Justos por pecadores

Resulta sorprendente que haya transcurrido tanto tiempo desde que la Audiencia de Sevilla condenara por prevaricaci¨®n a Magdalena ?lvarez hasta que el Tribunal Constitucional (TC) haya anulado parcialmente la condena. Porque la sentencia de la Audiencia ¡ªy despu¨¦s del Supremo¡ª manifiestan una ignorancia seria sobre lo que significa prevaricar, delito previsto en el art¨ªculo 404 del C¨®digo Penal con la siguiente redacci¨®n: ¡°Autoridad o funcionario p¨²blico que, a sabiendas de su injusticia, dictare una resoluci¨®n arbitraria en un asunto administrativo¡±.

Es sabido que la Consejer¨ªa de Empleo de la Junta de Andaluc¨ªa encomendaba al organismo Instituto de Fomento de Andaluc¨ªa (IFA) ¡ªluego IDEA¡ª el pago de ayudas sociolaborales a empresas en crisis. Esto fue posible porque el Parlamento andaluz aprob¨® durante a?os en los presupuestos un procedimiento de adjudicaci¨®n de ayudas basado en el concepto denominado ¡°transferencia de financiaci¨®n¡±, caracterizado por la flexibilidad y celeridad de las citadas transferencias.

La Consejer¨ªa de Hacienda, cuya titular era Magdalena ?lvarez, ten¨ªa la competencia de elaborar y aprobar los anteproyectos y proyectos de ley presupuestarios y enviarlos al Parlamento de Andaluc¨ªa, que luego los aprobar¨ªa.

1. Audiencia provincial de Sevilla (sentencia 490/2019)

El que Magdalena ?lvarez fuese la responsable de la tramitaci¨®n de los Presupuestos, que luego aplicaron torticeramente los que hicieron un uso perverso de las transferencias o subvenciones, llev¨® a la Audiencia de Sevilla a condenarla por prevaricaci¨®n. Un dislate judicial incomprensible, no solo porque la consejera no tuvo nada que ver con tales subvenciones fraudulentas, sino porque el procedimiento y tr¨¢mite legislativo de los presupuestos no constituye ni tiene la naturaleza de ¡°resoluci¨®n¡± a los efectos del art¨ªculo 404 del C¨®digo Penal. Preparar los Presupuestos no es un acto jur¨ªdico. No pertenece al mundo del derecho. Es un puro acto pol¨ªtico de gobierno, no impugnable, por tanto, ante los tribunales.

Y si lo que se considera inconstitucional es el propio presupuesto, la v¨ªa para impugnarlo es acudir al TC por medio de un recurso de inconstitucionalidad, pero no a una audiencia provincial o al Tribunal Supremo, como se hizo por las acusaciones.

2. Tribunal Supremo (sentencia 749/2022)

En la sentencia recurrida por Magdalena ?lvarez ante el Tribunal Supremo, este concede err¨®neamente la categor¨ªa de ¡°resoluciones en asuntos administrativos¡± al ¡°procedimiento prelegislativo¡±, y afirma que ¡°tienen contenido decisorio¡±. Las autoridades gubernamentales andaluzas, dice el Supremo, aprobaron los proyectos de ley ¡°a sabiendas de su ilegalidad¡± (sic) y de forma ¡°arbitraria¡± (art. 404 C. Penal).

Esta tesis del Supremo conducir¨ªa en ¨²ltima instancia a considerar culpable de prevaricaci¨®n a todo el Parlamento andaluz, que aprob¨® los presupuestos y sus modificaciones.

3. Tribunal Constitucional

La sentencia del Constitucional de 18 de junio, en sus fundamentos jur¨ªdicos, nos ofrece una lecci¨®n de derecho constitucional y deval¨²a con intensidad los argumentos de las sentencias de la Audiencia de Sevilla y de la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo.

El TC dedica una gran parte de su sentencia a desarrollar la doctrina constitucional sobre el derecho a la legalidad penal, un derecho de naturaleza fundamental y pilar del Estado de derecho.

Tambi¨¦n se detiene el TC en exponer la naturaleza jur¨ªdica de los anteproyectos y proyectos de ley, que ¡°no pueden ser objeto de control jur¨ªdico¡±, por su car¨¢cter intencional y, por tanto, inmune a dicho control en una sociedad democr¨¢tica.

En los argumentos anteriores se basa el Constitucional para rebatir que la recurrente en amparo haya actuado de forma ¡°arbitraria¡±, como se afirma en las sentencias de la Audiencia y del Supremo recurridas. Los anteproyectos y proyectos normativos no pueden ser objeto de un juicio de legalidad. Nunca pueden ser delito los cambios en las leyes de presupuestos.

Los tribunales ordinarios (Audiencia Provincial de Sevilla y Tribunal Supremo) que han intervenido en el juicio a dirigentes pol¨ªticos andaluces, han invadido el territorio del Tribunal Constitucional cuando han considerado ¡°ilegal¡± el procedimiento presupuestario seguido en el sistema pol¨ªtico de Andaluc¨ªa. Tal actuaci¨®n de la jurisdicci¨®n ordinaria vulnera el derecho a la legalidad penal establecido en el art¨ªculo 25.1 de la Constituci¨®n, invocado por la que fue consejera de Hacienda y miembro del Consejo de Gobierno de Andaluc¨ªa.

Es de lamentar que la Audiencia provincial de Sevilla y la Sala Segunda del Tribunal Supremo hayan escogido un camino equivocado. Han aplicado el art¨ªculo 404 del C¨®digo Penal, es decir, el delito de prevaricaci¨®n, a Magdalena ?lvarez Arza, confundiendo actos pol¨ªticos inmunes al control jurisdiccional con actos administrativos. Los a?os de inhabilitaci¨®n sufridos por la exconsejera de Hacienda de la Comunidad andaluza no se los va a devolver nadie. Pero el Tribunal Constitucional ha aportado luz, estableciendo una s¨®lida doctrina sobre los distintos aspectos del caso y aceptando en su mayor parte las tesis del recurso de amparo.

Nadie duda de que hubo conductas fraudulentas en la aplicaci¨®n f¨¢ctica de los procedimientos de adjudicaci¨®n de ayudas a empresas y trabajadores, previstos en los presupuestos debatidos y aprobados por el Parlamento de Andaluc¨ªa. Pero es ciertamente un error jur¨ªdico de grandes dimensiones que la Audiencia de Sevilla y la Sala Segunda del Tribunal Supremo condenaran por el delito de prevaricaci¨®n a las autoridades que elaboraron y tramitaron los anteproyectos y proyectos de presupuestos, que son, como razona el constitucional, actos pol¨ªticos, y no resoluciones administrativas en el sentido que les da el art¨ªculo 404 del C¨®digo Penal cuando define el contenido del delito de prevaricaci¨®n. Por eso, condenar por tal delito a las autoridades pol¨ªticas que prepararon la tramitaci¨®n de los presupuestos, cuyos fondos fueron posteriormente utilizados fraudulentamente, es una crasa equivocaci¨®n, impropia de ¨®rganos judiciales de tan alto nivel.

Pagaron justos por pecadores. Hasta hoy.