Silencio administrativo

La Ley de Transparencia no termina de funcionar. Los datos obligan a preguntarse en qu¨¦ punto lo que pretend¨ªa ser un mecanismo para que las autoridades p¨²blicas respondieran sobre sus procedimientos ante las inquietudes de los ciudadanos se ha convertido en una v¨ªa sin aparente salida. Cualquier persona puede hoy solicitar informaci¨®n a la Administraci¨®n y esta dispone de un mes para contestar; si no lo hace, puede dirigirse al Consejo de Transparencia y Buen Gobierno. Y este organismo, cuya misi¨®n es garantizar el acceso a la informaci¨®n p¨²blica, est¨¢ tardando hasta siete meses en dar respuesta a las reclamaciones que recibe cuando, por ley, no debe tardar m¨¢s de tres.

Despu¨¦s de aprobarse en 2013, la norma entr¨® en vigor en diciembre de 2014 y ven¨ªa a dar respuestas al en¨¦rgico rechazo que la sociedad hab¨ªa manifestado al abrumador goteo de casos de corrupci¨®n. Pretend¨ªa dotar a los ciudadanos instrumentos que les permitieran realizar un necesario y permanente escrutinio de la acci¨®n p¨²blica. La ley llegaba tarde, no solo a la hora de cumplir una exigencia constitucional sino respecto a la mayor¨ªa de pa¨ªses europeos, pero mostraba la voluntad de que las instituciones al fin respondieran, como destacaba el pre¨¢mbulo, ¡°a una sociedad que es cr¨ªtica, exigente y que demanda participaci¨®n¡±.

Las buenas intenciones de la iniciativa han chocado, sin embargo, con el silencio de la Administraci¨®n. Los distintos poderes p¨²blicos simplemente callan cuando se les piden explicaciones, con lo que despu¨¦s de un mes los ciudadanos que las han solicitado se dirigen al Consejo, que recibe hoy cuatro veces m¨¢s reclamaciones que en 2015, cuando empez¨® a aplicarse la nueva legislaci¨®n. Ha crecido el trabajo, pero los recursos son escasos: en 2018, el Tribunal de Cuentas recomend¨® que emplearan a 33 trabajadores ¡ªeran 22¡ª para atender las peticiones de entonces, y m¨¢s tarde lo increment¨® a 55. Hoy la plantilla es de 28 personas cuando, no solo se han disparado las consultas, sino que se ha ampliado el n¨²mero de asuntos sobre los que debe pronunciarse y estos tienen una complejidad mayor.

La ley abri¨® las puertas para que los ciudadanos pudieran pedir explicaciones y las administraciones no han estado a la altura. Tras la pandemia, el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno denunci¨® la opacidad del Ministerio de Sanidad por negarse a dar la informaci¨®n que le ped¨ªan a prop¨®sito de su gesti¨®n durante la crisis. Fue un caso m¨¢s de ese 30% de reclamaciones que topan con el silencio administrativo de los organismos estatales. Cuando se trata de ayuntamientos y comunidades aut¨®nomas la cifra se dispara hasta un 75%. Es imprescindible rectificar: no solo se trata de celebrar las bondades de la transparencia, es obligado ejercerla.