El dilema de la intervenci¨®n militar en N¨ªger

El golpe de Estado militar sufrido por el Gobierno constitucional de N¨ªger el pasado 26 de julio a manos del autodenominado Consejo Nacional para la Protecci¨®n de la Patria (CNSP), plantea complejos problemas sobre la legitimidad y la conveniencia del uso de la fuerza armada para restablecer el sistema democr¨¢tico de ese pa¨ªs. La Comunidad Econ¨®mica de Estados de ?frica Occidental (Cedeao), integrada por 15 pa¨ªses, entre ellos la Rep¨²blica de N¨ªger, ha exigido reiteradamente el restablecimiento del orden constitucional, la liberaci¨®n del presidente Mohamed Bazoum y su familia y de los miembros del Gobierno detenidos ilegalmente. La Cedeao, al rechazar los golpistas toda soluci¨®n pac¨ªfica y diplom¨¢tica, ha amenazado con usar la fuerza armada militar si es necesario.

La Carta de las Naciones Unidas proh¨ªbe el uso de la fuerza en las relaciones internacionales. ?nicamente la permite si el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas lo autoriza en caso de amenazas y quebrantamientos de la paz o actos de agresi¨®n; o si un Estado se defiende (leg¨ªtima defensa) de una agresi¨®n ileg¨ªtima de otro Estado. El contexto de N¨ªger es ciertamente particular. No encaja en ninguno de estos supuestos. Sin embargo, dos situaciones legitimar¨ªan el uso colectivo de la fuerza armada en el pa¨ªs, contra la asonada militar.

La primera, cuando la ¡°intervenci¨®n¡± militar de los Estados miembros de la Cedeao y de cualquier tercer Estado se produce ¡ªcomo parece que es¡ª por la ¡°invitaci¨®n¡± concreta del leg¨ªtimo Gobierno de N¨ªger, con la exclusiva finalidad de poner fin al golpe de Estado militar. No cabe duda de que el Gobierno aut¨¦ntico es el del presidente Bazoum. ?ste, a trav¨¦s del peri¨®dico The Washington Post, el 3 de agosto, llamaba ¡°al Gobierno de Estados Unidos y a toda la comunidad internacional para que nos ayuden a restaurar nuestro orden constitucional¡±. El Gobierno constitucional de N¨ªger est¨¢ secuestrado y, aunque no tenga el control efectivo sobre el territorio, su consentimiento e invitaci¨®n a que terceros Estados intervengan militarmente en su pa¨ªs es v¨¢lido, al ser el ¨²nico representante reconocido del Estado democr¨¢tico. El Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, la Uni¨®n Europea y otros muchos Estados solo admiten como Gobierno leg¨ªtimo al del presidente Bazoum.

La segunda situaci¨®n en la que el uso de la fuerza armada estar¨ªa permitido ¡ªy aunque por ahora no haya sido invocado¡ª es la prevista en el Protocolo de Lom¨¦, firmado en 1999 por todos los Estados miembros de la Cedeao. Este permite a la organizaci¨®n intergubernamental a intervenir militarmente en el territorio de los Estados miembros, si se produce un ¡°derrocamiento o intento de derrocamiento de un gobierno elegido democr¨¢ticamente¡±. La activaci¨®n de este mecanismo por la organizaci¨®n africana no presentar¨ªa problemas. La intervenci¨®n militar estar¨ªa autorizada tanto por el propio Protocolo desde el momento de su firma en 1999, como por la referida invitaci¨®n actual y del presidente Bazoum a la Cedeao.

Si finalmente se usara la fuerza armada, esta ser¨ªa quir¨²rgica. Solo podr¨ªa emplearse la estrictamente necesaria para la restauraci¨®n del sistema democr¨¢tico y liberaci¨®n de los secuestrados, la de menor intensidad posible y la proporcional a la fuerza con la que los militares golpistas respondieran. Una vez conseguidos esos fines, el uso de la fuerza tendr¨ªa que cesar.

M¨¢s all¨¢ de la legalidad o no del uso de la fuerza armada, deber¨ªa evitarse por sus indeseadas consecuencias. Es imprescindible agotar todos los medios de arreglo pac¨ªfico para preservar la paz y la seguridad internacionales. La consecuencia de un conflicto armado en la regi¨®n, asolada por la pobreza y por el avance de organizaciones yihadistas, tendr¨ªa consecuencias imprevisibles. Al respecto, no existe unanimidad entre los Estados, ni en la propia Uni¨®n Africana: Nigeria, Costa de Marfil y Senegal secundan la acci¨®n colectiva militar, mientras que Guinea-Conakry, Mal¨ª, Burkina Faso ¡ªreg¨ªmenes militares y suspendidos de toda participaci¨®n en la Cedeao¡ª y Cabo Verde, la rechazan.

Desde el punto de vista econ¨®mico, el uso de la fuerza armada desestabilizar¨ªa la regi¨®n, las condiciones de desarrollo se ver¨ªan perjudicadas y la situaci¨®n humanitaria se agravar¨ªa (N¨ªger es el centro log¨ªstico de almacenamiento y distribuci¨®n de alimentos b¨¢sicos para la regi¨®n). El conflicto armado ¡ªy pol¨ªtico¡ª se extender¨ªa a toda la zona. Burkina Faso y Mal¨ª ya han anunciado que apoyar¨ªan a los militares golpistas del CNSP y la junta militar lo ha autorizado. Estos dos Estados equiparar¨ªan la intervenci¨®n militar contra los golpistas de N¨ªger como ¡°declaraci¨®n de guerra contra ellos¡±; lo que podr¨ªa desencadenar una guerra convencional en ?frica Occidental con el considerable destrozo de vidas humanas. Por ¨²ltimo, las consecuencias para la poblaci¨®n de N¨ªger ser¨ªan devastadoras. Es uno de los pa¨ªses m¨¢s pobres del mundo y cuenta con unos 350.000 desplazados procedentes de Nigeria y Mali. El desastre para la poblaci¨®n, afectada adem¨¢s por los cambios clim¨¢ticos, ser¨ªa desmedida.

Naciones Unidas cifra en 4,3 millones las personas necesitadas de ayuda en N¨ªger, de las cuales 3,3 millones se encuentran en situaci¨®n de inseguridad alimentaria aguda. En estos momentos el uso de la fuerza armada ¡ªque ya estar¨ªa lista para ejecutarse¡ª parece haberse enfriado en favor de un per¨ªodo de transici¨®n hacia la vuelta de la democracia. Toda soluci¨®n ser¨¢ perjudicial. La peor, la intervenci¨®n militar; la menos grave, el endurecimiento de las sanciones a N¨ªger, apoyadas por Estados Unidos y por Francia, cuyo embajador ha sido expulsado del pa¨ªs y sus tropas est¨¢n de retirada. N¨ªger es especialmente importante para estos dos pa¨ªses por sus estrategias contra el terrorismo en el Sahel. En cualquier caso, la poblaci¨®n de N¨ªger, y especialmente los m¨¢s vulnerables, ser¨¢n las v¨ªctimas de esta nueva asonada en ?frica. Ojal¨¢ impere la cordura y el di¨¢logo frente a la intransigencia de los militares golpistas.