M¨¢s all¨¢ de la amnist¨ªa

La negativa de Junts a apoyar la ley de amnist¨ªa que hab¨ªa negociado con el PSOE devolvi¨® el texto a la Comisi¨®n de Justicia del Congreso de los Diputados para someterlo a una hipot¨¦tica y muy improbable reforma. El Gobierno comprob¨® de nuevo este martes la intransigencia de un partido que parece haber vuelto al pragmatismo institucional desde el maximalismo rupturista pero que va a exprimir hasta el l¨ªmite de lo aceptable el poder desestabilizador de sus siete diputados. Junts justific¨® el boicot a la ley ampar¨¢ndose en la reactivaci¨®n de los autos judiciales a cargo de los magistrados Manuel Garc¨ªa-Castell¨®n sobre el Tsunami Democr¨¤tic y Joaqu¨ªn Aguirre sobre la llamada trama rusa del proc¨¦s.

Dicha reactivaci¨®n, sobre todo la primera, ha sido interpretada por la formaci¨®n independentista como un instrumento destinado a excluir de la medida de gracia al expresidente catal¨¢n, Carles Puigdemont, huido de la justicia espa?ola, responsable ¨²ltimo de la declaraci¨®n ilegal de independencia de 2017 y convertido hoy ¡ªpara seguidores y detractores¡ª en icono del trauma que hace siete a?os dividi¨® irresponsablemente a la sociedad catalana.

El resto de los partidos que respaldan al Gobierno mantuvo su apoyo a la ley pactada. En particular lo hizo ERC argumentando que el actual redactado encaja en la Constituci¨®n y permite a m¨¢s de 400 encausados quedar bajo su amparo. La formaci¨®n republicana subray¨® su decepci¨®n este viernes por boca del viceconsejero de Estrategia de la Generalitat, que record¨® que el no de Junts deja ¡°destrozadas¡± a centenares de familias pendientes de la aprobaci¨®n de la norma.

No es una novedad que la negociaci¨®n de la amnist¨ªa es la condici¨®n de partida para la legislatura y para dar continuidad a la aprobaci¨®n de los dos decretos anticrisis una vez que el tercero decay¨® por la negativa de un Podemos bunkerizado. El plazo de dos semanas, prorrogables por dos m¨¢s, deber¨¢ servir para desatascar la negociaci¨®n en la Comisi¨®n de Justicia, pero la ley debe cumplir dos est¨¢ndares b¨¢sicos: la constitucionalidad y la adecuaci¨®n al Derecho de la UE. Transgredirlos dar¨ªa al traste no solo con la ley sino con el Gobierno que la ha impulsado.

De ah¨ª el poco margen del Ejecutivo. Tambi¨¦n su propuesta de retocar en el C¨®digo Penal el delito de terrorismo, una iniciativa rechazada este viernes por los soberanistas y que, adem¨¢s, pon¨ªa de nuevo sobre la mesa un tema al que la sociedad espa?ola es, con raz¨®n, especialmente sensible. Junts es, sin duda, consciente de esos m¨¢rgenes. Tambi¨¦n de que su intento de blindar la ley casi con nombres y apellidos est¨¢ abocado al fracaso: lo proh¨ªbe expresamente nuestro ordenamiento jur¨ªdico porque quiebra el principio de igualdad.

Lo sucedido esta semana en el Congreso no ha hecho m¨¢s que corroborar que esta, larga o corta, ser¨¢ una legislatura de equilibrios. La pregunta obvia es hasta d¨®nde da de s¨ª la fuerza parlamentaria de la coalici¨®n de Gobierno si depende de Junts. Exigir ya una convocatoria electoral o diagnosticar la situaci¨®n pol¨ªtica como una emergencia nacional es un recurso al tremendismo al que se ha abonado la oposici¨®n pero que en nada ayuda a Espa?a. Es urgente el despliegue del paquete de medidas sociales anunciadas o la ejecuci¨®n de los proyectos financiados con fondos europeos. La ley de amnist¨ªa es condici¨®n necesaria del Gobierno, pero no es condici¨®n suficiente para atender a las necesidades de una sociedad que, como reflejan las encuestas y demuestra la realidad, tiene otras y leg¨ªtimas preocupaciones.