Expulsi¨®n ilegal

El Ministerio del Interior ha recibido esta semana un serio correctivo por parte del Tribunal Supremo al estimar este ¨®rgano judicial que la devoluci¨®n de 45 menores en situaci¨®n irregular desde Ceuta hasta Marruecos en agosto de 2021 fue ilegal porque el procedimiento utilizado vulner¨® la normativa vigente. En concreto, el alto tribunal recrimina a las autoridades gubernativas su ¡°absoluta inobservancia¡± de la Ley de Extranjer¨ªa en el procedimiento de expulsi¨®n. Esta ley exig¨ªa que antes de proceder a la repatriaci¨®n forzosa deb¨ªa abrirse un procedimiento administrativo a cada uno de los menores, estudiar su situaci¨®n personal y darles audiencia, en un proceso reglado en el que tambi¨¦n deb¨ªa intervenir la Fiscal¨ªa. Ninguno de estos requisitos se cumpli¨®, seg¨²n acredita la sentencia. Para el Supremo, la manera en que se procedi¨® vulner¨® los derechos y la integridad f¨ªsica y moral de los expulsados, al no valorar cu¨¢l era el inter¨¦s de los chicos afectados ni comprobar sus circunstancias personales.

La irregularidad de la expulsi¨®n fue denunciada, en nombre de ocho de los menores expulsados, por las ONG Fundaci¨®n Ra¨ªces y Coordinadora de Barrios, que han visto refrendados sus argumentos jur¨ªdicos en las sucesivas instancias judiciales, hasta obtener finalmente la sentencia favorable del Supremo. La actuaci¨®n era consecuencia de un grave incidente con Marruecos ocurrido los d¨ªas 17 y 18 de mayo. En una maniobra de presi¨®n pol¨ªtica contra el Gobierno espa?ol por haber permitido que Brahim Ghali, l¨ªder del Frente Polisario, recibiera tratamiento m¨¦dico en la Pen¨ªnsula, Marruecos decidi¨® levantar barreras y dejar pasar inmigrantes por el paso fronterizo de Ceuta. Quer¨ªa advertir con ello sobre las consecuencias que pod¨ªa tener para Espa?a persistir en lo que consideraba una deslealtad. Esta maniobra propici¨® la entrada masiva a la ciudad, por sorpresa y de forma irregular, de unas 10.000 personas, entre los que se contaban al menos 700 menores.

Tras reconducir la crisis pol¨ªtica y superar la situaci¨®n de caos en que hab¨ªa ca¨ªdo la ciudad, Interior emprendi¨® una operaci¨®n de devoluci¨®n de menores ampar¨¢ndose en el acuerdo de cooperaci¨®n entre Espa?a y Marruecos firmado en 2007. El Supremo ha ratificado ahora que aquel acuerdo no contiene justificaci¨®n legal suficiente como para no cumplir los requisitos de la Ley de Extranjer¨ªa. Efectivamente, ese acuerdo prev¨¦ expulsiones de menores, pero no establece cu¨¢l ha de ser el procedimiento. El reproche que contiene la sentencia es especialmente grave porque se entiende que las actuaciones de las administraciones p¨²blicas tienen que tener siempre garant¨ªa de legalidad, m¨¢s a¨²n cuando afectan a los derechos humanos. Adem¨¢s, el convenio europeo para la protecci¨®n de esos derechos establece que est¨¢n prohibidas las expulsiones colectivas de extranjeros.

El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, ten¨ªa poco margen de reacci¨®n, salvo acatar la sentencia, porque todo el operativo se realiz¨® bajo las instrucciones directas de su ministerio. As¨ª lo ha hecho, pero ha a?adido que las autoridades gubernativas actuaron convencidas de que la operaci¨®n era legal y preservaba en todo momento el inter¨¦s del menor, cosa que el Supremo niega. Estar convencido de algo no es una eximente, ni jur¨ªdica ni pol¨ªtica. Y seguro que Grande-Marlaska, juez de carrera antes que ministro, lo sabe.