El tsunami de Garc¨ªa-Castell¨®n

El Tribunal Supremo archiv¨® ayer el caso Tsunami contra Carles Puigdemont y Ruben Wagensberg, aforados por su condici¨®n de diputados en el Parlamento de Catalu?a. Lo hizo despu¨¦s de que la Audiencia Nacional dictara el lunes un auto en el que conclu¨ªa que Garc¨ªa-Castell¨®n habr¨ªa prorrogado la investigaci¨®n fuera de plazo en julio de 2021 y que, por tanto, las averiguaciones recabadas desde ese momento no ten¨ªan valor. Al juez le quedaban dos opciones: revaluar la causa ¡ªque afectaba a 10 personas no aforadas, entre ellas, Marta Rovira, secretaria general de ERC¡ª o archivarla. Opt¨® por lo segundo y lo mismo ha hecho el Supremo.

Termina as¨ª un episodio de escaso fundamento jur¨ªdico pero de gran trascendencia pol¨ªtica porque las acciones de Garc¨ªa-Castell¨®n durante el oto?o pasado parec¨ªan responder a las diferentes etapas de negociaci¨®n de la investidura de Pedro S¨¢nchez y del anuncio y la tramitaci¨®n de la ley de amnist¨ªa. As¨ª, tras cuatro a?os de investigaci¨®n de un supuesto delito de terrorismo sin grandes avances, el 6 de noviembre de 2023 el instructor se empe?¨® en incluir en la causa a Puigdemont, cuya implicaci¨®n en las protestas organizadas en 2019 por el movimiento Tsunami Democr¨¤tic contra la sentencia del proc¨¦s era inexistente seg¨²n las pruebas incluidas en el sumario. Garc¨ªa-Castell¨®n lleg¨® a copiar en alguno de sus autos frases de los borradores de la ley de amnist¨ªa que solo pod¨ªan interpretarse como elementos colocados en el sumario para que el expresidente catal¨¢n y el resto de los imputados no pudieran beneficiarse de la nueva norma una vez que fuera aprobada.

Tras a?adir a Puigdemont en una investigaci¨®n que desde 2019 no hab¨ªa logrado hallazgos relevantes pese a carecer de especial complejidad, decidi¨® enviar la causa al Supremo. Este tribunal admiti¨® encausar al expresidente catal¨¢n pese a que el fiscal que hab¨ªa investigado los hechos durante cuatro a?os no apreciaba ni el delito ni la participaci¨®n del l¨ªder de Junts en los hechos.

Adem¨¢s, el Tribunal Supremo intent¨® argumentar que las protestas contra la sentencia del proc¨¦s en el aeropuerto del Prat pod¨ªan entrar dentro de la categor¨ªa de delitos terroristas. M¨¢s de 70 juristas, algunos de ellos reputados catedr¨¢ticos de Derecho Penal, firmaron el lunes un manifiesto en el muestran su preocupaci¨®n por los argumentos del alto tribunal sobre el caso. De arraigar tal doctrina, avisaban, ¡°se podr¨ªa terminar aplicando la calificaci¨®n de terrorismo a las tractoradas de los agricultores, a los bloqueos de las carreteras por transportistas organizados y a los trabajadores en sus acciones de huelga y manifestaci¨®n, a pesar de realizarse en el ejercicio de un derecho fundamental¡±.

Finalmente, un error formal ha dado al traste con toda la instrucci¨®n porque, seg¨²n el propio juez, cuando la investigaci¨®n se consider¨® finalizada (en julio de 2021, m¨¢s de un a?o y medio despu¨¦s de abierta) ni siquiera hab¨ªa tomado declaraci¨®n a las personas investigadas. Para ese momento, Puigdemont no aparec¨ªa en la causa ni el instructor hab¨ªa mostrado intenci¨®n de imputarle delito alguno.

Un error de procedimiento deja sin desenlace final una investigaci¨®n judicial llena de sombras que desencaden¨® un maremoto pol¨ªtico. Lo ocurrido con el caso Tsunami pone de manifiesto que no todo vale contra la amnist¨ªa, por mucho que alguien pueda albergar dudas sobre la constitucionalidad de la ley. Quienes critican la arbitrariedad de algunas importantes decisiones judiciales sobre esa ley deber¨ªan celebrar, con id¨¦ntica fuerza, la decisi¨®n de la Audiencia Nacional esta semana. El Estado de derecho ha acabado imponi¨¦ndose.