El Tribunal Supremo confirma que la devoluci¨®n de menores desde Ceuta a Marruecos en agosto de 2021 fue ilegal

El Tribunal Supremo ha confirmado que la devoluci¨®n de casi medio centenar de menores marroqu¨ªes desde Ceuta a Marruecos llevada a cabo por las autoridades espa?olas en agosto de 2021 fue ilegal por la ¡°absoluta inobservancia¡± de lo previsto en la Ley de Extranjer¨ªa. Esa ley exige que, antes de proceder a una devoluci¨®n, se abra un procedimiento administrativo individual a cada afectado, se recabe informaci¨®n sobre ¨¦l, se celebre una audiencia con el menor si tiene madurez y se reclame la intervenci¨®n de la Fiscal¨ªa. Nada de eso se respet¨® en aquella ocasi¨®n. El tribunal, de acuerdo con el ministerio p¨²blico, considera por tanto que se vulneraron los derechos y la integridad f¨ªsica y moral de los menores devueltos a Marruecos. La Sala de lo Contencioso-Administrativo del Supremo argumenta que dicho menoscabo de la integridad de los menores opera cuando se pone a una persona en serio peligro de sufrir un padecimiento corporal o ps¨ªquico. E incide en su pronunciamiento en que no puede negarse que algo as¨ª ocurriera en este caso, cuando la Administraci¨®n no valor¨® el inter¨¦s de los menores ni comprob¨® sus circunstancias individuales.

El alto tribunal rechaza as¨ª los recursos de la Abogac¨ªa del Estado y de la ciudad aut¨®noma de Ceuta contra las sentencias previas de un juzgado ceut¨ª y del Tribunal Superior de Justicia de Andaluc¨ªa, que estimaron los argumentos de las ONG denunciantes, entre ellas Fundaci¨®n Ra¨ªces y Coordinadora de Barrios, que actuaron en su nombre y en el de ocho menores marroqu¨ªes devueltos. Todas esas instancias establecieron que Espa?a no sigui¨® los procedimientos establecidos en la Ley y el Reglamento de Extranjer¨ªa en el retorno de los menores. Para el Supremo, m¨¢s all¨¢ de la gravedad de los sucesos de los d¨ªas 17 y 18 de mayo de 2021 en Ceuta, cuando unas 10.000 personas entraron ilegalmente por la frontera desde Marruecos, entre ellos cientos de menores, el debate del pleito se centra en si el acuerdo entre Espa?a y Marruecos de cooperaci¨®n para la prevenci¨®n de la emigraci¨®n ilegal de menores no acompa?ados, del 6 de marzo de 2007, era suficiente por s¨ª solo para fundamentar la decisi¨®n del retorno de los menores expulsados. O si, por el contrario, era preceptivo seguir los tr¨¢mites establecidos en la Ley de Extranjer¨ªa para estos casos.

El Supremo concluye que el acuerdo entre Espa?a y Marruecos de 2007 no constituye por s¨ª solo una raz¨®n legal suficiente para decidir el retorno de los menores. Ten¨ªan que haberse cumplido los requisitos y procedimientos previstos en la Ley de Extranjer¨ªa, pero no se hizo, advierte el tribunal. La sentencia se?ala, ¡°m¨¢xime si puede afectar a los derechos fundamentales de las personas¡±, que ¡°las autoridades espa?olas deben encauzar su actuaci¨®n a trav¨¦s del correspondiente procedimiento administrativo, como garant¨ªa de la legalidad y el acierto de su decisi¨®n y como salvaguardia de los intereses de los afectados¡±. Adem¨¢s, la resoluci¨®n considera que la inobservancia de tr¨¢mites procedimentales se refuerza por lo establecido en el Convenio Europeo de Derechos Humanos, en cuyo art¨ªculo 4 del Protocolo cuarto dicta que ¡°quedan prohibidas las expulsiones colectivas de extranjeros¡±.

En furgonetas y por sorpresa

Tras la entrada masiva de personas desde Marruecos en mayo de 2021, la ciudad aut¨®noma de Ceuta se encontr¨® con que deb¨ªa hacerse cargo de unos 700 menores que tambi¨¦n hab¨ªan traspasado la frontera. La atenci¨®n a estos ni?os y adolescentes estuvo en entredicho desde el principio. Primero, pasaron d¨ªas alojados en un polideportivo en condiciones indignas; y despu¨¦s, en varios centros que se fueron improvisando. Entre el 13 y el 15 de agosto, bajo la batuta de Interior, se organiz¨® una operaci¨®n para llevar a cabo lo que el ministro Fernando Grande-Marlaska renombr¨® como ¡°retornos asistidos concertados¡±, es decir, la expulsi¨®n de los menores. En una serie de comunicaciones sin firma, tanto el Ministerio ¡ªque hab¨ªa negociado con Marruecos previamente las devoluciones¡ª como la Delegaci¨®n del Gobierno en Ceuta y el Gobierno de la ciudad se coordinaron para llevar a cabo la operaci¨®n. De manera sorpresiva, fueron apareciendo en los centros varias furgonetas para llevarse a los chavales elegidos al otro lado de la frontera. El criterio para aparecer en un documento de Excel ad hoc fue, principalmente, la edad. Se escogi¨® a los m¨¢s mayores, sin tener en cuenta ninguna otra circunstancia. Se hizo sin el conocimiento del fiscal de Ceuta y en contra del criterio de la jefa del ?rea de Menores de la ciudad.

En esos viajes en furgoneta, que Interior defendi¨® siempre que estaban amparados por la ley, se devolvi¨® a al menos 45 menores marroqu¨ªes, unos 15 al d¨ªa. En las sucesivas sentencias dictadas desde entonces, los jueces han pedido que se localice a los adolescentes que recurrieron su expulsi¨®n, pero seguir la pista a aquellos chicos a lo largo de estos dos a?os y medio ha sido complicado incluso para las ONG que los asistieron. Algunos, de hecho, volvieron a colarse en Espa?a poco despu¨¦s de que los mandasen de vuelta a su pa¨ªs. Uno de ellos fue Abdelhakim Zerrad, que ahora tiene 19 a?os. Zerrad volvi¨® a jugarse la vida para regresar a Espa?a y hoy trabaja en Vigo como ayudante de cocina gracias al programa Cocina Conciencia de Fundaci¨®n Ra¨ªces: ¡°Mi vida est¨¢ mejor ahora. Es importante que los jueces digan esto porque la polic¨ªa de Ceuta nos dej¨® tirados en la frontera y todos los ni?os llor¨¢bamos¡±, ha dicho el joven a trav¨¦s de la ONG.

¡°Integridad del menor¡±

Tras la inmediata pol¨¦mica que se desat¨® en cuanto los menores empezaron a ser devueltos, el ministro del Interior explic¨®: ¡°La integridad del menor es lo que determina estas actuaciones. Estamos dando los pasos adecuados, es un trabajo desarrollado a lo largo de tres meses¡±. Tambi¨¦n asegur¨® que los ni?os estaban ¡°de acuerdo¡± con esos retornos.

¡°La responsabilidad pol¨ªtica de Pedro S¨¢nchez y su ministro del Interior es innegable¡±, mantiene Patricia Fern¨¢ndez Vicens, la letrada de Coordinadora de Barrios que ha llevado el caso a los tribunales. ¡°Del gabinete de Grande-Marlaska salieron los mails que ordenaban la devoluci¨®n de los menores, su permanencia en el cargo da?a nuestro Estado de Derecho. Llevamos a?os denunciando el abuso de la v¨ªa de hecho en los procedimientos fronterizos, y esta sentencia deja claro que no se pueden ignorar los procedimientos legales¡±, a?ade.