El CGPJ sigue imp¨¢vido
La legislatura llega a su fin con el ¨®rgano de gobierno de los jueces nacido de la mayor¨ªa absoluta de Rajoy en 2011
El cuarto informe de la Comisi¨®n Europea sobre el Estado de derecho en Espa?a repite los mismos reproches que los tres anteriores, pero sin atreverse a identificar al principal responsable de la degradaci¨®n que padece el sistema de la justicia en su conjunto. El bloqueo en la renovaci¨®n del Consejo General del Poder Judicial cumple ya cuatro a?os y medio por decisi¨®n de un solo partido pol¨ªtico, el PP, quien decidi¨® con su veto a cualquier acuerdo (o su suspensi¨®n a ¨²ltima hora) mantener en el ¨®rgano de gobierno de los jueces a los vocales que concluyeron su mandato en diciembre de 2018 y perpetuar as¨ª su mayor¨ªa absoluta conservadora. Ha sido esa mayor¨ªa la que ha gobernado el Consejo General del Poder Judicial durante los cinco a?os en que Espa?a, tras pasar dos veces por las urnas, otorg¨® el Gobierno de la naci¨®n a una mayor¨ªa progresista. En v¨ªsperas de acudir a las urnas para unas nuevas elecciones generales, todav¨ªa no ha sido posible trasladar al ¨®rgano de gobierno de los jueces la representaci¨®n pol¨ªtica en el Parlamento que ha respaldado al Gobierno de coalici¨®n y sigue actuando con las funciones limitadas el mismo CGPJ que respond¨ªa a la mayor¨ªa absoluta de Mariano Rajoy obtenida en 2011. Tanto el PP que tuvo como presidente a Pablo Casado entre 2018 y 2021 como la actual etapa liderada por Alberto N¨²?ez Feij¨®o han impedido la renovaci¨®n.
El informe de la Comisi¨®n Europea recoge los efectos demoledores de esta situaci¨®n en el funcionamiento del Tribunal Supremo. El Gobierno de coalici¨®n decidi¨® aprobar una reforma legal hace m¨¢s de dos a?os para impedir al CGPJ seguir haciendo nombramientos de las c¨²pulas de los tribunales mientras mantuviera el mandato caducado. Si la intenci¨®n de aquella reforma era forzar al PP al acuerdo de renovaci¨®n para evitar el atasco judicial que podr¨ªa producirse al no cubrirse las vacantes que surgieran en el Supremo, no lo consigui¨®. El PP mantuvo el veto. Dos a?os despu¨¦s de aquella reforma legal, el Supremo ha perdido casi un 25% de sus magistrados por jubilaci¨®n o fallecimiento y algunas de sus salas sufren demoras que lesionan a la ciudadan¨ªa de forma directa y grave, con retrasos desproporcionados y una par¨¢lisis culpable del conjunto del sistema.
La vicepresidenta de Valores y Transparencia de la Comisi¨®n Europea ha abierto una ventana a la esperanza cuando expuso su confianza en que ¡°las nuevas autoridades [en referencia al Gobierno que salga de las urnas el pr¨®ximo 23 de julio] solucionen la situaci¨®n renovando con prioridad el Consejo e inmediatamente despu¨¦s reformen el sistema de nombramientos adapt¨¢ndolo a los est¨¢ndares europeos¡±. Tras las elecciones, gobierne quien gobierne y est¨¦ en la oposici¨®n quien est¨¦ en la oposici¨®n, esta renovaci¨®n continuar¨¢ siendo una urgencia democr¨¢tica.
Alberto N¨²?ez Feij¨®o (PP) ha prometido que si llega al Gobierno reformar¨¢ la ley vigente desde hace 38 a?os para que los jueces ¡ªen su mayor¨ªa pertenecientes a asociaciones conservadoras¡ª elijan directamente a los 12 vocales jueces, sin necesidad de un acuerdo parlamentario entre las grandes fuerzas pol¨ªticas. Eso ser¨ªa incumplir lo que la Comisi¨®n Europea ha recomendado repetidamente, es decir, renovar primero y reformar la ley despu¨¦s. Pero a estas alturas, tras cuatro a?os y medio de incumplimiento de la Constituci¨®n, saltarse una recomendaci¨®n europea puede parecerles un incumplimiento menor.
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