Jueves negro para la democracia espa?ola

Como datos meteorol¨®gicos que rompen sus propios r¨¦cords desde que hay registro, el pasado d¨ªa 15 la temperatura pol¨ªtica de nuestro pa¨ªs alcanz¨® niveles no recordados desde que ech¨® andar nuestra democracia: una jornada aciaga, un jueves negro. Un par de jornadas m¨¢s como esta y estaremos hablando de descomposici¨®n de nuestro r¨¦gimen constitucional. Hace cuatro d¨ªas, esto hubiera sonado a injustificado alarmismo. Hoy, en cambio, hay aut¨¦ntica alarma ante la aceleraci¨®n de la crisis de nuestras instituciones.

En estas circunstancias, lo primero es saber c¨®mo hemos llegado hasta aqu¨ª, pues solo el conocimiento de lo que nos ha pasado puede permitirnos enderezar la situaci¨®n. No se trata de rastrear el origen ¨²ltimo de todos los males que hoy nos acechan. Basta centrarse en lo m¨¢s reciente, es decir, en la cuesti¨®n de la provisi¨®n de la renovaci¨®n de los ¨®rganos constitucionales.

En el origen de esta dimensi¨®n de la crisis constitucional en la que nos hallamos se sit¨²a una de las convicciones peor fundadas que conozco: la de que los 88 diputados del Partido Popular en el Congreso tienen sin m¨¢s la capacidad, por s¨ª mismos y sin ayuda de nadie, de bloquear la elecci¨®n de 10 vocales del Consejo General del Poder Judicial por parte de una C¨¢mara integrada por 350 diputados. Una irresponsabilidad de este calibre no est¨¢ en las solas manos de ese grupo parlamentario. Y est¨¢ lleno de interrogantes lo que puedan ganar otros grupos parlamentarios al sumarse a un comportamiento prima facie tan ajeno a la lealtad constitucional como ser¨ªa el decidido prop¨®sito de hacer fracasar cualquier debate en el seno de la C¨¢mara que pudiera conducir a un acuerdo en torno a 10 nombres. Pero la cuesti¨®n es esta: los pron¨®sticos m¨¢s o menos fundados que puedan hacerse respecto del ¨¦xito o el fracaso de un proceso de designaci¨®n son independientes del inexcusable deber de ponerlo en marcha por parte de la presidencia y Mesa de la C¨¢mara.

Cierto es que las cosas son m¨¢s complicadas en la otra C¨¢mara, pero tambi¨¦n es cierto que esa mayor dificultad no impide la entrada en plenitud de funciones de la mitad del Consejo as¨ª renovada (art¨ªculo 570 de la Ley Org¨¢nica del Poder Judicial). En el fondo de todo esto se encuentran unos h¨¢bitos mentales de los dos grandes partidos acostumbrados a distribuirse la composici¨®n del Consejo, descartando de entrada cualquier hip¨®tesis distinta a la del tradicional acuerdo entre ambos. Y unos usos parlamentarios que reducen la actividad parlamentaria a la estricta emisi¨®n de un voto de sentido preestablecido (v¨¦ase los art¨ªculos de Manuela Carmena en EL PA?S de 28 de octubre de 2020 y de 2 de noviembre de este a?o, exhortando repetidamente a dar una oportunidad a la din¨¢mica parlamentaria, sin el menor eco).

Dicho todo lo anterior, es irrefutable que, en el terreno de los hechos, el Partido Popular ha estado en situaci¨®n de impedir, como de hecho ha impedido, la renovaci¨®n del Consejo General del Poder Judicial con consecuencias delet¨¦reas: a partir de ese bloqueo de la renovaci¨®n del Consejo, se han venido sucediendo atropelladas reformas en nuestras leyes org¨¢nicas. As¨ª, se han cercenado facultades del Consejo directamente derivadas de la Constituci¨®n, cual es la provisi¨®n de dos puestos en el Tribunal Constitucional. Entretanto, el Tribunal Constitucional, reclamado su veredicto al efecto, ha optado por no dar prioridad al asunto. Con la consecuencia, cuando el tiempo se echa encima, de una posterior devoluci¨®n al Consejo de esa espec¨ªfica competencia de nombramiento. Y la consecuencia, a su vez, de m¨¢s legislaci¨®n org¨¢nica, imponiendo la tramitaci¨®n de los referidos nombramientos en plazos que las C¨¢maras ni piensan en aplicarse a s¨ª mismas. Con el resultado, finalmente, de una exasperante reacci¨®n de arrastre de pies por parte de una fracci¨®n del Consejo. Y as¨ª hasta llegar a unas apresuradas enmiendas en curso que pretenden acabar con la actual situaci¨®n de impasse, incursas sin embargo en problemas de constitucionalidad.

En paralelo, se ha instalado la para m¨ª extra?a noci¨®n de que el constituyente configur¨® la ordenaci¨®n de la renovaci¨®n del Tribunal Constitucional sobre la base de unos ¡°tercios¡± imaginados como entelequias respecto de los que cualquier ruptura ser¨ªa anatema. Lo que se traduce a efectos pr¨¢cticos en que, mientras no haya designaci¨®n por el Consejo del Poder Judicial de los dos puestos en el Tribunal Constitucional cuya provisi¨®n les corresponde, la de los dos puestos encomendados al Gobierno queda congelada. Cuando la realidad es que ese tercer tercio integrado en la cadencia de renovaci¨®n del ¨®rgano, a diferencia de los otros dos, ya est¨¢ dividido por la propia voluntad del constituyente, al confiar cada grupo de dos a un ¨®rgano constitucional distinto, ambos plenamente aut¨®nomos el uno del otro en el desempe?o de sus respectivas funciones. La referida noci¨®n ha calado sin embargo lo suficiente como para que el Gobierno no se haya decidido a proveer a la parte de la renovaci¨®n a la que est¨¢ obligado sino de forma tard¨ªa, con el a?adido de la introducci¨®n de innecesarios elementos de pol¨¦mica en lo que al contenido de su opci¨®n se refiere.

En esencia es as¨ª como hemos llegado a esto, es decir, a la formaci¨®n de un nudo gordiano que el Gobierno, con su mayor¨ªa parlamentaria, resuelve cortar de la expeditiva y desacertada manera por todos conocida. El ¨²ltimo episodio, por el momento, es la reacci¨®n del Partido Popular recurriendo en amparo al Tribunal Constitucional, inst¨¢ndole a la adopci¨®n de medidas cautelares inaudita parte, dirigidas a una ins¨®lita paralizaci¨®n inmediata del proceso legislativo en curso. No debo decir m¨¢s en este ¨²ltimo punto por lealtad a un ¨®rgano al que tuve el honor de servir en ¨¦pocas pasadas.

As¨ª nos encontramos, todav¨ªa en medio de la galerna. Sea como sea, se plantea la cuesti¨®n de c¨®mo salir de esto. Lo m¨¢s urgente es interrumpir la alarmante escalada de violencia verbal. Igual de urgente es poner fin al solipsismo de unos partidos que parecen comportarse como son¨¢mbulos. Es obligado un urgente llamamiento a la responsabilidad por parte de todos los actores p¨²blicos. Ahora bien, en atenci¨®n a su condici¨®n de pieza clave en un sistema con rasgos de presidencialismo, creo que son momentos en los que el presidente del Gobierno debe mostrarse como hombre de Estado. Puede que esto con alg¨²n coste inmediato: pero la poblaci¨®n sabr¨¢ agradec¨¦rselo.

Por fin, y para el peor de los escenarios, se est¨¢n oyendo voces recordando la misi¨®n del Rey de arbitrio en el ¡°funcionamiento regular de las instituciones¡±. Ahora bien, es urgente advertir que estamos invocando un ¨²ltimo cartucho que no podemos permitirnos quemar sin ¨¦xito. Como quiera que sea, estimo que la mediaci¨®n real idealmente no deber¨ªa activarse sino por la v¨ªa de un mediador regio que, a diferencia de lo que ocurre en otras monarqu¨ªas parlamentarias, hoy por hoy no existe. Y desde luego cualquier intervenci¨®n del Rey convendr¨ªa que tuviera lugar, no por propia iniciativa, sino a instancia de unas partes dispuestas a poner fin a la actual deriva de nuestra vida p¨²blica. Lo crucial es que ese peor de los escenarios no se materialice.