El estado de la corrupci¨®n en 2021

Medir la corrupci¨®n es complejo. Es un fen¨®meno que se manifiesta de forma opaca y, a menudo, no deja rastro. No obstante, a pesar de su dificultad, es importante por m¨²ltiples razones poder conocer los niveles de corrupci¨®n de los pa¨ªses, sus avances y retrocesos. As¨ª, para identificar barreras al desarrollo econ¨®mico, para explicar los niveles de desafecci¨®n pol¨ªtica o, sobre todo, para poder prevenir sus consecuencias y tomar las medidas que impidan a los pa¨ªses caer en la corrupci¨®n sist¨¦mica. Para medir la corrupci¨®n se utilizan diversos instrumentos. El ?ndice de Percepci¨®n de Corrupci¨®n (IPC), publicado este 25 de enero, es uno de los ¨ªndices m¨¢s destacados a nivel global; se basa en 13 estudios de opini¨®n de expertos y empresarios y su metodolog¨ªa ha sido evaluada internacionalmente de forma repetida, dando lugar a una herramienta cada vez m¨¢s sofisticada y v¨¢lida.

El IPC 2021 demuestra que la lucha contra la corrupci¨®n no avanza globalmente. A pesar de que, en los ¨²ltimos 20 a?os, se han mejorado en varios pa¨ªses las normas anticorrupci¨®n, se observa una falta de impulso por parte de numerosos gobiernos y un descuido en la implementaci¨®n de las medidas adoptadas. Esta tendencia global va unida a una regresi¨®n autoritaria en otros m¨²ltiples pa¨ªses, una regresi¨®n que tiene su centro de acci¨®n en el ataque a las instituciones de control y a la independencia del poder judicial. El deterioro de los pesos y contrapesos de una democracia va vinculado, casi siempre, a un abuso del poder para el beneficio privado de los dirigentes, as¨ª como a la creaci¨®n de redes clientelares oscuras de empresarios indecentes, pol¨ªticos inmorales y burocracias politizadas que act¨²an como ¨¦lites extractivas. El resultado final no es solo la enorme p¨¦rdida de recursos p¨²blicos, sino, sobre todo, el deterioro de las instituciones y del respeto a los derechos humanos. El derecho a la vida est¨¢ en riesgo cuando la polic¨ªa es corrupta y est¨¢ en conexi¨®n con redes de crimen organizado. El derecho a la salud es pisoteado en pa¨ªses donde el dinero para construir hospitales acaba en para¨ªsos fiscales. El derecho a la educaci¨®n se convierte en mero enunciado cuando las escuelas no existen y el material escolar desaparece bajo redes corruptas. La corrupci¨®n ataca directamente al coraz¨®n de la dignidad humana y es preciso recordarlo.

A menudo, la opini¨®n p¨²blica de las democracias avanzadas tiende a considerar que la corrupci¨®n est¨¢ bajo control en sus pa¨ªses; sin embargo, los datos nos indican que, cada vez que se baja el compromiso y la denuncia c¨ªvica, la corrupci¨®n avanza y crea los fundamentos para la posible regresi¨®n democr¨¢tica. Los numerosos esc¨¢ndalos pol¨ªticos vinculados a la corrupci¨®n se relacionan de forma directa y fuerte con la desconfianza en las instituciones representativas; m¨¢s a¨²n, el deterioro ¨¦tico en uno de los tres poderes del Estado tiende a afectar a la confianza en los otros. Las democracias necesitan confianza en sus instituciones y necesitan que la ciudadan¨ªa conf¨ªe tambi¨¦n en el respeto a la ley por parte de sus conciudadanos. Perdida la confianza, se abre el camino a la barbarie.

Espa?a este a?o ha perdido un punto (sobre un m¨¢ximo de 100) y retrocede dos puestos en el ranking mundial del IPC, siendo un ejemplo m¨¢s de esta par¨¢lisis en la lucha contra la corrupci¨®n. Este dato se basa en ejemplos claros de la falta de avance en las reformas institucionales prointegridad. Como en tantos pa¨ªses, la lucha contra la pandemia explica este retraso en la adopci¨®n e implementaci¨®n de las reformas necesarias; hab¨ªa otras prioridades. Es cierto, adem¨¢s, que el Gobierno cuenta con planes de reformas en la materia ambiciosos. Pero seguimos sin tener traspuesta la directiva de protecci¨®n a los alertadores de fraude y corrupci¨®n, seguimos sin una ley reguladora de los lobbies, seguimos sin tener un reglamento de la Ley de Transparencia, seguimos sin tener marcos de integridad institucional en nuestras organizaciones p¨²blicas, entre otras reformas que la Uni¨®n Europea y el Greco (Consejo de Europa) nos demandan. Los avances en el c¨®digo de ¨¦tica de las Cortes van unidos a la inexistencia de un sistema de control independiente y de sanciones por el incumplimiento. La justicia sigue politizada y los nombramientos en los ¨®rganos constitucionales y de control son un ejemplo m¨¢s de partidismo y clientelismo decimon¨®nico.

Todo ello, cuando estamos recibiendo la generosa ayuda europea para recuperar nuestra econom¨ªa, transformarla y crear resiliencia para la generaci¨®n pr¨®xima. Merece una valoraci¨®n muy positiva la aprobaci¨®n del Plan Nacional de Recuperaci¨®n, Transformaci¨®n y Resiliencia (PNRTR), pero requiere urgentemente el fortalecimiento de un sistema de prevenci¨®n s¨®lido y actualizado de la corrupci¨®n y el fraude. Ya vamos tarde. Es necesario un urgente consenso para impulsar la agenda legislativa y que este a?o sea el a?o de las reformas prointegridad. Solo as¨ª Espa?a podr¨¢ mejorar en el IPC y acercarse en puntuaci¨®n a los pa¨ªses europeos que lideran el ranking de pa¨ªses con mejor gobernanza del mundo. Nos jugamos nuestro futuro.