Activismo clim¨¢tico

La creciente conciencia del desaf¨ªo que afronta la humanidad por la amenaza clim¨¢tica va pareja en los ¨²ltimos a?os a un activismo que busca en acciones pol¨¦micas ¡ªataques a obras de arte en museos, lanzamiento de pintura a sedes de instituciones y monumentos o cortes de carreteras¡ª una nueva forma de llamar la atenci¨®n de la opini¨®n p¨²blica y exigir a las autoridades que act¨²en.

En paralelo, varios pa¨ªses de Europa han endurecido las actuaciones policiales ¡ªy en ocasiones judiciales¡ª contra unas protestas que sus autores defienden como formas de desobediencia civil. La semana pasada, la Polic¨ªa espa?ola anunci¨® la detenci¨®n de 22 miembros del grupo ecologista Futuro Vegetal, en una operaci¨®n desarrollada en diciembre en 11 provincias tras varios meses de investigaci¨®n. Se les acusa de delitos como pertenencia a organizaci¨®n criminal por hechos tales como adherirse con pegamento al marco de las majas de Goya en el Museo del Prado o bloquear un tramo de la M-30, en Madrid.

La desobediencia civil es una forma leg¨ªtima de protesta reconocida internacionalmente siempre que no sea violenta. El ecologismo radical ha de ser consciente de que vandalizar un cuadro o cortar una carretera o los accesos a un aeropuerto vulnera derechos de los ciudadanos y de que, sobre todo en el caso de ataques a bienes culturales, puede producir en la opini¨®n p¨²blica el efecto contrario del que se pretende. La bondad de un fin o la justicia de una causa ¡ªy pocas pueden ser hoy m¨¢s defendibles que la lucha contra el cambio clim¨¢tico¡ª no justifica cualquier medio ni valida cualquier acto.

Con igual proporcionalidad deben responder las autoridades a colectivos cuyas acciones cuesta calificar de violentas. El C¨®digo Penal ya establece con claridad la actuaci¨®n contra las protestas que no sean pac¨ªficas, sin tener que buscar preventivamente delitos en el activismo medioambiental. El desarrollo de la causa contra Futuro Vegetal permitir¨¢ establecer hasta qu¨¦ punto es razonable acusar a sus miembros de integrar una organizaci¨®n criminal. La reforma del C¨®digo, que entr¨® en vigor hace un a?o para agravar la tipificaci¨®n de los des¨®rdenes p¨²blicos, debe aplicarse con la debida proporci¨®n. Criminalizar cualquier expresi¨®n de cr¨ªtica no es el camino, y menos en un pa¨ªs donde hemos asistido a un acoso casi constante a las sedes de un partido pol¨ªtico, entre amenazas de muerte y muestras de odio de compleja respuesta judicial.

Fue un error de la Fiscal¨ªa de la Audiencia Nacional incluir el ecologismo radical bajo el ep¨ªgrafe de amenazas ¡°terroristas¡± en su ¨²ltima memoria anual, decisi¨®n que poco despu¨¦s el fiscal general del Estado, ?lvaro Garc¨ªa, reconoci¨® como improcedente. El derecho a la protesta, b¨¢sico en toda democracia, tiene como l¨ªmites los que marca la ley. A los jueces corresponde aplicarla de forma proporcionada.