Galimat¨ªas en Castilla y Le¨®n

Una semana despu¨¦s de la rueda de prensa del vicepresidente de Vox de Castilla y Le¨®n, junto a un silencioso portavoz y consejero de Hacienda del PP, anunciando un nuevo protocolo obligatorio para los m¨¦dicos y opcional para las mujeres embarazadas que deseen abortar en la comunidad, la espiral de la confusi¨®n no se ha detenido. El encadenamiento cruzado de declaraciones, aclaraciones y contradicciones ha sido de tal calado que todav¨ªa hoy no hay manera de saber si existi¨® o no existi¨® un acuerdo o borrador de acuerdo ¡ªcomo aseguran varios portavoces de Vox, incluido Iv¨¢n Espinosa de los Monteros¡ª sobre ese nuevo protocolo fantasma (o real) acordado entre PP y Vox. Lo ¨²nico tangible es una nota de prensa de la Comunidad que recoge las medidas antiaborto.

El intento de Alberto N¨²?ez Feij¨®o de zanjar la discusi¨®n asegurando que Castilla y Le¨®n ¡°no va a modificar el protocolo de atenci¨®n a las mujeres embarazadas¡±, junto a las declaraciones de d¨ªas atr¨¢s en el mismo sentido del presidente de la comunidad, Alfonso Fern¨¢ndez Ma?ueco, tampoco han conseguido revertir la intenci¨®n de Vox de mantener medidas antiabortistas disfrazadas de un presunto plan de natalidad. Ante la amenaza de romper el acuerdo de coalici¨®n lanzada el martes por Vox si el PP ¡°no cumple el acuerdo¡±, Feij¨®o respondi¨® ayer que no se aplicar¨ªa en ning¨²n caso el protocolo y dejaba as¨ª en manos del partido ultra la responsabilidad de deshacer el primer gobierno en el que participa.

La gravedad del caso tiene dos caras: frivolizar sobre un asunto emocional y psicol¨®gicamente tan decisivo como interrumpir un embarazo es la primera y m¨¢s evidente. Pero la otra cara t¨®xica refleja la presi¨®n que las posiciones m¨¢s radicales y extempor¨¢neas de Vox tiene en el partido mayoritario de la derecha espa?ola, cuando ya hace tiempo que dej¨® de hacer bandera pol¨ªtica del rechazo al aborto. De hecho, Feij¨®o ha asegurado que admite con alg¨²n reparo menor la ley de plazos socialista que su mismo partido llev¨® al Constitucional hace casi 13 a?os, sin que haya habido todav¨ªa sentencia (y sin que el PP derogase la ley cuando tuvo una mayor¨ªa absoluta en el Congreso para hacerlo). La prevalencia de la conciencia adulta de una mujer que decide interrumpir su embarazo no es cuestionable en las democracias liberales del siglo XXI ni forma parte de la discusi¨®n en un Estado de derecho en el que las convicciones religiosas no pueden interferir en el ejercicio de derechos legalmente reconocidos. La pretensi¨®n de tutelar paternalmente a la mujer que ha decidido abortar con la oferta de escuchar el latido del feto o ver las im¨¢genes de una ecograf¨ªa en 4D est¨¢ concebida desde la estigmatizaci¨®n de un derecho conquistado ampliamente contra la imposici¨®n ajena de la fe o contra la infantilizaci¨®n de la mujer como adulta que no sabe lo que hace.

La incapacidad del PP para escapar a las trampas que tiende el ultraconservadurismo de Vox delata sus dificultades para combatir su extremismo reaccionario. Resulta inaceptable que el primer Gobierno de coalici¨®n del PP con Vox en Castilla y Le¨®n siga cautivo de las afirmaciones del socio minoritario en defensa de un protocolo sin encaje en nuestro sistema legal cuando el titular de la cartera de Sanidad es precisamente del Partido Popular. Es as¨ª reh¨¦n de una ultraderecha empe?ada en limitar los derechos de las mujeres y retroceder en una materia muy sensible a ¨¦pocas de oscura memoria. El PP deber¨ªa resolver cuanto antes un galimat¨ªas que solo erosiona su centralidad pol¨ªtica y cuestiona su misma capacidad para controlar el desafuero de Vox.