Enquistamiento judicial

El rechazo por parte del pleno extraordinario del Constitucional a las alegaciones del Senado contra la orden de suspender una votaci¨®n oblig¨® a excluir ayer del orden del d¨ªa en la C¨¢mara Alta la parte correspondiente a las enmiendas sobre el sistema de elecci¨®n de los magistrados para renovar al mismo tribunal que prohib¨ªa votar las medidas que los sacar¨ªan de sus puestos. Tampoco accedi¨® a debatir las recusaciones que reclamaba la Fiscal¨ªa del tribunal presentadas contra el presidente y un magistrado (ambos con el mandato caducado, y rechazadas con los votos determinantes de los mismos recusados). Ni el presidente Pedro Gonz¨¢lez-Trevijano ni Antonio Narv¨¢ez consideraron oportuno inhibirse ni del debate ni de la votaci¨®n, en un ejemplar episodio de manifiesta parcialidad. Siguen en sus puestos pero no han tenido tiempo de firmar el auto con los fundamentos jur¨ªdicos de la delicad¨ªsima decisi¨®n que tomaron el lunes al interferir en la autonom¨ªa parlamentaria. En consecuencia, ayer el Senado se encontr¨® en la situaci¨®n de acatar una orden del Tribunal Constitucional sin que, adem¨¢s, los senadores conocieran las razones jur¨ªdicas que les imped¨ªan votar un texto legislativo ya aprobado en el Congreso de los Diputados. El Senado acat¨® sin saber por qu¨¦ acataba. Las prisas de las medidas cautelar¨ªsimas para proteger los derechos de los senadores populares que hab¨ªan presentado la petici¨®n de amparo no se repitieron para explicar a todos los dem¨¢s senadores por qu¨¦ vieron cercenado su derecho a votar.

En su ¨²ltima reuni¨®n, el sector conservador del Consejo General del Poder Judicial, perdido ya todo pudor sobre la transparencia de sus maniobras, aplaz¨® primero su obligaci¨®n de dar el nombre de su candidato para renovar el Tribunal Constitucional. Las operaciones dilatorias acabaron y se convirtieron en urgencia ante la posibilidad de que la reforma del Gobierno les obligara a renovar con otras reglas. Tras la suspensi¨®n de la reforma por el Constitucional, se arrogan ahora la prerrogativa de presentar no solo su candidato sino de escoger al candidato progresista que mejor les convenga con vistas a la futura pelea por la presidencia del Constitucional. Resulta imposible obviar ya la evidente instrumentalizaci¨®n pol¨ªtica de su mayor¨ªa en el CGPJ para impedir tanto la renovaci¨®n del Constitucional como la suya propia. Ante la eventualidad de que el Gobierno consiga sacar adelante en el mes de enero como proposici¨®n de ley la reforma del desbloqueo judicial, han vuelto las prisas para no tener que cumplir las nuevas reglas y el CGPJ ha convocado reuni¨®n el pr¨®ximo d¨ªa 27 con el objeto de que los conservadores puedan intentar sacar adelante sus candidatos. Ser¨ªa la primera vez en la historia del Poder Judicial que esto ocurre. El acuerdo para repartirse esos dos puestos entre ambos sectores, sin vetos previos por ninguno de ellos, siempre se ha respetado. Menos ahora, con un sector conservador convertido en ariete contra el Gobierno y al que el cumplimiento de la ley no parece importarle, tras varios meses salt¨¢ndose los plazos para acordar la renovaci¨®n.

En la pol¨ªtica los puentes est¨¢n definitivamente rotos. Alberto N¨²?ez Feij¨®o a?ad¨ªa esta semana nuevas condiciones a una hipot¨¦tica negociaci¨®n sobre el CGPJ. Las sucesivas metas volantes que el PP ha ido poniendo como excusas para la no renovaci¨®n durante cuatro a?os no disminuyen sino que se incrementan. En definitiva, contin¨²a esta peligros¨ªsima demolici¨®n de la institucionalidad y este abuso de la buena fe del legislador que hace 44 a?os no pudo suponer que la insubordinaci¨®n a la Constituci¨®n podr¨ªa convertirse en rutinaria por parte de algunos de sus m¨¢s altos representantes pol¨ªticos y judiciales.