Un abril letal en Colombia: 21 l¨ªderes sociales fueron asesinados

La cifra m¨¢s alta de l¨ªderes sociales asesinados en lo que va de 2023 se registr¨® el mes que acaba de pasar: 21 muertos, seg¨²n Human Rights Watch (HRW). Juan Pappier, subdirector para las Am¨¦ricas de la organizaci¨®n, ha hecho p¨²blico este martes un documento con los nombres y el tipo de liderazgo social que desempe?aban las v¨ªctimas. Todos sufren la violencia por igual: l¨ªderes juveniles, afros, mujeres, campesinos, ind¨ªgenas. Nadie que se dedique a defender los derechos humanos en Colombia parece estar a salvo.

En total, HRW ha documentado 55 asesinatos de defensores y l¨ªderes sociales en los cuatro primeros meses de este a?o. ¡°Para frenar esta mataz¨®n, Colombia necesita urgentemente reestructurar y fortalecer su sistema de protecci¨®n de l¨ªderes sociales e implementar eficazmente una pol¨ªtica de seguridad destinada a proteger a la poblaci¨®n¡±, dice Pappier en un mensaje a este diario. La ¨²ltima v¨ªctima fue Carlos Andr¨¦s Torres, de 20 a?os y un reconocido l¨ªder juvenil en el Tolima. Fue asesinado de un disparo el 30 de abril. ¡°Sin l¨ªderes sociales no habr¨¢ ¡®paz total¡±, sentencia el investigador, que ha advertido que no basta con iniciar negociaciones de paz y de sometimiento con grupos armados si no se ampl¨ªa la presencia estatal y se implementan los mecanismos del acuerdo de paz con las FARC para proteger a l¨ªderes sociales en las regiones.

En agosto del a?o pasado, HRW le envi¨® una carta al Gobierno de Gustavo Petro con varias recomendaciones para su propuesta de ¡°paz total¡±. La primera, la principal para conseguir la paz, era poner en marcha una pol¨ªtica de seguridad efectiva y respetuosa de los derechos, con planes espec¨ªficos para proteger a defensores de derechos humanos, l¨ªderes sociales y otros grupos en riesgo. Han pasado nueve meses y siguen desprotegidos. En este frente, ¡°la paz total¡± de Petro tampoco ha tenido ¨¦xito.

La Misi¨®n de Verificaci¨®n de la ONU ha cuestionado que el Gobierno todav¨ªa no tenga una hoja de ruta para materializar lo que prometi¨®: proteger a los l¨ªderes sociales y excombatientes que se acogieron al acuerdo de paz con las FARC. M¨¢s all¨¢ de los llamados Puestos de Mando Unificado por la Vida (PMUV), que se han instalado en varias partes del pa¨ªs, no hay mucho m¨¢s que mostrar del plan de emergencia para proteger a los l¨ªderes al que se acogi¨® el Gobierno el a?o pasado. En el Cauca, donde se instal¨® el primer PMUV, este a?o se han registrado las peores cifras de violencia contra los defensores de derechos humanos, nueve asesinatos contra l¨ªderes entre enero y abril.

Las organizaciones sociales han llamado a la Fiscal¨ªa a darle prioridad a las investigaciones por estos cr¨ªmenes para evitar que se perpet¨²e la impunidad, que ha sido ¡°un factor determinante para que se sigan reproduciendo estas violencias¡±, denunciaba a este diario hace unos d¨ªas la organizaci¨®n Somos Defensores.

El asesinato el pasado 30 de abril de Carlos Andr¨¦s Torres en Chaparral ocurri¨® casi un a?o despu¨¦s de que en ese mismo municipio fuera asesinada la l¨ªder Ei¨ªzabeth Mendoza, presidenta de la Junta de Acci¨®n Comunal de la vereda Calarc¨¢ Tetu¨¢n, tambi¨¦n en Chaparral. La mujer, de 32 a?os, fue asesinada junto a su esposo, su hijo y un sobrino el 24 de mayo de 2022, en hechos que todav¨ªa son investigados. No hay detenidos ni responsables por la masacre, la n¨²mero 44 de ese a?o, seg¨²n las estad¨ªsticas de asesinatos colectivos en el pa¨ªs.

Este a?o, seg¨²n el Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz (Indepaz), se han registrado 34 masacres y al menos diez firmantes de paz han sido asesinados. Desde 2016, cuando se celebr¨® el acuerdo entre las FARC y el Gobierno de Juan Manuel Santos, 358 excombatientes han sido v¨ªctimas de homicidios tras dejar las armas. La falta de implementaci¨®n del acuerdo de paz tambi¨¦n ha tenido consecuencias en las vidas de los l¨ªderes sociales: 1.466 asesinados en los a?os que le han seguido a la firma. La violencia sistem¨¢tica persiste en contra de l¨ªderes sociales, defensoras de Derechos Humanos y exguerrilleros de las FARC en proceso de reincorporaci¨®n a la vida civil.

Seg¨²n un estudio de Indepaz sobre la situaci¨®n de seguridad de los firmantes del acuerdo de paz, ¡°la falta de presencia estatal en las regiones m¨¢s afectadas por la violencia social y pol¨ªtica, hacen que el principal factor de riesgo contin¨²e siendo la generaci¨®n de disputas econ¨®micas y pol¨ªticas, de la mano con la existencia, organizaci¨®n y fortalecimiento de estructuras legales e ilegales¡±.

Un informe de la Unidad de Investigaci¨®n y Acusaci¨®n de la JEP, que cita Indepaz, se?ala que en la mitad de los cr¨ªmenes contra excombatientes, incluidos los que no tienen avance de investigaci¨®n, han evidenciado el uso de sicarios contratados por terceros, ¡°lo que es indicio de otros perpetradores directamente asociados a intereses econ¨®micos y pol¨ªticos locales o regionales¡±. Esa misma investigaci¨®n apunta como presuntos responsables a las disidencias, en el 49% de los casos; seguido por el Clan del Golfo y el ELN. ¡°El ambiente de estigmatizaci¨®n, que se ha promovido a todo nivel en contra de los acuerdos de paz, la justicia transicional y de los excombatientes y l¨ªderes, es uno de los motores de mayor incidencia o desencadenante de las agresiones y asesinatos¡±, concluye Indepaz en su estudio.

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