Detenciones, peticiones de c¨¢rcel y leyes m¨¢s duras: la presi¨®n al activismo clim¨¢tico crece en Espa?a y Europa
Europol alerta del riesgo de que parte del movimiento se vuelva violento, la Polic¨ªa Nacional detiene a 22 miembros de Futuro Vegetal en pocas semanas y el ecologismo denuncia el intento de criminalizaci¨®n
Las protestas clim¨¢ticas no dejan de aumentar en Europa, espoleadas por el aumento de temperatura del planeta, y se vuelven cada vez m¨¢s disruptivas: cortes en carreteras y puentes, ocupaci¨®n de aeropuertos, boicoteo de grandes eventos... Las protagonizan nuevas organizaciones alejadas del ecologismo cl¨¢sico, que usan la desobediencia civil pac¨ªfica para exigir frenar ya la emergencia clim¨¢tica y que ejecutan algunas acciones pol¨¦micas como, por ejemplo, ataques a obras de arte o monumentos. Como respuesta, ha aumentado la presi¨®n de las autoridades contra este tipo de activismo: en Espa?a, la polic¨ªa ha detenido en las ¨²ltimas semanas a 22 miembros de Futuro Vegetal, acusados de organizaci¨®n criminal, y ha informado de ello con el mismo lenguaje que usa ante organizaciones mafiosas o delictivas. Mientras, la Fiscal¨ªa pide 21 meses de c¨¢rcel para 15 personas que protestaron ante el Congreso en 2022 con pintura biodegradable. En la misma l¨ªnea, el Reino Unido y Alemania han endurecido normas que regulan las manifestaciones ¡ªvarios activistas brit¨¢nicos est¨¢n ya en prisi¨®n¡ª, mientras otros pa¨ªses se apoyan en leyes pensadas para protestas violentas o terrorismo. A la vez, Europol alerta a las polic¨ªas europeas del riesgo de que el activismo clim¨¢tico se vuelva violento.
Los ecologistas denuncian un intento de criminalizar el movimiento, con la extrema derecha como punta de lanza. En Espa?a, Vox ha calificado como ¡°ecoterroristas¡± a organizaciones como Greenpeace, y se ha querellado contra las activistas de Futuro Vegetal que se pegaron a los marcos de Las Majas de Goya en el Museo del Prado por delitos sobre el patrimonio, resistencia, desobediencia y des¨®rdenes p¨²blicos, entre otros. ¡°Son tontos ¨²tiles de los multimillonarios globalistas que tanto inter¨¦s tienen en empobrecer las econom¨ªas nacionales, difundiendo miedo, como fan¨¢ticos religiosos. Estos actos terroristas contra el patrimonio art¨ªstico deber¨ªan estar m¨¢s castigados penalmente¡±, ha arremetido la formaci¨®n ultra.
Es algo que tambi¨¦n preocupa a Michel Forst, el primer relator especial de Naciones Unidas para los defensores del medio ambiente: ¡°No solo existe el riesgo de represi¨®n de los defensores del medio ambiente en toda Europa: se trata de una tendencia ya existente ¡ªy preocupante¡ª, que no parece haberse librado de Espa?a¡±, explica a EL PA?S. Y a?ade: ¡°A trav¨¦s de mis visitas a muchos pa¨ªses europeos en el ¨²ltimo a?o, incluida Espa?a, he tenido la oportunidad de evaluar el alcance de esta represi¨®n. He visto c¨®mo se comparaba a manifestantes ecologistas pac¨ªficos con terroristas, o c¨®mo se les encarcelaba hasta tres a?os simplemente por ejercer su derecho a protestar. Tambi¨¦n he recibido muchos informes sobre movimientos ecologistas y manifestantes sometidos a vigilancia, escuchas telef¨®nicas o redadas en sus domicilios: aunque el uso de la delincuencia organizada o de las leyes antiterroristas contra los movimientos ecologistas dista mucho de ser algo nuevo, me preocupa enormemente esta forma creciente de criminalizaci¨®n¡±.
El temor de los activistas es que esa criminalizaci¨®n permee en las instituciones y, por ello, alzaron la voz despu¨¦s de que la Fiscal¨ªa de la Audiencia Nacional introdujese al ¡°ecologismo radical¡± bajo el ep¨ªgrafe de amenazas ¡°terroristas¡± en su memoria anual de dos ejercicios consecutivos (2022 y 2023), se?alando expl¨ªcitamente a Extinction Rebellion (XR) y Futuro Vegetal. Una inclusi¨®n que el propio fiscal general del Estado, ?lvaro Garc¨ªa Ortiz ¡ªquien fue fiscal delegado de Medio Ambiente en Galicia e impuls¨® la acusaci¨®n en el caso Prestige¡ª, se comprometi¨® despu¨¦s a corregir. ¡°Asumimos que la menci¨®n de estos grupos en ese apartado no resulta procedente¡±, apunt¨® el jefe del ministerio p¨²blico en una carta, donde admiti¨® ¡°lo necesario que resulta el activismo ambiental para avanzar en la imprescindible protecci¨®n del medio ambiente en su sentido m¨¢s amplio¡±.
Sin embargo, los ecologistas no se f¨ªan. ¡°La Fiscal¨ªa dijo que cambiar¨ªa esa denominaci¨®n, pero en la pr¨¢ctica la polic¨ªa est¨¢ deteniendo a activistas consider¨¢ndolos organizaci¨®n criminal¡±, dice In¨¦s D¨ªez, abogada de Greenpeace, que alerta adem¨¢s de que la ¨²ltima reforma del C¨®digo Penal aprobada hace un a?o es un cambio legal que puede aplicarse contra los activistas: ¡°La reforma del art¨ªculo 557 para incluir los des¨®rdenes p¨²blicos agravados puede suponer penas de tres a cinco a?os [de prisi¨®n]. Todav¨ªa no hay ning¨²n escrito de acusaci¨®n que pida esto, pero durante este a?o habr¨¢ algunos juicios y tememos que se pueda aplicar a estas protestas¡±.
Fuentes de la Fiscal¨ªa insisten en que no hay ninguna causa judicial abierta por terrorismo en la Audiencia Nacional contra estos grupos y admiten que es excesivo enmarcar las actuaciones desarrolladas hasta hoy por estos colectivos como delitos de terrorismo. Seg¨²n se excusan, su inclusi¨®n en ese ep¨ªgrafe de la memoria se debi¨® a un automatismo derivado de que las Fuerzas de Seguridad del Estado los introdujeron en el paquete de an¨¢lisis y datos que enviaron a la Fiscal¨ªa de la Audiencia Nacional sobre amenazas terroristas. Los equipos de Informaci¨®n de estos Cuerpos (especializados tradicionalmente en la lucha contra ETA) han comenzado a investigar al ¡°ecologismo radical¡± dentro de su labor ¡°de prevenci¨®n y vigilancia¡±, ante el temor de que grupos violentos puedan aprovechar las actuaciones de estos colectivos para infiltrarse y provocar, recalcan esas fuentes.
Una activista: ¡°Me despert¨¦ con la polic¨ªa aporreando mi caravana¡±
En cualquier caso, la Fiscal¨ªa de Madrid ya solicita penas de c¨¢rcel para activistas clim¨¢ticos: 15 de los miembros de Rebeli¨®n Cient¨ªfica que protestaron manchando con pintura biodegradable el Congreso se enfrentan a una petici¨®n de 21 meses. Uno de ellos es Javier de la Casa, cient¨ªfico del Creaf (Centro de Investigaci¨®n Ecol¨®gica y Aplicaciones Forestales, un centro p¨²blico): ¡°No hay novedades sobre el caso, todav¨ªa no tenemos fecha para el juicio. Est¨¢ claro que este tipo de acusaciones y las recientes detenciones son una forma de criminalizar protestas pac¨ªficas, para que la gente no las apoye¡±.
Adem¨¢s, durante el pasado diciembre, la Polic¨ªa Nacional detuvo a 22 miembros de Futuro Vegetal, bajo la acusaci¨®n de ser una organizaci¨®n criminal. Se suman a otros tres detenidos unos meses antes. Los agentes indagan sus fuentes de financiaci¨®n y les atribuyen da?os por m¨¢s de medio mill¨®n de euros. La m¨¦dica y activista Mar Gonz¨¢lez fue arrestada dos veces en Espa?a y otra vez m¨¢s en Francia: ¡°Me despert¨¦ una ma?ana con la polic¨ªa aporreando mi caravana y todav¨ªa tengo pesadillas con eso. Pero tengo m¨¢s miedo al futuro desolador que nos espera si no frenamos el cambio clim¨¢tico, y eso me hace seguir moviliz¨¢ndome¡±.
Y a?ade: ¡°Las fuerzas del orden pretenden silenciarnos porque estamos poniendo sobre la mesa un problema grave que tenemos todos, y nuestras acciones van contra el inter¨¦s de las grandes corporaciones. Quieren criminalizarnos para que no se sume m¨¢s gente a las protestas y que no sigamos denunciando esta injusticia¡±. Coincide Bilbo Bassaterra, otro de los detenidos: ¡°Somos una organizaci¨®n que hace protestas no violentas para que se tomen medidas contra la crisis clim¨¢tica. Los supuestos delitos que nos atribuyen son muy cuestionables. De hecho, no tenemos por ahora ninguna sentencia condenatoria¡±.
Bajo la lupa de Europol: detenciones y multas cuantiosas en Europa
El celo de la polic¨ªa espa?ola coincide con la l¨ªnea marcada en toda Europa por las fuerzas de seguridad, reflejada en el ¨²ltimo informe de Europol sobre la situaci¨®n y tendencia del terrorismo en la Uni¨®n Europea. Bajo el ep¨ªgrafe ¡°extremismo¡±, este dosier le dedica un apartado a los movimientos medioambientales: ¡°La l¨ªnea entre el activismo ambiental y el extremismo ambiental es a menudo confusa, pero algunas de las narrativas de los activistas ambientales podr¨ªan tener la potencia de incitar a la violencia entre los extremistas¡±. Europol revela que algunos Estados miembros temen que la ¡°radicalizaci¨®n¡± de un sector de estos grupos se traduzca en una deriva ¡°hacia la actividad terrorista y violenta, posiblemente llevada a cabo por grupos clandestinos¡±. Igualmente, se?ala sus presuntas conexiones con ¡°otros fen¨®menos del extremismo, sobre todo con los de izquierdas y con los extremistas anarquistas¡±.
Line Niedeggen, de Climate Activist Defenders ¡ªuna ONG que defiende a activistas clim¨¢ticos por todo el mundo¡ª, responde as¨ª: ¡°Lo que estamos viendo en Europa es una continuaci¨®n de lo que lleva pasando muchos a?os en el Sur Global. Los Estados tienen que proteger el capital y las infraestructuras que est¨¢n produciendo esta injusticia clim¨¢tica. As¨ª que ahora estamos viendo muchas leyes para reprimir a este tipo de activistas. En Alemania se est¨¢n cambiando leyes regionales en los Estados para aumentar la represi¨®n. Y la gente que bloque¨® el aeropuerto de Berl¨ªn se enfrenta a penas de millones de euros¡±.
Las protestas de Letzte Generation (?ltima Generaci¨®n) en Alemania han dejado ya un reguero de condenas judiciales y cuantiosas multas, y la polic¨ªa los considera sospechosos de organizaci¨®n criminal. La mayor¨ªa son cortes de carreteras, aunque tambi¨¦n han pintado de naranja dos veces la Puerta de Brandemburgo, da?ando el patrimonio. Christian Bergemann, portavoz del colectivo, explica: ¡°Ha habido miles de arrestos en protestas pac¨ªficas. Adem¨¢s, un centenar de personas fueron detenidas de forma preventiva durante varios d¨ªas en Fr¨¢ncfort, Hamburgo y Baviera para impedir su participaci¨®n en protestas¡±. Es el caso del propio Bergemann, que pas¨® por prisi¨®n preventiva. ¡°Casi veinte personas han sido condenadas a penas de prisi¨®n, una decena de ellas sin libertad condicional. La condena m¨¢s dura hasta ahora ha sido la de ocho meses para una persona que hab¨ªa participado en tres cortes de carreteras, aunque todav¨ªa se puede apelar¡±, se?ala el portavoz.
Otro de los procesados en Alemania es el cient¨ªfico espa?ol Mauricio Misquero, que ha participado en acciones de Rebeli¨®n Cient¨ªfica en aquel pa¨ªs. ¡°En 2022 hicimos varias acciones en M¨²nich, como bloquear una calle y entrar al Museo de BMW ante coches lujosos. Nos metieron en prisi¨®n provisional durante una semana. Y ahora nos enfrentamos a un juicio en el que nos piden miles de euros de multa, que si no pagas se convierte en c¨¢rcel. Ya han juzgado a varios y la sentencia ha sido de 1.200 euros de multa a cada uno¡±. Misquero ha participado tambi¨¦n en acciones de Futuro Vegetal en Espa?a, y tambi¨¦n ha sido detenido aqu¨ª. ¡°Todos los pa¨ªses de Europa est¨¢n agudizando la represi¨®n a los grupos m¨¢s activos de desobediencia civil¡±, dice.
Un caso sangrante es el del Reino Unido, donde varios activistas de Just Stop Oil cumplen penas de prisi¨®n por este tipo de protestas ¡ªla organizaci¨®n no sabe precisar cu¨¢ntos¨C. Marcus Decker y Morgan Trowland han sido condenados a casi tres a?os por colgarse de un puente de Londres ¡ªque hubo que cerrar al tr¨¢fico¡ª, en la que se considera la sentencia m¨¢s larga por una protesta pac¨ªfica. Mike Lynch-White fue condenado a casi dos a?os por otras dos acciones. Paralelamente, varios activistas han sido enviados a prisi¨®n por cortar el tr¨¢fico de diferentes urbes brit¨¢nicas, y no solo j¨®venes: Stephen Gingell, de 57 a?os, acaba de ser condenado a seis meses por cortar una calle de M¨¢nchester.
En Francia, el Ejecutivo se est¨¢ apoyando en leyes creadas hace dos a?os para frenar el islamismo radical para tratar de ilegalizar y disolver al movimiento Les soul¨¨vements de la terre (Los levantamientos de la tierra), que incluye numerosos grupos por todo el pa¨ªs, seg¨²n explica un portavoz que pide anonimato. La justicia ha revocado esa decisi¨®n. ¡°Adem¨¢s, hay al menos una persona en la c¨¢rcel por la manifestaci¨®n contra las megabalsas del a?o pasado, y mucha gente tiene medidas cautelares por acciones contra empresas de hormig¨®n. De hecho, hay una instrucci¨®n antiterrorista por esas acciones¡±, a?ade
En Italia, Ultima Generazione se enfrenta a varios juicios, tal y como explica una portavoz, Simona Bussi: ¡°Dos miembros de la organizaci¨®n que protestaron en los Museos Vaticanos han sido sentenciados a nueve meses de c¨¢rcel y a una multa de 1.500 euros, aunque por ahora la sentencia est¨¢ suspendida a la espera de la apelaci¨®n. Tambi¨¦n se enfrentan a una petici¨®n de da?os de 28.000 euros¡±. Adem¨¢s, ¡°han detenido a 15 activistas que tienen medidas cautelares, como la obligaci¨®n de firmar cada d¨ªa en la comisar¨ªa, y a otros 13 se les mantuvo en prisi¨®n durante tres d¨ªas antes de ir a juicio por cortar una carretera¡±. Quienes realizan protestas sin autorizaci¨®n se enfrentan a seis meses de arresto, mientras que un corte de carreteras puede suponer 4.000 euros de sanci¨®n.
La retah¨ªla de detenciones y multas cuantiosas avanza en una Europa donde, hasta hasta hace poco, los activistas clim¨¢ticos estaban bien vistos. ¡°Existe un incremento notable y muy r¨¢pido de la represi¨®n al movimiento clim¨¢tico en general. En muy pocos a?os han pasado de ser considerados j¨®venes concienciados a peligrosos criminales, y esto se enmarca en una restricci¨®n al espacio democr¨¢tico en la UE¡±, resume Javier Raboso, portavoz de Greenpeace. Michel Forst, relator de la ONU, concluye: ¡°Me preocupa mucho que se est¨¦ produciendo una represi¨®n de los movimientos ecologistas tambi¨¦n en Europa¡±.
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