Estado de derechas

El concepto de Estado de derecho ha sido siempre una realidad controvertida, ha evolucionado a lo largo de la historia y ciertas interpretaciones est¨¢n reduci¨¦ndolo actualmente a su dimensi¨®n coercitiva. Siendo una conquista de las sociedades democr¨¢ticas, o¨ªr esta expresi¨®n en el combate pol¨ªtico presagia que algo va a ser prohibido y que la creatividad pol¨ªtica se va a estrechar en el marco de una legalidad entendida de la manera m¨¢s restrictiva. Esta mutaci¨®n sem¨¢ntica y narrativa no es exclusiva de las llamadas ¡°democracias iliberales¡±; en buena parte de las que no merecer¨ªan esa denominaci¨®n se observan fen¨®menos inquietantes en este sentido.

Las actuales trifulcas en torno al poder judicial se inscriben en una simplificaci¨®n populista de la idea del Estado de derecho, en una reinterpretaci¨®n del concepto en t¨¦rminos de legalidad y orden p¨²blico que erosiona su dimensi¨®n liberal y tiene efectos antidemocr¨¢ticos. El lema ¡°ley y orden¡±, la apelaci¨®n a la mano dura y la severidad, forman parte de una narrativa que est¨¢ pensando m¨¢s en la polic¨ªa que en el Estado, en el monopolio de la violencia leg¨ªtima que en la soberan¨ªa popular, en el derecho penal m¨¢s que en los derechos sociales, en los castigos m¨¢s que en las prevenciones.

En el centro de la concepci¨®n liberal y democr¨¢tica del Estado de derecho no est¨¢ el Estado que ordena o penaliza sino la contenci¨®n del poder estatal, sus limitaciones y la obligaci¨®n de justificar sus decisiones. Pero su resignificaci¨®n actual no lo entiende como un instrumento para protegernos frente a los poderosos intereses dominantes sino para legitimar la fuerza del Estado; no consiste en ponderar la medida correcta del poder como de asegurar que ¡°todo el peso¡± del poder recaiga sobre el destinatario de la acci¨®n estatal; no se est¨¢ pensando en la protecci¨®n de las minor¨ªas sino en proteger a la mayor¨ªa de la criminalidad; se defiende el dominio de derecho y la palabra dominio parece tener m¨¢s importancia que el derecho. Este es el contexto que explica el hecho de que algunos miembros del poder judicial se sientan llamados a defender al Estado m¨¢s que al derecho, a la naci¨®n y no a las personas.

El reduccionismo del Estado de derecho implica tambi¨¦n un encogimiento de su autoridad, que es fuerte para unas cosas (por ejemplo, las relativas a la identidad nacional) y no para otras (como la intervenci¨®n en la econom¨ªa), que exagera unos hechos (califica con mucha ligereza algunas reivindicaciones o protestas como sedici¨®n o terrorismo), mientras que resuelve con una negociaci¨®n los delitos fiscales, que combina la severidad en pol¨ªtica interior con una laxitud en relaci¨®n con ciertas cosas que se hacen en el mercado.

Una muestra de esta regresi¨®n es el modo de entender la acci¨®n policial y judicial en relaci¨®n con el ejercicio de los derechos de manifestaci¨®n y expresi¨®n. El Estado de derecho liberal fue pensado como un marco para permitir la contestaci¨®n democr¨¢tica de la autoridad y no para sustraerla de cualquier cuestionamiento. Actualmente, en muchas ocasiones y en no pocos pa¨ªses, los delitos cometidos por la polic¨ªa no son examinados con la perspectiva liberal del Estado de derecho sino justificados conforme a esa interpretaci¨®n securitaria y reductiva de garantizar el orden p¨²blico. Pensemos en el modo como la polic¨ªa ha reprimido algunas protestas contra la actuaci¨®n del Gobierno de Netanyahu en Gaza. La forma m¨¢s banal en la que se desliza una mentalidad iliberal es el hecho de que se oiga muchas m¨¢s veces la cantinela de la confianza en las fuerzas y cuerpos de seguridad que el derecho de la ciudadan¨ªa a expresar libremente su opini¨®n. En este campo, la revisi¨®n de la llamada ley mordaza de 2015 deber¨ªa estar en la agenda de la regeneraci¨®n democr¨¢tica.

La migraci¨®n es el otro gran ¨¢mbito en el que se ha producido este giro regresivo, que comienza en el plano discursivo se?alando un delito (la actuaci¨®n de las mafias), como si el hecho de que haya quien trafique con seres humanos redujera toda la cuesti¨®n a perseguir ese delito y suprimiera m¨¢gicamente nuestros deberes respecto de esos seres humanos. Con esa estrategia discursiva les negamos la protecci¨®n de nuestro derecho. Quienes buscan asilo no son entendidos como poseedores de derechos, sino como un riesgo para nosotros. El riesgo de quienes vienen en una patera parece mucho menor que el que correr¨ªamos nosotros con su llegada. No es extra?o que la apelaci¨®n al Estado de derecho, al nuestro, sirva luego para normalizar ciertos discursos racistas. La sospecha habitual hacia los ciudadanos con or¨ªgenes migrantes pone de manifiesto que no se trata tanto de un comportamiento inadecuado de ciertos funcionarios, sino de algo estructural. Si pasamos al plano europeo, al mismo tiempo que se presiona a Polonia y Hungr¨ªa para que respeten determinados valores del Estado de derecho, la Uni¨®n Europea se desentiende de esos valores con sus pol¨ªticas relativas a la migraci¨®n que externalizan el control migratorio a pa¨ªses donde se vulneran gravemente los derechos humanos.

Un caso nada ejemplar de hasta qu¨¦ punto el poder judicial asume unas funciones que, como m¨ªnimo, deber¨ªamos calificar de poco liberales, es la judicializaci¨®n del conflicto catal¨¢n. Tal vez estemos padeciendo ahora, bajo la forma de resistencia e incluso insumisi¨®n de algunos fiscales, el haber puesto en manos de los jueces la resoluci¨®n de un asunto que requer¨ªa un abordaje pol¨ªtico y que fue manejado en clave de un Estado de derecho que se defiende y no en el marco de una democracia que garantiza el pluralismo pol¨ªtico, delibera y negocia. Ciertos poderes del Estado, en la judicatura y la polic¨ªa, se han convertido en militantes que creen haberse quedado solos en la defensa de la naci¨®n. Afortunadamente en Europa se mantiene una concepci¨®n m¨¢s liberal y garantista del derecho, como se ha visto en el rechazo a la extradici¨®n o al oponerse a calificar como delitos de terrorismo las protestas que tuvieron lugar en los momentos ¨¢lgidos del proc¨¦s.

El hecho de que la Constituci¨®n Espa?ola califique como ¡°social y democr¨¢tico¡± al Estado de derecho no es mera ret¨®rica. Si queremos hacerlo valer en todas sus dimensiones, es necesario combatir tambi¨¦n aquellas condiciones estructurales que implican alguna forma de dominaci¨®n, cuya eliminaci¨®n es tambi¨¦n un objetivo de las leyes. El concepto de Estado de derecho exige el sometimiento de los poderosos al derecho y, por tanto, la protecci¨®n a quienes carecen de poder. Por eso ha podido evolucionar desde una mera defensa de la propiedad a un instrumento de democratizaci¨®n y avances sociales. La actual resignificaci¨®n implica un reduccionismo que revierte esta evoluci¨®n. En vez de hablar de permisos de entrada para quien busca asilo, se discute sobre el orden en las fronteras; los debates sobre los controles policiales deslegitiman la cr¨ªtica a los aparatos del Estado; las causas de la criminalidad no se abordan con medidas pol¨ªticas y sociales sino exclusivamente con criterios de seguridad. Este es un terreno abonado en el que se mueve a sus anchas la ultraderecha. La mejor manera de combatirla es rechazar su marco discursivo y defender un ¡°imperio de la ley¡± que se ponga tambi¨¦n al servicio de la generaci¨®n de nuevos derechos, con ocasi¨®n del creciente pluralismo social o a la hora de abordar crisis que no estaban previstas en el ordenamiento jur¨ªdico del siglo XIX.