A vueltas con el CGPJ

La tan ansiada y urgente renovaci¨®n del CGPJ aparece como la prueba de fuego del posible devenir de la legislatura. Si tuviera ¨¦xito, a¨²n nos quedar¨¢ alguna esperanza de que esta servir¨¢ para algo m¨¢s que para la escenificaci¨®n de un conflicto permanente entre los dos grandes partidos ¨Do entre los bloques, que tanto monta¨D. Contribuir¨ªa tambi¨¦n a aliviar en parte el agravio sentido por el poder judicial ante el nuevo discurso del lawfare, t¨¦rmino que me tomo la libertad de proponer como palabra del a?o. Lo m¨¢s interesante del caso, sin embargo, es que su soluci¨®n puede venir de la interesante propuesta de Vicente Guilarte, presidente suplente del ¨®rgano en cuesti¨®n. Digo que es interesante, porque lo que busca es dejar de hacer atractiva la influencia de la pol¨ªtica sobre dicho organismo. O sea, apartarlo de la codicia de los partidos en su af¨¢n por engullirlo todo. Es tan simple como eso, pero a alguien se le ten¨ªa que ocurrir.

La astuta propuesta, explicada por su protagonista en estas p¨¢ginas, consiste en buscar una tercera v¨ªa entre la designaci¨®n parlamentaria de los vocales del CGPJ, favorecida ahora por el PSOE, y la corporativa, aquella por la que porf¨ªa con contumacia el PP, que tiene el inconveniente de hacer recaer el protagonismo sobre las asociaciones judiciales, nunca libres del todo de sesgos pol¨ªticos y con intereses corporativos espec¨ªficos. Para ello, como no puede ser de otra manera trat¨¢ndose de un jurista, la clave est¨¢ en buscar un procedimiento diferente para la designaci¨®n de los principales cargos judiciales, aquellos por los que los partidos pueden sentir m¨¢s apetito.

Respecto a los presidentes de las audiencias y tribunales superiores de justicia el procedimiento consistir¨ªa en apartar de dichos nombramientos a los vocales del Consejo, que seguir¨ªan dependiendo de designaci¨®n parlamentaria, y atribu¨ªrselos a los jueces de los respectivos territorios, autonom¨ªas o provincias.

M¨¢s compleja parece la designaci¨®n de los miembros del Tribunal Supremo, porque aqu¨ª es tambi¨¦n m¨¢s necesaria la cualificaci¨®n de quienes los designan, deben tener al menos el mismo m¨¦rito y capacidad de los designados, algo dif¨ªcil de conseguir de los 20 miembros del Consejo. Para propiciarlo se tratar¨ªa de instituir una comisi¨®n especializada, presidida por un vocal del CGPJ de la misma categor¨ªa de los que puedan resultar elegidos, e integrado por magistrados de la sala del Tribunal Supremo correspondiente, as¨ª como de especialistas externos a la carrera judicial (abogados del Estado, catedr¨¢ticos, etc¨¦tera). La decisi¨®n sobre el concurso no ser¨ªa arbitraria, ya que habr¨ªa que proceder a una baremaci¨®n objetiva de m¨¦ritos, algo que presupone la creaci¨®n de algo as¨ª como un cursus honorum dentro de la carrera judicial. En todo caso, dado lo golosas que resultan algunas salas del Supremo para la voracidad pol¨ªtica ¨Den particular la Segunda, la de lo Penal¨D, de lo que se trata es de minimizar al m¨¢ximo la influencia de la pol¨ªtica. Quienes ganaran las plazas lo ser¨ªan por sus m¨¦ritos, no por ser ¡°progresistas¡± o ¡°conservadores¡±, aunque sea inevitable que algunos participen de un sesgo u otro.

El CGPJ quedar¨ªa descafeinado, desde luego, pero al menos saldr¨ªa del impase al que est¨¢ sometido y ya amenaza con un verdadero colapso en la renovaci¨®n de cargos judiciales. Al parecer, el PSOE se ha abierto a considerar esta propuesta en las negociaciones con el PP, que hasta ahora sigue sin darse por aludido sobre todo lo referente a la renovaci¨®n del CGPJ. Hasta que no la confronte, toda su pr¨¦dica sobre la necesaria salvaguarda y defensa de las instituciones seguir¨¢ bajo sospecha. En este tipo de cuestiones ya no nos sirven los ¡°y t¨² m¨¢s¡±.