Justicia creativa
La negativa del Supremo a aplicar la ley de amnist¨ªa a la malversaci¨®n se basa en una interpretaci¨®n forzada del lucro personal
No hay nada m¨¢s delicado en una democracia que presumir objetivos pol¨ªticos a la administraci¨®n de justicia. O presumir que se pretenda salvar a los espa?oles de s¨ª mismos, es decir, de las leyes que promueven aquellos a quienes votaron libremente en las urnas. Cualquier cautela es poca cuando se maneja algo tan consustancial al Estado de derecho como la separaci¨®n de poderes. Evitar juicios de intenciones obliga a focalizar la atenci¨®n exclusivamente en los hechos y en las palabras que los magistrados utilizan en sus sentencias y autos.
Un repaso a la hiperactividad judicial sobre temas relacionados con el proc¨¦s desde que empez¨® a tramitarse la ley de amnist¨ªa permite concluir, no obstante, que Espa?a est¨¢ generando abundantes pronunciamientos judiciales creativos con decisiones y argumentos extravagantes o sobrevenidos que torpedean hoy, siete a?os despu¨¦s de los hechos enjuiciados, la aplicaci¨®n de la ley de amnist¨ªa, aprobada por el Congreso de los Diputados el 30 de mayo por 177 votos a favor y 172 en contra.
Esa justicia creativa se activ¨® hace ya unos meses, coincidiendo con el inicio de la tramitaci¨®n de la ley en el Parlamento, y permiti¨® al juez de la Audiencia Nacional Manuel Garc¨ªa Castell¨®n descubrir un supuesto delito de terrorismo para imput¨¢rselo al expresidente catal¨¢n, Carles Puigdemont, cuatro a?os despu¨¦s de abrir una investigaci¨®n sobre las manifestaciones convocadas en Barcelona en 2019 contra la sentencia del proc¨¦s. Tambi¨¦n permiti¨® al Tribunal Supremo investigarlo por el mismo motivo argumentando que pudiendo evitar esa manifestaciones, no lo hizo. Esa misma creatividad ha llevado al juez Joaqu¨ªn Aguirre a abrir el mes pasado una pieza separada para a?adir un presunto delito de alta traici¨®n a un caso que lleva investigando seis a?os. Por supuesto, los delitos de alta traici¨®n o terrorismo que se proyectan ahora, de forma sobrevenida, sobre Puigdemont quedan fuera del ¨¢mbito de aplicaci¨®n de la amnist¨ªa.
Finalmente, la justicia creativa desembarc¨® ayer en la Sala Segunda del Supremo en el asunto central que quedaba pendiente de las condenas del proc¨¦s en relaci¨®n con la amnist¨ªa. La ley es clara al respecto: la medida de gracia ampara los delitos de malversaci¨®n siempre que no hayan tenido ¡°un prop¨®sito de enriquecimiento¡±, es decir, ¡°de obtener un beneficio personal de car¨¢cter patrimonial¡±.
En la sentencia del proc¨¦s, de 2019, la misma sala del Supremo no hac¨ªa ninguna referencia al enriquecimiento personal de aquellos a los que conden¨® por malversaci¨®n vinculada a la administraci¨®n desleal de fondos p¨²blicos. Ahora, sin embargo, la misma sala interpreta que Carles Puigdemont y el resto de los dirigentes independentistas condenados o encausados se ahorraron su propio dinero al promover el refer¨¦ndum ilegal con fondos de la Generalitat en lugar de pagarlo de su bolsillo, y que, por tanto, s¨ª hubo enriquecimiento personal.
Primero terrorismo, luego alta traici¨®n y ahora malversaci¨®n por el dinero que se ahorraron. Hace solo una semana los jueces del Tribunal Superior de Justicia de Catalu?a aplicaron la ley de amnist¨ªa al delito de malversaci¨®n por el que fue condenado el exconseller Miquel Buch. Lo hicieron se?alando de forma clara que en los hechos que juzgaron relacionados con el refer¨¦ndum ilegal de 2017 no se produjo un beneficio patrimonial para sus impulsores. Tal discrepancia nos aleja del principio de seguridad jur¨ªdica, porque si la ley es taxativa en este punto, y lo es, sorprenden dos interpretaciones tan opuestas.
Los jueces pueden considerar que la ley de amnist¨ªa vulnera principios fundamentales de la Constituci¨®n espa?ola o del Derecho de la UE, y tienen toda la legitimidad para plantear las acciones procesales que consideren pertinentes. Sin embargo, realizar interpretaciones ad hoc sobre un mismo delito, como hizo ayer el Tribunal Supremo, y acompa?ar su argumentaci¨®n de ins¨®litas cr¨ªticas al Poder Legislativo, no hace m¨¢s que proyectar dudas, si no sobre su independencia, al menos s¨ª sobre su imparcialidad.
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