Filibusterismo en el Senado

El Partido Popular y Vox se han propuesto aprovechar al m¨¢ximo la tramitaci¨®n de la ley de amnist¨ªa en el Senado ¡ªdonde los populares tienen mayor¨ªa absoluta¡ª para tratar de torpedear la norma. El esfuerzo es in¨²til en la pr¨¢ctica, pues una mayor¨ªa absoluta como la que la respalda en el Congreso puede revertir cualquier decisi¨®n de la C¨¢mara alta. Sin embargo, la desbocada estrategia de la oposici¨®n est¨¢ forzando procedimientos parlamentarios e institucionales y cuestionando precedentes jur¨ªdicos que deber¨ªan quedar fuera del juego pol¨ªtico cortoplacista.

No ser¨¢ irrelevante simb¨®licamente que el Senado rechace la ley. De hecho, se puede entender como la estricta representaci¨®n parlamentaria de la divisi¨®n que provoca en la sociedad espa?ola. La clara mayor¨ªa del PP en el Senado se la han dado los votantes, y tiene todo el derecho a usarla para expresar su contundente rechazo a dicha norma. El previsible veto de los conservadores quedar¨¢ para siempre asociado al expediente de tramitaci¨®n de la amnist¨ªa. Pero eso, que forma parte de lo previsto en nuestro ordenamiento, no parece ser suficiente para la formaci¨®n que lidera Alberto N¨²?ez Feij¨®o.

Primero explor¨® la posibilidad de impedir la tramitaci¨®n de la ley. La respuesta negativa de los servicios jur¨ªdicos era obvia, aunque su mero planteamiento indica una intencionalidad preocupante que el propio PP rechazar¨ªa de plano si las mayor¨ªas fueran otras. Tambi¨¦n solicit¨® informes al Consejo Fiscal y al Consejo General del Poder Judicial, cuyo mandato lleva cinco a?os caducado por la negativa del propio PP a pactar su renovaci¨®n tal y como ordena la Constituci¨®n. La mayor¨ªa conservadora el CGPJ, carente ya de cualquier legitimidad democr¨¢tica, aprob¨® el jueves, con los progresistas en contra, un informe no vinculante en el que considera que la medida de gracia es inconstitucional. El Consejo Fiscal rechaz¨® pronunciarse.

Por el camino, el Partido Popular aprob¨® en solitario una reforma del Reglamento del Senado para evitar que la proposici¨®n se tramitara por la v¨ªa de urgencia, con lo que se asegura agotar el l¨ªmite de dos meses que la ley impone a esa C¨¢mara. Es aqu¨ª donde la estrategia del PP comienza a jugar con normas consensuadas que las mayor¨ªas coyunturales no deber¨ªan modificar a capricho: la alteraci¨®n de las normas de la C¨¢mara es de dudosa constitucionalidad y puramente partidista. Por ¨²ltimo, esta semana plante¨® solicitar un conflicto de atribuciones ante el Tribunal Constitucional. Esta figura jur¨ªdica se reserva para situaciones en las que se produce una usurpaci¨®n flagrante de las facultades de una instituci¨®n por parte de otra, algo que desde luego el Congreso no ha hecho. Si el PP considera que la ley de amnist¨ªa es inconstitucional porque a su juicio supone una ¡°reforma encubierta¡± de la Ley Fundamental, el lugar para dirimirlo es el TC, pero cuando est¨¦ aprobada.

La realidad es que, en su funci¨®n legislativa, el Senado tan solo enmienda o veta las leyes, el plazo que tiene para hacerlo son dos meses improrrogables y cualquier decisi¨®n puede ser revertida en el Congreso. La versi¨®n final de la ley de amnist¨ªa depender¨¢ de la mayor¨ªa absoluta de la C¨¢mara baja, adonde volver¨¢ como muy tarde el 16 de mayo. Por circunstancias hist¨®ricas, los constituyentes de 1978 hicieron un verdadero esfuerzo por despojar al Senado de la capacidad de bloquear el proceso legislativo. Con notable ¨¦xito. La reforma de la C¨¢mara de representaci¨®n territorial es un debate tan antiguo como la propia Constituci¨®n, y si no se ha abordado en cuatro d¨¦cadas ha sido en buena medida por las reticencias de la derecha.