Habr¨¢ que esperar al contenido exacto de la enmienda transaccional que anuncian PSOE y UP y que este domingo avanza este peri¨®dico.