Bochorno institucional

La reciente investidura del presidente del Gobierno de Espa?a, y la constituci¨®n del mismo, est¨¢n dado lugar a un muy duro enfrentamiento de los partidos de la oposici¨®n de derechas, a los que se han unido no solo ciudadanos en la calle ¡ªalgo propio de las sociedades democr¨¢ticas, aunque repudiable cuando se transforma en expresiones violentas¡ª, sino, lo que es sorprendente e inaceptable, instituciones como el Consejo General del Poder Judicial, dirigido por un grupo de vocales con el mandato caducado desde hace cinco a?os que corresponde a la mayor¨ªa parlamentaria de entonces. Esto ha dado pie a que ¨®rganos de gobierno de tribunales y altos funcionarios del Estado act¨²en tambi¨¦n cr¨ªticamente contra el Gobierno y los partidos pol¨ªticos, no desde su posici¨®n de ciudadanos libres, sino ampar¨¢ndose y haciendo gala del escudo de los cuerpos e instituciones a los que pertenecen.

Verg¨¹enza ajena y bochorno institucional producen esos miembros del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) que, conscientes de su situaci¨®n precaria, est¨¢n prestos a actuar en la vida pol¨ªtica como actores privilegiados, permiti¨¦ndose adoptar decisiones, emitir informes improcedentes y no solicitados sobre proposiciones de ley a¨²n no estudiadas ni debatidas, para convertirse en actores pol¨ªticos decididos a derribar al Gobierno, da?ando gravemente a las instituciones y a las personas que en ese momento las representan.

Estas actitudes del CGPJ han alentado comportamientos ins¨®litos de ¨®rganos de gobierno de tribunales que, a trav¨¦s de salas de gobierno o de juntas de jueces, se han manifestado p¨²blicamente interviniendo en la actuaci¨®n del Legislativo con referencia a leyes a¨²n no tramitadas. Y tambi¨¦n muy grave es la presencia de jueces, fiscales y letrados de la Administraci¨®n de Justicia, cuerpos de ¨¦lite de la Administraci¨®n del Estado encargados de ejercer el poder judicial, permiti¨¦ndose manifestar su disconformidad con el Gobierno y con el poder legislativo, con censuras a las puertas de los palacios de justicia, revestidos pomposamente con las togas y las pu?etas de lo que consideran ¡°su poder¡±, con la capacidad de opinar sobre una futura ley que, como establece la Constituci¨®n, solo est¨¢ sujeta a la revisi¨®n de constitucionalidad que le corresponde al Tribunal Constitucional una vez promulgada.

Desde una perspectiva democr¨¢tica, causa verg¨¹enza ajena ver las im¨¢genes en las que la pomposidad y la exhibici¨®n de ¡°poder¡± descalifican a sus portadores. O leer los comunicados de algunos ¨®rganos de gobierno de tribunales. Todo ello pone en grave riesgo ante los ciudadanos la percepci¨®n de imparcialidad debida en el ejercicio de sus actos.

Porque el ¡°poder¡± de que hacen gala solo lo tienen unos al ejercer la jurisdicci¨®n firmando las resoluciones y solo en ese momento; otros, ejerciendo la acci¨®n p¨²blica y los otros con el poder de la fe p¨²blica judicial, porque les ha sido delegado. Este poder no les pertenece. Pertenece al pueblo que se lo delega, ese pueblo que ha votado en las elecciones, ha designado a los representantes para elaborar las leyes con las que ellos han de resolver los conflictos sociales, pero que utilizan, con un punto de soberbia como en este caso, para enmendar una proposici¨®n antes de que nazca, pretendiendo estar por encima del pueblo y de sus leg¨ªtimos representantes, frente a las instituciones del Estado democr¨¢tico.

Tal vez pase desapercibida la gravedad del hecho de que estos altos funcionarios del Estado se apropien de lo que es la esencia de la democracia y utilicen su privilegiada posici¨®n para atacar al poder legislativo y al Ejecutivo, simplemente porque parece no gustarles su leg¨ªtimo ejercicio. Naturalmente que tienen libertad de expresi¨®n y cr¨ªtica, pero en la calle como el resto de los ciudadanos o a trav¨¦s de las organizaciones profesionales, pero nunca revestidos de sus togas, en la puerta de sus sedes o en el seno de las instituciones que son de todos, en claro desaf¨ªo corporativo, apropi¨¢ndose de lo que no les corresponde.

Y en el marco de esta situaci¨®n de acoso pol¨ªtico hay que a?adir otra actuaci¨®n m¨¢s de esos miembros del CGPJ con el mandato caducado, esta vez con motivo de la renovaci¨®n para el cargo de fiscal general del Estado a propuesta del Gobierno. En efecto, los art¨ªculos 124.4 de la Constituci¨®n Espa?ola y 560.1.4? y 599.1.2? de la Ley Org¨¢nica del Poder Judicial regulan el tr¨¢mite de audiencia preceptiva sobre la propuesta de nombramiento de fiscal general. Y, aunque en este caso no se trata de nombramiento, sino de renovaci¨®n, la ley establece los requisitos, que no son otros que tratarse de un jurista espa?ol de reconocido prestigio con m¨¢s de 15 a?os de ejercicio efectivo de su profesi¨®n. Sin duda, ambos requisitos los cumple sobradamente el candidato. Adem¨¢s, estos mismos requisitos ya hab¨ªan sido valorados y, en consecuencia, el candidato fue declarado id¨®neo, por este mismo Consejo General del Poder Judicial hace algo m¨¢s de un a?o cuando fue nombrado para el cargo. Es decir, manteniendo exactamente los mismos requisitos del momento de su nombramiento ahora, al ser renovado, ese grupo de vocales, abusando de una mayor¨ªa caducada, se pronuncian para argumentar lo contrario, que parece ser coincidente con los intereses de la oposici¨®n pol¨ªtica. Algo incomprensible, pero que se admite como si fuese normal en esta batalla contra el Gobierno legalmente constituido y en el ejercicio de sus funciones.

Y en este punto no se puede obviar el factor humano, el de las personas que al frente de las instituciones sufren el ataque personal, profesional e institucional derivado de tales comportamientos.

Desde el CGPJ se ataca la propuesta y se ataca a la persona que propone el Gobierno. Parece ser que, adem¨¢s de servir a objetivos pol¨ªticos inmediatos, con este ataque lo que se pretende es que en el Ministerio Fiscal no quepa una interpretaci¨®n progresista del inter¨¦s p¨²blico y del inter¨¦s social a que viene obligado constitucionalmente. Esta ha sido una batalla interna que han tenido que soportar los dos ¨²ltimos fiscales generales propuestos por el Gobierno de izquierdas: Dolores Delgado y ahora ?lvaro Garc¨ªa Ortiz. Ambos han sufrido y sufren toda clase de ataques y descalificaciones, incluso desde sectores conservadores de dentro de la propia carrera fiscal, como nunca ha sufrido ning¨²n otro fiscal general. Y todo ello porque su manera de dirigir la instituci¨®n no es satisfactoria para algunos y porque la interpretaci¨®n del inter¨¦s p¨²blico y el inter¨¦s social que consideran que debe defender el Ministerio Fiscal sin duda pugna con los intereses pol¨ªticos, de clase, econ¨®micos o simplemente de concepci¨®n del derecho positivo que sostienen quienes les atacan con finalidad pol¨ªtica. Una situaci¨®n lamentable que no debe pasar desapercibida para entender determinadas actitudes.

Por eso, creemos que esta sociedad, y especialmente en este momento, no debe descuidar el respeto, y singularmente deben ser cuidadosos aquellos que ocupan altas responsabilidades. Respeto a la democracia y a sus instituciones, respeto al adversario pol¨ªtico y, sobre todo, respeto a y entre las personas que componemos el universo social base de la convivencia de un pa¨ªs.