21 asesinatos en abril

El reguero de asesinatos de l¨ªderes sociales es uno de los tent¨¢culos de la violencia que a¨²n asfixia a Colombia. Las amenazas y los ataques no se detienen y son el pan de cada d¨ªa de autoridades ind¨ªgenas, representantes de organizaciones de barrio, defensores de los derechos humanos o pol¨ªticos de base, especialmente de los territorios rurales. Solo en abril los muertos fueron 21, v¨ªctimas de diferentes grupos armados ilegales que se disputan el control de las rutas del narcotr¨¢fico o negocios como la miner¨ªa ilegal y la extorsi¨®n.

Cuando las FARC firmaron con el Gobierno de Juan Manuel Santos el acuerdo de paz que en 2016 puso fin a m¨¢s de medio siglo de conflicto, miles de excombatientes se desplazaron a zonas designadas para su transici¨®n a la vida civil y entregaron las armas. Entonces comenz¨® a proliferar otro tipo de violencia que buscaba sustituir al antiguo grupo insurgente y que redobl¨® la persecuci¨®n de activistas y l¨ªderes sociales. La llegada al poder, hace nueve meses, de Gustavo Petro, primer presidente n¨ªtidamente de izquierdas del pa¨ªs andino, no ha logrado frenar las matanzas de los grupos armados. Seg¨²n el Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz (Indepaz), en los primeros cuatro meses de 2023 fueron asesinados 57 l¨ªderes sociales. En 2022 fueron 189 y el a?o anterior, 171.

Los ataques se han registrado en toda Colombia, pero se concentran especialmente en el suroeste del territorio. Particularmente, en el departamento del Cauca, donde han sido asesinados 10 l¨ªderes sociales este a?o y 314 desde que Indepaz comenz¨® a contabilizar estas agresiones. Esa regi¨®n es un microcosmos de varios conflictos, con cultivos de marihuana para consumo local, de coca y laboratorios de coca¨ªna, una costa virgen sobre el Oc¨¦ano Pac¨ªfico que se usa para el tr¨¢fico de drogas ilegales, miner¨ªa de oro, tensiones por la tierra entre ind¨ªgenas, comunidades afrocolombianas, campesinos y terratenientes, junto a la presencia de por lo menos cuatro grupos armados ilegales distintos.

Estas mafias buscan comprar a funcionarios locales y se enfrentan entre s¨ª. Pero sus blancos suelen ser l¨ªderes sociales, en particular cuando buscan espacios para el desarrollo. El Gobierno de Petro se ha concentrado en lograr la anhelada paz total, negociando en paralelo con todos los grupos y buscando f¨®rmulas para reducir la violencia contra los civiles hasta que se logren acuerdos definitivos. Pero por el momento esa estrategia no ha dado frutos. Incluso las negociaciones m¨¢s avanzadas, por ejemplo con la guerrilla del Ej¨¦rcito de Liberaci¨®n Nacional (ELN), no han conseguido un cese del fuego, y frentes de ese grupo mantienen conflictos en algunas regiones con grupos disidentes de las FARC y otras facciones rivales. La mara?a de violencias sigue golpeando el tejido social en las zonas m¨¢s pobres de uno de los pa¨ªses m¨¢s desiguales del planeta.