De terroristas e independentistas

No es casualidad que las maniobras del juez Manuel Garc¨ªa-Castell¨®n se centren en la acusaci¨®n de terrorismo. Cualquiera que haya estudiado algo sobre terrorismo sabe que semejante acusaci¨®n no tiene fundamento. Por muy extensiva que sea la aplicaci¨®n del concepto, no puede llegar a cubrir unos des¨®rdenes p¨²blicos como los de las protestas por la sentencia del proc¨¦s en 2019. ?C¨®mo explicar entonces semejante obstinaci¨®n?

La raz¨®n m¨¢s inmediata para forzar tanto el derecho consiste en encontrar un agujero en la ley amnist¨ªa, actualmente en tramitaci¨®n, que impida al expresident Carles Puigdemont y otras personas encausadas beneficiarse de la medida de gracia. Lo que est¨¢ haciendo Garc¨ªa-Castell¨®n no es aplicar la ley, sino utilizarla como un instrumento para hacer pol¨ªtica. En ingl¨¦s a veces se distingue entre rule of law (el gobierno de la ley, es decir, el Estado de derecho) y rule by law (gobernar usando la ley como arma pol¨ªtica). En este segundo caso, se crea una apariencia formal de acto jur¨ªdico que, en la pr¨¢ctica, rompe el principio de imparcialidad.

Ahora bien, para entender cabalmente que una maniobra como esta pueda prosperar, hay que ir m¨¢s all¨¢ de la coyuntura. Un intento tan descarado de sabotear la actuaci¨®n del legislativo s¨®lo se explica desde una cierta tradici¨®n. Si no hubiera sido por los excesos de la Audiencia Nacional y el Tribunal Supremo en el pasado, Garc¨ªa-Castell¨®n no habr¨ªa podido forzar tanto los hechos. En todo lo relativo al conflicto catal¨¢n, los tribunales han obrado sin autocontenci¨®n de ning¨²n tipo, conscientes de que contaban con la complicidad y el apoyo de la mayor parte del establishment espa?ol y de una mayor¨ªa abrumadora de la opini¨®n p¨²blica (sobre todo al principio, cuando los acontecimientos estaban m¨¢s calientes).

Con frecuencia se dice que el activismo judicial en este asunto fue una consecuencia inevitable de la pasividad del Gobierno de Mariano Rajoy. Seg¨²n esta interpretaci¨®n, los jueces se habr¨ªan cargado sobre sus espaldas la responsabilidad de acabar con la ¡°amenaza separatista¡± porque el Ejecutivo no hizo nada en medio de una emergencia nacional. En realidad, Rajoy s¨ª hizo cosas: por un lado, permiti¨® al ministro del Interior, Jorge Fern¨¢ndez D¨ªaz, tirar adelante con la Operaci¨®n Catalu?a en la que se utilizaron informes policiales basados en falsedades para fabricar grandes titulares en los medios afines a partir de los cuales se iniciaron procesos judiciales sin base. Por otro lado, el Gobierno puso en marcha el art¨ªculo 155 de la Constituci¨®n, que suspendi¨® la autonom¨ªa de Catalu?a. As¨ª que no es verdad que los jueces no tuvieran m¨¢s remedio que buscar un escarmiento legal acusando a los l¨ªderes independentistas del delito m¨¢s grave, la rebeli¨®n (un alzamiento p¨²blico y violento). Lo hicieron porque se arrogaron una misi¨®n salv¨ªfica. En consecuencia, buscaron indicios de violencia de manera tan extravagante como ahora hace Garc¨ªa-Castell¨®n. Al final no la encontraron, pese a las elucubraciones del juez instructor Pablo Llarena y los argumentos averiados de la Fiscal¨ªa; hubieron de contentarse con la sedici¨®n (el ¡°alzamiento tumultuario¡±). El da?o, sin embargo, ya estaba hecho y era irreversible: gracias a la tesis de la violencia centralizaron la causa en el Supremo y consiguieron impedir que pol¨ªticos electos ocuparan sus esca?os.

Creo que esta obsesi¨®n por la violencia hunde sus ra¨ªces en la experiencia traum¨¢tica de ETA. El terrorismo nacionalista de ETA estuvo presente en la democracia espa?ola desde sus inicios hasta noviembre de 2011 y tuvo un profundo impacto sobre el sistema pol¨ªtico y el marco jur¨ªdico. As¨ª ha ocurrido tambi¨¦n en otros pa¨ªses que han sufrido campa?as terroristas prolongadas (como Italia, Reino Unido y Alemania). En todos ellos, se cre¨® un derecho penal de excepci¨®n para el terrorismo. En nuestro pa¨ªs, los plazos de la detenci¨®n incomunicada, la aplicaci¨®n restrictiva de los beneficios penitenciarios, la dispersi¨®n de los presos y la regulaci¨®n de delitos que pueden limitar algunos derechos fundamentales, como el delito de enaltecimiento del terrorismo, son ejemplos claros. La aplicaci¨®n de la llamada doctrina Parot en 2006 para alargar el tiempo en prisi¨®n de los terroristas se encontr¨® con un l¨ªmite externo, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, que declar¨® inv¨¢lida esta interpretaci¨®n (tambi¨¦n, por cierto, corrigi¨® los excesos judiciales cometidos contra Arnaldo Otegi). Ahora bien, quiz¨¢ sea m¨¢s relevante a¨²n para entender el proceso contra el independentismo las decisiones de algunos jueces que llevaron al cierre de peri¨®dicos y la ilegalizaci¨®n de partidos pol¨ªticos a partir de un entendimiento laxo sobre la contaminaci¨®n del terrorismo al c¨ªrculo social que lo rodeaba. Todo ello se hizo en medio de un hartazgo social generalizado ante una violencia moralmente repugnante que en m¨¢s de una ocasi¨®n llev¨® a la sociedad civil a mirar para otro lado cuando se produc¨ªan excesos judiciales.

La tentaci¨®n de prolongar el esp¨ªritu de resistencia contra ETA al caso catal¨¢n ha sido irresistible para la ¨¦lite judicial. En el juicio celebrado en el Tribunal Supremo, hubo intervenciones del fiscal Javier Zaragoza que eran pr¨¢cticamente indistinguibles de las que realiz¨® en su d¨ªa en causas de terrorismo. Zaragoza descubri¨® en los acontecimientos de oto?o de 2017 ¡°violencia f¨ªsica a las personas¡±, ¡°violencia compulsiva o intimidatoria¡± y ¡°fuerza en las cosas¡±. Por su parte, el fiscal Fidel Cadena fue a¨²n m¨¢s lejos y utiliz¨® como ejemplo de violencia independentista las cargas de la polic¨ªa contra los ciudadanos que quer¨ªan votar en el refer¨¦ndum del 1 de octubre, argumentando que la responsabilidad de dicha fuerza o violencia reca¨ªa en los propios ciudadanos que no permit¨ªan a las fuerzas de seguridad retirar las urnas en los colegios.

Puede argumentarse que el terrorismo y el independentismo constituyen dos amenazas existenciales al Estado y a nuestro ordenamiento constitucional, pero de esto no se sigue que el independentismo catal¨¢n haya sido un movimiento violento. Sin embargo, los tribunales han hurgado en los hechos cuanto han podido para poder asimilar el independentismo a la violencia pol¨ªtica.

Se ha presentado a terroristas e independentistas como ¡°totalitarios¡± y se ha solicitado que se les aplique la ley con la mayor severidad posible. Para que tuviera alguna verosimilitud esta asimilaci¨®n, se ha realizado un esfuerzo ¨ªmprobo por encontrar violencia en el proc¨¦s. De ah¨ª tambi¨¦n la insistencia en aplicar la categor¨ªa de ¡°golpe de Estado¡± a lo sucedido en Catalu?a, pues los golpes de Estado se realizan mediante violencia o amenaza de la misma. Para poder sostener una tesis as¨ª, se ha llegado a interpretar las movilizaciones populares como una insurrecci¨®n revolucionaria.

El c¨ªrculo se cierra, de forma un tanto grotesca, con la acusaci¨®n de terrorismo por parte de Garc¨ªa-Castell¨®n. Supone la culminaci¨®n del intento de igualar a terroristas e independentistas. Mientras que los excesos judiciales frente a ETA se encontraron con la indiferencia social y un amplio consenso entre las fuerzas pol¨ªticas, sin duda por la brutalidad criminal del terrorismo, los cometidos a prop¨®sito del proc¨¦s han originado una mayor divisi¨®n pol¨ªtica. Entre otras razones, porque las cosas han cambiado con respecto a 2017: la situaci¨®n pol¨ªtica en Catalu?a es hoy muy distinta, en Espa?a hay un Gobierno de izquierdas sostenido por partidos nacionalistas y la opini¨®n p¨²blica ha ido evolucionando. Las operaciones de algunos jueces para desbaratar los planes del Legislativo ya no son vistas por todos como una forma de proteger al Estado; ahora hay mucha gente que lo percibe m¨¢s bien como un pulso al poder representativo.