Detener a Putin

La orden de detenci¨®n contra el presidente ruso, Vlad¨ªmir Putin, firmada por el fiscal del Tribunal Penal Internacional (TPI), el brit¨¢nico Karim Khan, marca un momento trascendental para la historia de la guerra de agresi¨®n de Rusia contra Ucrania. La decisi¨®n del prestigioso jurista especializado en la persecuci¨®n de cr¨ªmenes de guerra y contra la humanidad solo puede tener consecuencias pr¨¢cticas si Vlad¨ªmir Putin o Maria Lvova-Belova, la otra persona incriminada a t¨ªtulo de comisionada del Kremlin para los Derechos del Ni?o, se desplazan a alguno de los 123 Estados firmantes del Estatuto de Roma para la creaci¨®n del TPI o si se produce un cambio pol¨ªtico en Mosc¨² que conduce a la detenci¨®n y entrega del actual presidente por parte de las nuevas autoridades, como ya sucedi¨® con Slobodan Milosevic.

La orden de detenci¨®n se basa en serios indicios de responsabilidad personal de ambos imputados en cr¨ªmenes de guerra, entre los que se incluyen las deportaciones, transferencias y confinamientos ilegales de poblaci¨®n y la toma de rehenes, seg¨²n el Estatuto del tribunal, y en la abierta vulneraci¨®n de la Cuarta Convenci¨®n de Ginebra sobre protecci¨®n de los civiles en tiempos de guerra y, concretamente, su art¨ªculo 50 dedicado por entero a la protecci¨®n de la poblaci¨®n infantil. Putin ha vulnerado numerosos tratados y acuerdos internacionales, y especialmente la Carta de Naciones Unidas, que proh¨ªbe tajantemente la guerra y admite solo el derecho que est¨¢ ejerciendo Ucrania a la defensa. Este delito no agota ni mucho menos el repertorio por el que se le podr¨ªa imputar, que incluye los cr¨ªmenes contra la humanidad y tambi¨¦n el genocidio, pero todos ellos exigen establecer la prueba material de la responsabilidad personal en su ejecuci¨®n.

De ah¨ª que el fiscal Khan haya elegido centrarse en las deportaciones de ni?os, trasladados desde instituciones de Ucrania o recogidos tras las matanzas de civiles, que las autoridades de Kiev elevan a m¨¢s de 16.000 casos, para imputar al presidente de Rusia y al comisionado nombrado especialmente para el secuestro sistem¨¢tico y su rusificaci¨®n en familias o instituciones rusas. Se trata de la poblaci¨®n m¨¢s desprotegida y su caso, que evoca las adopciones de hijos de los asesinados y desaparecidos por los militares de la Junta argentina, es el de m¨¢s f¨¢cil explicaci¨®n por la evidente intencionalidad de desarraigarlos de su entorno y destruir su identidad. Este tipo de actuaciones tambi¨¦n est¨¢n tipificadas por el Estatuto de Roma como genocidio, pero el fiscal ha preferido la retenci¨®n en favor de la eficacia que le permite vincular personal y directamente a Putin como responsable de todas y cada una de las deportaciones.

El solo hecho de emitir la orden de captura es un mensaje de alcance universal sobre el papel del Tribunal, que no puede asistir imperturbable a la comisi¨®n de delitos de tanta gravedad por el mero hecho de que quien los comete es el jefe de Estado de una potencia nuclear con derecho de veto en el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas. Tambi¨¦n es una advertencia para futuras actuaciones de Rusia y de cualquier otro d¨¦spota. A la vista de c¨®mo ha sido recibido internacionalmente, constituye incluso un acicate y una forma de presi¨®n sobre potencias como Estados Unidos, que firm¨® inicialmente el Estatuto de Roma con Bill Clinton en 2000, pero luego con George W. Bush retir¨® la firma y descart¨® su ratificaci¨®n.