Proteger el ¡®solo s¨ª es s¨ª¡¯

La presentaci¨®n en solitario por parte del socio mayoritario del Gobierno de la reforma de la ley del solo s¨ª es s¨ª en el Congreso de los Diputados revela la urgencia de atajar cuanto antes la alarma social y la erosi¨®n pol¨ªtica que las rebajas de penas y las excarcelaciones de delincuentes sexuales han provocado tras la entrada en vigor de la nueva norma. Tanto jueces conservadores como progresistas han aplicado, leg¨ªtimamente, interpretaciones contrarias a la intenci¨®n del legislador. Su redactado actual da la posibilidad a la magistratura de utilizar el criterio preferente de revisi¨®n de condenas y reducci¨®n de penas a reos por delitos sexuales. La dimensi¨®n jur¨ªdica de la pol¨¦mica se envenen¨® desde el primer momento por el primer paso en falso: las declaraciones de la ministra de Igualdad, Irene Montero, y otras colaboradoras al presumir un machismo militante de los jueces como toda explicaci¨®n a las rebajas y excarcelaciones.

M¨¢s all¨¢ del previsible machismo de muchos miembros de la judicatura ¡ªy de la medicina, y de las finanzas, y del periodismo y del deporte de riesgo¡ª, el texto en vigor ha propiciado algunos resultados perversos. El uso descarnadamente pol¨ªtico que la oposici¨®n y la derecha medi¨¢tica est¨¢ haciendo de estos efectos imprevistos de la ley no oculta el problema real: condenados por agresi¨®n sexual se han beneficiado de la ley para preocupaci¨®n y dolor de las v¨ªctimas. Y es esta la cuesti¨®n que necesita urgentemente ser revisada con vistas al futuro. El PSOE defiende que su propuesta de reforma no altera el punto central del consentimiento ¡ªla ministra de Justicia, Pilar Llop, que ha mantenido un discreto papel negociador en este tiempo, declar¨® ayer en otro paso en falso lo f¨¢cil que es probar la violencia simplemente con una herida¡ª, mientras Igualdad considera que desarbola el eje de la ley. Lo que s¨ª hace es elevar las penas de nuevo y, seg¨²n los socialistas, armar jur¨ªdicamente esa subida para evitar nuevos sobresaltos de interpretaci¨®n en el futuro. De ah¨ª, argumentan, la introducci¨®n de los conceptos de violencia e intimidaci¨®n.

En su definici¨®n de consentimiento, la ley aspira a liberar a la v¨ªctima de la demostraci¨®n de la resistencia ejercida contra su atacante, y ese es un fin ampliamente compartido por la sociedad actual. Pero a la vez, y siempre, el juez deber¨¢ tomar su decisi¨®n sobre cada caso a partir de las pruebas que permitan determinar si existi¨® o no agresi¨®n y la pena que merece el agresor. La centralidad del consentimiento no puede impedir la leg¨ªtima confrontaci¨®n de pruebas en un juicio.

Pol¨ªticamente, el Gobierno de coalici¨®n no puede permitirse la escenificaci¨®n de un auto sacramental en el que el atrincheramiento vociferante de Igualdad por un lado y la tardanza de los socialistas en calibrar el alcance de la sangr¨ªa por otro han prolongado una discusi¨®n sobre algo que la ciudadan¨ªa comprende muy bien: un error legislativo est¨¢ mandando a la calle antes de tiempo a violadores condenados por efecto de la retroactividad de la pena favorable al reo ante la impotencia gubernamental. La frialdad anal¨ªtica de la situaci¨®n apela a la responsabilidad pol¨ªtica de los dos socios para buscar la mejor soluci¨®n t¨¦cnica a un problema que es real y no entiende de relatos pol¨ªticos.