Detener la trata de personas

El Gobierno ha anunciado que, terminado el periodo de audiencia p¨²blica, va a reanudarse el tr¨¢mite de la ley integral contra la trata de personas. Fue esta una de las leyes cuyo proceso decay¨® con la convocatoria de elecciones anticipadas, hace casi un a?o. El horror de la situaci¨®n que la nueva norma busca resolver se manifiesta en las cifras publicadas esta semana por el Ministerio del Interior. Solo en 2023, 80 grupos y organizaciones criminales fueron desarticulados en 196 operaciones policiales. 575 personas fueron detenidas. Esta actuaci¨®n policial llev¨® a la liberaci¨®n de 654 personas, en su inmensa mayor¨ªa mujeres. Las fuerzas de seguridad han podido demostrar que 284 de ellas hab¨ªan llegado a Espa?a por intermedio de redes de trata, sobre todo desde Colombia, Venezuela y Paraguay.

La ley integral busca una forma de garantizar que el Estado tenga las herramientas necesarias para combatir a un crimen organizado que, gracias a los avances tecnol¨®gicos, ha perfeccionado las formas de captar, trasladar y retener a sus v¨ªctimas. La prostituci¨®n ha dejado las calles y los burdeles, asustada por la presi¨®n policial y la pandemia del coronavirus, y se ha refugiado en domicilios particulares o incluso en las redes, donde es m¨¢s dif¨ªcil de controlar y vigilar.

Pero, sobre todo, lo que la ley busca es una respuesta coordinada de los poderes p¨²blicos a lo que es, adem¨¢s de un delito, una situaci¨®n tr¨¢gica para las v¨ªctimas. La mayor¨ªa de las v¨ªctimas de trata y explotaci¨®n en Espa?a son extranjeras, muchas veces en situaci¨®n administrativa irregular y, en ocasiones, con hijos o familia a su cargo en los pa¨ªses de origen. Estos, en muchos casos, dependen de los escasos ingresos que los explotadores dejan a las v¨ªctimas para poder vivir. La actuaci¨®n del Estado no puede por tanto quedarse en las operaciones policiales. Ha de tener en cuenta la sensibilidad de las v¨ªctimas ante el horror de las situaciones vividas y responder a su miedo: miedo al futuro, miedo a las autoridades, miedo a lo que pueda pasar con sus familias y amigos en el pa¨ªs que dejaron atr¨¢s. Todo esto debe estar en la ley que finalmente aprueben las Cortes.

No habr¨¢ sin embargo respuesta integral sin la participaci¨®n de los pa¨ªses de procedencia de las personas explotadas. Autoridades como la Defensor¨ªa del Pueblo de Colombia o la fiscal¨ªa paraguaya han lamentado en el ¨²ltimo a?o la inacci¨®n de sus poderes p¨²blicos ante la trata, que afecta a cientos de sus ciudadanas. Puede argumentarse que no es sino uno de los muchos frentes que estos Gobiernos deben cubrir, pero el primer paso para solucionar un problema es reconocer su gravedad.