D¨ªas de furia en el Congreso

Las buenas formas han desaparecido m¨¢s que nunca del Congreso, donde cada d¨ªa son m¨¢s frecuentes los insultos, provocaciones y descalificaciones infamantes, con la violencia de g¨¦nero, ETA o Catalu?a como trasfondo. Tambi¨¦n a ra¨ªz de la controversia de estos d¨ªas, acerca de una de las cuestiones capitales en nuestro Estado constitucional contempor¨¢neo: la relaci¨®n entre la representaci¨®n popular y la justicia constitucional. Pero esa es otra cuesti¨®n. Sea como fuere, esa falta de decoro no solo mina el prestigio de la instituci¨®n, sino tambi¨¦n de la pol¨ªtica, una de las actividades que goza de menor estima y cr¨¦dito social. Pero no es producto de la mala educaci¨®n de sus se?or¨ªas, pues incluso algunas alardean de su superioridad moral e intelectual, sino una manifestaci¨®n m¨¢s de la extrema polarizaci¨®n social y de la emergencia de la ultraderecha de Vox. Desde entonces lleva vociferando exabruptos de todo tipo, y especialmente insultos machistas, mucho antes de acusar vergonzosamente a Irene Montero de liberar violadores o de reducir sus m¨¦ritos de forma hiriente.

Pero me temo que esa proverbial violencia verbal de cu?o trumpista, lejos de atemperarse, y a medida que los resultados electorales y las encuestas no le son propicias a Vox, o se apagan sus focos para encender los de Alberto N¨²?ez Feij¨®o, va a ir aumentando de decibelios. No en vano, la indulgente rega?ina de la presidenta de la C¨¢mara, Meritxell Batet, llev¨® a Santiago Abascal a calificarla, de forma desafiante, de sectaria, de asalto a las instituciones por parte del Gobierno y de culminaci¨®n del proceso deconstituyente de Espa?a. Ni m¨¢s ni menos. Pero no es menos inquietante la actitud del PP, que hace unos d¨ªas acus¨® al PSOE de ceder ante los que ¡°volaron la caserna de la Guardia Civil¡±, por acordar con Bildu la transferencia del control del tr¨¢fico a Navarra, algo de lo que ya disponen el resto de comunidades aut¨®nomas con polic¨ªa propia. O cuando condena los insultos de Vox con la boca peque?a, acusando a Podemos de sembrar el clima necesario. Y es que una de las constantes de las derechas en esta legislatura ha sido la de presentar al Gobierno como ileg¨ªtimo, usurpador del poder y colaborador de comunistas, filoetarras o golpistas. Y por ello mismo renunciando a cualquier pacto, aun a costa de incumplir la ley, como sucede con el bloqueo del Consejo General del Poder Judicial. Cuesti¨®n esta, por cierto, que mereci¨® reproches de golpismo, esta vez propulsados de derecha a izquierda del hemiciclo del Congreso, ante la posibilidad de que el Constitucional suspendiese el tr¨¢mite de una ley en las Cortes a petici¨®n del PP.

Este clima no es inocuo, por supuesto. Puede contribuir a enrarecer la convivencia. En Washington se pas¨® del paroxismo verbal a las manos dentro del Capitolio. El propio Santiago Abascal ha amenazado con llevar la particular cruzada por su libertad de expresi¨®n a la calle. Los discursos de algunos corifeos de la derecha medi¨¢tica son el huevo de la serpiente que legitima a diario delitos de odio en las redes. Ahora bien, ?es suficiente la exigencia de autocontenci¨®n de la presidenta Batet, cuando de lo que se trata es de adecuar las conductas de sus se?or¨ªas al debido respeto al orden, la cortes¨ªa y la disciplina parlamentarias? ?Es necesaria m¨¢s regulaci¨®n o hay que proceder al aislamiento pol¨ªtico y a los cordones sanitarios?

Estamos en un terreno muy l¨¢bil, donde juegan derechos fundamentales como la participaci¨®n pol¨ªtica y la libertad de expresi¨®n. El Tribunal Constitucional (TC), y en parecido sentido el Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH), ha caracterizado la libertad de expresi¨®n, especialmente en la esfera pol¨ªtica, tambi¨¦n como la emisi¨®n de juicios de valor y de cr¨ªtica de la conducta de otros, aun cuando la misma sea desabrida y pueda disgustar, pues as¨ª lo requieren el pluralismo, la tolerancia y el esp¨ªritu de apertura en una sociedad democr¨¢tica. En ese amplio marco, quedan amparadas incluso aquellas manifestaciones que, aunque afecten al honor ajeno, se revelen como necesarias para la exposici¨®n de ideas u opiniones de inter¨¦s p¨²blico. Porque el ciudadano ha de poderse formar libremente sus opiniones y participar de modo responsable en los asuntos p¨²blicos, ponderando opiniones diversas e incluso contrapuestas.

Con todo, la Constituci¨®n no reconoce en modo alguno un pretendido derecho al insulto; no cabe utilizar expresiones formalmente injuriosas. Est¨¢n proscritas aquellas expresiones que, dadas las circunstancias del caso, y al margen de su veracidad o no, sean ofensivas u oprobiosas y resulten impertinentes para expresar las opiniones o informaciones de que se trate. Y es por lo que el ejercicio de la libertad de expresi¨®n se somete en general a ciertos deberes, restricciones y sanciones. Tambi¨¦n en el ¨¢mbito parlamentario, donde por cierto la prerrogativa de la inviolabilidad no cubre cualquier actuaci¨®n. Entre esos deberes est¨¢n el de respetar el orden, la cortes¨ªa y la disciplina parlamentaria, como hace el art¨ªculo 16 del Reglamento del Congreso.

As¨ª pues, la Presidencia puede ejercer todos los poderes administrativos y facultades de polic¨ªa ante los parlamentarios que incumplen tales deberes disciplinarios, se extralimitan en el ejercicio de sus funciones o realizan actividades que no son requeridas para el normal desenvolvimiento de sus funciones. Los parlamentarios pueden ser llamados al orden cuando profieran palabras ofensivas o contrarias al decoro de la C¨¢mara o de sus miembros, de las instituciones o de cualquier otra persona o entidad. Y puede exig¨ªrseles que no se aparten de la cuesti¨®n, retirarles la palabra e incluso ser expulsados de la sesi¨®n, que incluso podr¨ªa detenerse si es necesario.

Con todo, tanto el Reglamento como el C¨®digo de conducta, que en este ¨²ltimo caso trata sobre todo de los posibles conflictos de intereses, tiene margen para incluir deberes y sanciones m¨¢s concretas para conseguir que los parlamentarios se conduzcan de forma respetuosa y ejemplar, de acuerdo con el principio de igualdad sin discriminaci¨®n por raz¨®n de g¨¦nero, orientaci¨®n sexual, creencias, ideolog¨ªa, origen o condici¨®n social, etnia, lengua o cualquier otra, y para velar por la utilizaci¨®n de un lenguaje adecuado, as¨ª como un sistema de relaci¨®n fundado en la interacci¨®n constructiva, cordial y dialogante con todas las personas y todos los colectivos sin exclusi¨®n. Se trata, pues, de hacer lo necesario para evitar que se consolide un clima de impunidad en el Congreso. No se trata de una mera cuesti¨®n de educaci¨®n o de reglamento, sino que hay toda una estrategia de humillaci¨®n y vejaci¨®n del adversario pol¨ªtico. Y, por supuesto, de acorralamiento del Parlamento, para desacreditarlo como sede de la representaci¨®n.