Unos territorios al servicio de otros

Desde hace a?os la brecha territorial se hace m¨¢s profunda en toda Europa v¨ªctima de la l¨®gica de la globalizaci¨®n, la tendencia a la concentraci¨®n de oportunidades en torno a las grandes ciudades, y la consiguiente atracci¨®n de talento y recursos que desarrollan esas zonas neur¨¢lgicas. Las ciencias sociales llevan a?os reflejando esta realidad en distintos pa¨ªses europeos y advirtiendo de las derivadas que semejante ruptura territorial tiene sobre la cohesi¨®n social y la confianza en los sistemas democr¨¢ticos, con sus correspondientes efectos electorales. La revoluci¨®n digital, que parec¨ªa que pod¨ªa ayudar a limar tales desigualdades, de momento no opera en esa direcci¨®n. Por si esto fuera poco, la otra gran transici¨®n, la ecol¨®gica, se est¨¢ percibiendo por una parte de quienes viven en esos territorios como un nuevo campo de agravios. Urge evitar por todos los medios que esta brecha siga creciendo.

El fen¨®meno que prueba de forma m¨¢s clara la percepci¨®n de agravio es la oposici¨®n que existe en algunos territorios a la ubicaci¨®n de parques de energ¨ªas renovables, fundamentalmente solar y e¨®lica. Aunque la casu¨ªstica es diversa, entre quienes se oponen a estas instalaciones subyace la idea de que, una vez m¨¢s, su territorio se sacrifica para que otros obtengan beneficios. Opera en muchos de estos espacios la memoria hist¨®rica de anteriores y similares acontecimientos: valles inundados por la construcci¨®n de embalses para que en el llano se pudiera regar, terrenos ocupados por macrogranjas que contaminan los acu¨ªferos para que otros gestionen la comercializaci¨®n y acumulen ganancias, l¨ªneas de alta tensi¨®n invasivas¡­

En esta ocasi¨®n, territorios ocupados por enormes aerogeneradores o extensos despliegues de placas solares cuya producci¨®n de energ¨ªa se env¨ªa lejos, donde otros la consumen y se embolsan los beneficios. Ese ¡°otros¡±, adem¨¢s, suele apuntar a las ciudades, grandes consumidoras de energ¨ªa, agua, alimentos y dem¨¢s recursos que ellas apenas producen. Por si esto fuera poco, en algunos de los proyectos la instalaci¨®n de esos parques supone arruinar el esfuerzo inversor en negocios basados en la sostenibilidad como el turismo o la agroindustria. No se trata de peque?os productores anclados en el romanticismo, sino de comarcas que como la del Matarra?a, en Arag¨®n, han apostado por modelos econ¨®micos asociados a la calidad ambiental y que hoy pueden ver comprometido su evidente ¨¦xito poniendo, una vez m¨¢s, su territorio al servicio de otros. Esta sensaci¨®n de agravio y percepci¨®n de injusticia repetida emerge en cuanto se pregunta a muchos de los que se oponen a estas instalaciones. Airados, se?alan directamente a las empresas promotoras, que en unos casos est¨¢n operando con malas pr¨¢cticas, en otros con corruptelas y en no pocos cruzando directamente todos los l¨ªmites.

Algo parecido ocurre con las ya arcaicas y desfasadas pol¨ªticas de trasvases de agua. Se olvida a menudo que los r¨ªos son ecosistemas que cumplen funciones sociales, econ¨®micas y ambientales, y que para ello necesitan desembocar en otro r¨ªo o en el mar. Parece mentira, pero a¨²n hay que recordar aquello que estudi¨¢bamos en la escuela de que un r¨ªo es ¡°una corriente continua de agua que desemboca en el mar¡±. En su lugar, se impone una l¨®gica extractiva capaz de sangrar al r¨ªo todo su caudal para alimentar lo que acaba siendo una espiral insostenible de consumo de agua ajena a cualquier criterio de sostenibilidad o de rentabilidad, si se hacen bien las cuentas. En estos casos, lo m¨¢s habitual acaba siendo derivar en la ruina del propio ecosistema del que depende la generaci¨®n de econom¨ªa. Del mar Menor a Do?ana, pasando por el retroceso del delta del Ebro v¨ªctima de la reducci¨®n de aportaci¨®n de caudales del r¨ªo, al final se vuelven a sacrificar unos territorios, en estos casos los que est¨¢n en la cabecera y en la ribera del propio r¨ªo en las tierras donde se supone que ¡°sobra¡± agua, en aras de un desarrollo cortoplacista aguas abajo o en lugares lejanos. De nuevo, agravios. Y en este caso, adem¨¢s, una profunda agresi¨®n a la sostenibilidad de los ecosistemas, los mismos que son capaces de generar riqueza, siempre y cuando esta no se convierta en avaricia.

Entender la l¨®gica que opera entre quienes se quejan amargamente por sentir, una vez m¨¢s, que su regi¨®n o comarca se pone al servicio de otras, es clave para establecer pol¨ªticas de desarrollo territorial basadas en la equidad. Equidad no significa autarqu¨ªa ni renunciar a la urgente y necesaria transici¨®n ecol¨®gica, incluidos los imprescindibles parques de energ¨ªas renovables, sino entender que, para que esta transici¨®n sea posible, el concepto de justicia, de transici¨®n justa, ha de aplicarse no solo a las personas, sino tambi¨¦n a los territorios. Los beneficios de dicha transici¨®n, econ¨®micos, sociales, pol¨ªticos y de salud, no pueden acumularse en unas regiones en detrimento de otras, ni en unas empresas e intereses econ¨®micos en sectores especialmente dados al oligopolio. Pactar con el territorio buscando acuerdos para ganar ¡ªpero ganar de verdad¡ª con transparencia y di¨¢logo es clave para que la transici¨®n pueda alcanzar la velocidad m¨¢xima. A las licencias administrativas necesarias en cada ocasi¨®n hay que unir la ¡°licencia social¡±, el acuerdo de la sociedad con cada una de estas iniciativas. Algo que debe propiciar la legislaci¨®n y que deber¨ªan cumplir, en beneficio propio, las empresas que operan en estos ¨¢mbitos.

La urgencia de la crisis clim¨¢tica implica agilizar todas estas transformaciones. Para ello, es imprescindible pactar con los territorios y con los sectores potencialmente perjudicados el reparto de las cargas y la creaci¨®n de nuevos beneficios o incentivos. ?Qu¨¦ es, si no, la transici¨®n justa, sino apoyar a quienes pueden resultar perjudicados por estas transformaciones? Existen ya, de hecho, ejemplos de buenas pr¨¢cticas tanto en la compleja pol¨ªtica del agua como en el despliegue de parques de energ¨ªas renovables, de las que se puede y debe aprender. Una de las caracter¨ªsticas que tienen en com¨²n es que parten de acuerdos con todos los agentes afectados, conseguidos antes de iniciarse el proyecto y no de forma reactiva ante el estallido de un conflicto.

Se suele objetar que estos procesos de innovaci¨®n social que se establecen sobre el di¨¢logo, la concertaci¨®n y la negociaci¨®n con los diferentes niveles administrativos implicados ¡ªmunicipios, diputaciones provinciales, gobiernos regionales¡­¡ª as¨ª como con el tejido econ¨®mico y social de estos territorios, requieren mucho tiempo. La experiencia demuestra que es justo al contrario. Tiempo invertido en acordar es tiempo ahorrado en litigar. All¨ª donde hay acuerdos con el territorio, los tiempos y la tramitaci¨®n avanzan. All¨¢ donde no, se acaban atascando ante cualquier tr¨¢mite, judicializ¨¢ndose en muchas ocasiones, y en el mejor de los casos, retras¨¢ndose notoriamente. En otros, directamente, el proyecto decae. Tambi¨¦n hay ejemplos de esto.

En definitiva, la transici¨®n ecol¨®gica justa, que ha de acometerse a toda velocidad, debe ser tambi¨¦n una herramienta para coser las brechas territoriales que se abren entre sentimientos de agravio y actitudes de desprecio acumuladas desde d¨¦cadas atr¨¢s. Las ciudades no pueden continuar siendo el sumidero de recursos que no producen ¡ªenerg¨ªa, alimentos, agua de calidad¡­¡ª y que hipotecan al resto del pa¨ªs sin ser capaces de articular relaciones de justicia. La transici¨®n ecol¨®gica, adem¨¢s de una necesidad urgente, es una oportunidad para cerrar las brechas de desigualdad abiertas, entre las personas y entre los territorios.