Chau Donald, Mickey ... y dem¨¢s

Las amenazas a la democracia en Am¨¦rica Latina son hoy diferentes a las de antes. Pero son muy serias y est¨¢n vivitas y coleando. A trav¨¦s de rutas distintas, dentro del contexto de ¡°recesi¨®n democr¨¢tica¡±, como se califica a la actual situaci¨®n de la regi¨®n en el ¨²ltimo informe de Latinobar¨®metro. Tambi¨¦n son novedosas ciertas reacciones internacionales ante algunas de estas ¡°recesiones¡±.

Esta recesi¨®n remite a institucionalidades democr¨¢ticas d¨¦biles o amenazadas, desde dentro y fuera, esencialmente por la corrupci¨®n dentro de aparatos del Estado. El poder pol¨ªtico usado, pues, como herramienta de la corrupci¨®n en dimensiones y extensiones gangrenosas m¨¢s grandes y expansivas que en el pasado.

Dentro de esa ¡°recesi¨®n democr¨¢tica¡± destacan dos componentes.

De un lado, la prevalencia de reg¨ªmenes pol¨ªticos surgidos de elecciones, s¨ª, pero problem¨¢ticos porque en algunos de ellos la corrupci¨®n y el crimen organizado han pasado a ser piezas integrantes o interactuantes con el poder pol¨ªtico.

En segundo lugar, un ordenamiento internacional que no se encuentra pintado en la pared y que es factor pol¨ªticamente actuante en los procesos institucionales. Va desde decisiones de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, de obligatorio cumplimiento, hasta se?alamientos sustantivos provenientes de pa¨ªses democr¨¢ticos que pueden tener impacto concreto en quienes sacan los pies del plato democr¨¢tico.

En estos d¨ªas han estado prioritariamente sobre el tapete procesos democr¨¢ticos amenazados desde dentro por la corrupci¨®n o el autoritarismo en Guatemala y Per¨².

En el primer pa¨ªs, especialmente frente a las distintas movidas atribuidas al llamado Pacto de los Corruptos, a la super-poderosa fiscal general, Mar¨ªa Consuelo Porras y a sus contrapartes en el Congreso. A la fiscal se le sindica, entre otras cosas, de haber sido factor de acoso a jueces y fiscales anticorrupci¨®n en Guatemala, decenas de los cuales han tenido que asilarse en EE UU.

Fuerzas provenientes de esos espacios son las que pretenden bloquear la asunci¨®n al Gobierno por Bernardo Ar¨¦valo, elegido democr¨¢ticamente. La OEA resolvi¨® la semana pasada aplicar a Guatemala la Carta Democr¨¢tica Interamericana y el Gobierno de EE UU, por su lado, le retir¨® la visa a 300 pol¨ªticos, congresistas y representantes del sector privado guatemaltecos y sus familiares por ¡°socavar la democracia y el Estado de derecho¡±.

En Per¨² no parece haber un Pacto de los Corruptos formalizado, pero s¨ª una situaci¨®n crecientemente parecida. Con lo que el impedimento a m¨¢s de 300 guatemaltecos vinculados al pacto para viajar a EE UU y visitar, por ejemplo, interlocutores que podr¨ªan ser de su preferencia como al rat¨®n Mickey y a Donald en Florida, se podr¨ªa perfectamente extender a decenas de congresistas del Per¨², y dem¨¢s pol¨ªticos y empresarios de sus entornos, involucrados en corrupci¨®n o en el servicio irregular a intereses privados. ¡°Donde hay la misma raz¨®n prima el mismo derecho¡±, reza un dicho conocido.

Con la legitimidad de Congreso y del Gobierno en un raqu¨ªtico d¨ªgito en Per¨², el entorno institucional se ha visto remecido por redes criminales o al servicio de intereses privados operadas por congresistas. En la perspectiva, tambi¨¦n hay una confrontaci¨®n con la comunidad internacional. Entre otras cosas, por la negativa a cumplir una decisi¨®n obligatoria de la Corte Interamericana, tal como fue comunicado por el Gobierno peruano a la Corte la semana pasada.

Son muchos, pero hay dos factores que han sido cruciales y concurrentes en este grave deterioro institucional en Per¨².

De un lado, la presunta organizaci¨®n criminal que habr¨ªa construido la cuestionada fiscal, Patricia Benavides (hoy suspendida por la Junta Nacional de Justicia). Ella no solo habr¨ªa montado una red il¨ªcita para favorecerla, sino que acorral¨® y removi¨® al equipo de fiscales anticorrupci¨®n que ven¨ªa investigando diligentemente casos como el de la Lava Jato y otros graves actos de corrupci¨®n transnacional.

Por el otro, el poder legislativo unicameral. Operando para el propio beneficio de sus integrantes, en contra de intereses nacionales fundamentales y a favor de intereses particulares. Presidido por un condenado -por estafa- por la justicia penal y con decenas de congresistas bajo investigaciones penales, aletargadas muchas de ellas gracias a la benevolencia de la hoy suspendida fiscal de la naci¨®n.

Como si esa complicidad fiscal/congresistas no bastara -?oh casualidad!- adoptan pasos en el Congreso para aliviar las ¡°inc¨®modas¡± investigaciones sobre corrupci¨®n. Por ejemplo, perpetrando una ley -la semana pasada- que diluye la ¨²til herramienta procesal de la colaboraci¨®n eficaz que tan buen resultado ha dado en las investigaciones anticorrupci¨®n en Per¨² en los ¨²ltimos cinco a?os. Marcan una ruta de salvataje e impunidad para los investigados -en el Congreso o fuera de ¨¦l. Fiel calco del Pacto de los Corruptos de Guatemala.

En paralelo, el uso del poder parlamentario para terminar de arrasar con la foresta amaz¨®nica, en descarado y grosero beneficio de intereses particulares y en grave afrenta al medio ambiente y a los intereses de la poblaci¨®n. El paso m¨¢s reciente: la crucial Ley Forestal y de Fauna Silvestre, adoptada la semana pasada, con la opini¨®n contraria del Ejecutivo, luego de un ¡°largo debate¡± de 10 minutos. Despu¨¦s de Brasil, Per¨² le sigue en espacio de bosques amaz¨®nicos.

La ley aprobada, dentro de un marco visible de presi¨®n y lobby de intereses privados, suspende la zonificaci¨®n forestal, excluye al ministerio de Agricultura (que conduc¨ªa esa zonificaci¨®n) y elimina el procedimiento de autorizaciones de cambio de uso en zonas privadas, que era una herramienta de protecci¨®n contra la tala irregular.

Las inmensas zonas de bosque ya deforestadas se van a privatizar legitimando la masiva e ilegal deforestaci¨®n de m¨¢s de 140.000 hect¨¢reas producidas en los ¨²ltimos a?os por tala ilegal, miner¨ªa ilegal y narcotr¨¢fico. Ley nefasta al servicio de intereses particulares cuando ya Per¨² es el tercer pa¨ªs (despu¨¦s de Brasil y Bolivia) en ¨¢reas amaz¨®nicas deforestadas. Un ¡°todo vale¡± gracias a un Congreso plagado de personas encausadas por la justicia penal.

Con el antecedente de las medidas punitivas sobre congresistas, pol¨ªticos y empresarios de Guatemala, no ser¨ªa raro que el Gobierno estadounidense estudie y considere, en su momento, una decisi¨®n semejante en Per¨² a ciertos pol¨ªticos, congresistas y empresarios por ¡°socavar la democracia y el Estado de derecho¡±. A ello se podr¨ªan sumar reacciones interamericanas contundentes por el rechazo del Gobierno de Per¨² a cumplir decisiones vinculantes de la Corte Interamericana de Derechos Humanos.

?Chau Donald y Mickey? ?Forever?

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