Justicia y pol¨ªtica

El Congreso de los Diputados ha iniciado ya la tramitaci¨®n de la proposici¨®n de ley de amnist¨ªa, la iniciativa m¨¢s controvertida del comienzo de la presente legislatura y la que ha facilitado la investidura de Pedro S¨¢nchez. La futura norma ha desencadenado una virulenta protesta de la oposici¨®n en las instituciones y en la calle, a la que se ha sumado la c¨²pula de importantes ¨®rganos judiciales, que, como nunca antes en democracia, se ha movilizado contra una proposici¨®n sobre la que a¨²n tiene que pronunciarse el poder legislativo.

La cr¨ªtica judicial, encabezada por la conservadora y mayoritaria Asociaci¨®n Profesional de la Magistratura, se ha llenado de vaticinios alejados del rigor que se le supone a un juez. Hablar de una iniciativa presentada en el Parlamento por los cauces reglamentarios y sometida a los controles preceptivos como de ¡°el principio del fin de la democracia¡± o ¡°la derogaci¨®n del Estado de derecho¡± supone desde?ar los procedimientos y garant¨ªas establecidos en los ordenamientos espa?ol y europeo, justo aquellos que los magistrados tienen en su mano salvaguardar.

Los jueces mejor que nadie saben que nuestro Estado de derecho cuenta con todos los instrumentos para que las leyes, que son su fundamento, no conlleven su fin. Si los soberanistas vuelven a delinquir, los tribunales podr¨¢n encausar de nuevo a quienes planteen un desaf¨ªo como el 1-O. Nadie ha derogado el C¨®digo Penal, el art¨ªculo 155 de la Constituci¨®n sigue vigente y utilizar fondos p¨²blicos para fines ilegales sigue estando castigado con penas de c¨¢rcel.

Jueces que tendr¨¢n que aplicar la ley y que instruyen sumarios donde est¨¢n imputados o procesados dirigentes independentistas han hecho pronunciamientos contra una norma todav¨ªa por aprobar. Esos magistrados cuentan con mecanismos para, de aprobarse la ley, impugnarla si consideran que desborda el marco constitucional. Sin embargo, han preferido recurrir a la cr¨ªtica pol¨ªtica.

El presidente suplente del Consejo General del Poder Judicial, Vicente Guilarte, elegido a propuesta del PP, evit¨® pronunciarse sobre un comunicado de sus compa?eros conservadores contra esa misma ley cuando a¨²n se desconoc¨ªa el texto de la proposici¨®n. Prefiri¨® el voto en blanco, pero lanz¨® una advertencia ¨²til para estos tiempos: ¡°Es deseable la falta de injerencia de otros poderes en lo que resulta ser actividad jurisdiccional y, paralelamente, lo es tambi¨¦n el que desde el Consejo General del Poder Judicial evitemos la injerencia en la actividad pol¨ªtica¡±. Ayer mismo, adem¨¢s, publicaba en EL PA?S una tribuna con propuestas para ¡°diluir la tensi¨®n¡± y evitar el inter¨¦s de los partidos en controlar el CGPJ.

La injerencia judicial de estos d¨ªas en la actividad pol¨ªtica es inaceptable, m¨¢s a¨²n si pensamos que el mandato del Consejo caduc¨® en 2018 ¡ªma?ana se cumplen cinco a?os exactamente¡ª y permanece sin renovar debido al bloqueo impuesto por el Partido Popular, que de esta manera contraviene tanto lo ordenado por la Constituci¨®n espa?ola como las advertencias de la Uni¨®n Europea, y da lugar a lo que el presidente en funciones del Tribunal Supremo, Francisco Mar¨ªn, calific¨® durante la apertura del a?o judicial, el 7 de septiembre, de panorama ¡°desolador¡±.

Alberto N¨²?ez Feij¨®o tiene la responsabilidad de desbloquear la que es sin duda la clave de b¨®veda del estado de la justicia en Espa?a, una instituci¨®n sostenida en medio de la precariedad por cientos de jueces que desempe?an su labor a diario con toda profesionalidad. Resulta sorprendente que los representantes del mundo judicial no hayan empleado en el desbloqueo la misma energ¨ªa que contra una proposici¨®n de ley.

Por su parte, el presidente del Gobierno ha contestado a la ofensiva pol¨ªtico-judicial conservadora, que dura ya cinco a?os, tomando tambi¨¦n decisiones err¨®neas que no han contribuido a mejorar la imagen de la justicia. De entrada, eligi¨® como fiscal general del Estado a Dolores Delgado, exministra de Justicia suya y diputada socialista. Sembr¨® as¨ª una sospecha de parcialidad que ha llevado al actual fiscal general, ?lvaro Garc¨ªa Ortiz, a recibir un varapalo del Tribunal Supremo por ascender a Delgado, su antecesora en el cargo, al rango de fiscal de sala del Supremo en una clara ¡°desviaci¨®n de poder¡±.

Pedro S¨¢nchez eligi¨® tambi¨¦n como parte de la cuota del Gobierno para el Tribunal Constitucional a otro exministro de Justicia de su Gabinete, Juan Carlos Campo, que para motivar los indultos a los encarcelados del proc¨¦s argument¨®, entre otras cosas, que la amnist¨ªa era inconstitucional. Ahora Campo se ha abstenido y volver¨¢ a hacerlo en las deliberaciones sobre los recursos que puedan presentarse contra la ley de amnist¨ªa. Para ese ¨®rgano tambi¨¦n se eligi¨® a Laura D¨ªez, ex alto cargo del Ministerio de Presidencia, sobre la que pesan amenazas de recusaci¨®n por el mismo motivo. Nombramientos que con sus obligadas abstenciones o el riesgo de recusaciones han hecho un flaco favor a la imagen del Constitucional en un momento en que los ataques a ese tribunal desde todos los frentes conservadores son desproporcionados e interesados.

Algunos miembros del poder judicial han planteado una batalla contra los poderes legislativo y ejecutivo llena de acusaciones que quiebran la imparcialidad de la justicia. Los jueces no deber¨ªan interferir en la labor del Parlamento pronunci¨¢ndose preventivamente sobre una ley que, de aprobarse, tendr¨¢n que aplicar. El Ejecutivo, por su parte, no debe tomar decisiones que deterioren la imagen de instituciones de cuyo funcionamiento depende nuestro Estado de derecho.

Que el PP haya nombrado militantes populares y juristas pr¨®ximos al partido ¡ªentre otros, Andr¨¦s Ollero, elegido magistrado del Tribunal Constitucional tras ejercer como diputado, o Carlos Lesmes, alto cargo en el Ministerio de Justicia y luego presidente del Supremo¡ª es lo que justamente nos ha tra¨ªdo a la situaci¨®n actual, pero la senda para revertirla no debe ser que el PSOE imite al PP. La oposici¨®n no puede seguir vulnerando la Constituci¨®n e impidiendo la renovaci¨®n del CGPJ. Cualquier soluci¨®n pasa por renovarlo. No habr¨¢ discurso, por grandilocuente que sea, sobre la salud de la democracia en Espa?a con un m¨ªnimo de credibilidad mientras no se proceda a esa renovaci¨®n.