Jueces en celo

La acumulaci¨®n de iniciativas y decisiones judiciales que golpean al Gobierno y sus aleda?os es verdaderamente extraordinaria. Hasta ahora la resistencia judicial al Ejecutivo se hab¨ªa limitado a las leyes que se iban aprobando. El Tribunal Supremo, por ejemplo, ha retorcido el derecho hasta l¨ªmites insospechados con tal de boicotear la aplicaci¨®n de la ley de amnist¨ªa. A este tipo de maniobras de apariencia jur¨ªdica y motivaci¨®n pol¨ªtica ya nos hab¨ªamos acostumbrado. Pero ahora nos encontramos en una fase distinta, en la que la fuerza de la ley se dirige contra personas concretas, haciendo las delicias de la prensa m¨¢s rabiosamente antisanchista.

Se est¨¢n mezclando asuntos muy diferentes. Mientras que nadie duda del foco de corrupci¨®n que toca de cerca al presidente del Gobierno y secretario general del PSOE (la trama en la que aparecen Koldo Garc¨ªa y Jos¨¦ Luis ?balos), los otros casos resultan m¨¢s dudosos. Por un lado, en estrecha conexi¨®n con la citada trama, se encuentran las declaraciones del empresario V¨ªctor de Aldama, que incriminan gravemente a varios miembros del Gobierno y gracias a las cuales ha conseguido salir de la c¨¢rcel, donde se encontraba por un fraude econ¨®mico millonario que nada tiene que ver ni con el Gobierno ni con el PSOE. El fiscal de la Audiencia Nacional no se lo pens¨® dos veces y solicit¨® la libertad inmediata de Aldama tan pronto como este empez¨® a cantar contra el Ejecutivo. Por otro lado, est¨¢n las causas contra la mujer y el hermano del presidente, cuyo origen se sit¨²a en denuncias de la asociaci¨®n ultraderechista Manos Limpias. Esta asociaci¨®n es bien conocida por especializarse en algo muy parecido a la extorsi¨®n: obten¨ªa ventajosos acuerdos comerciales de grandes empresas a cambio de no llevarlas a los tribunales. Manos Limpias fue condenada por la Audiencia Nacional, pero el Tribunal Supremo recientemente la absolvi¨® porque ¡°no se alcanza para colmar el concepto de intimidaci¨®n que, en paridad con el de violencia, constituye elemento t¨ªpico del delito de extorsi¨®n¡±.

Finalmente, se encuentra el caso verdaderamente escabroso del fiscal general del Estado, acusado por la filtraci¨®n de unos correos que desmontaban los bulos lanzados por Miguel ?ngel Rodr¨ªguez, el jefe de gabinete de Isabel D¨ªaz Ayuso. Como saben, la pareja de la presidenta madrile?a ha reconocido haber cometido un delito fiscal por unas comisiones millonarias derivadas de la compraventa de mascarillas durante la covid (peccata minuta en comparaci¨®n con los cr¨ªmenes cometidos por la esposa de S¨¢nchez). El magistrado del Tribunal Supremo que lleva el caso de la filtraci¨®n, ?ngel Hurtado, en una decisi¨®n muy controvertida, mand¨® requisar los aparatos electr¨®nicos del fiscal, consiguiendo acceso a las comunicaciones oficiales y personales del investigado. Lo que ha logrado este palad¨ªn de la lucha contra las filtraciones es que se hayan empezado a filtrar los mensajes que conten¨ªan los dispositivos del fiscal general. Al margen de la desproporci¨®n de las medidas tomadas por Hurtado, ¨¦l mismo ha originado una situaci¨®n insostenible al posibilitar nuevas filtraciones. Todas las filtraciones son igualmente delictivas, pero algunas son m¨¢s delictivas que otras.

No es mi prop¨®sito en absoluto cuestionar los fundamentos jur¨ªdicos de las decisiones que est¨¢n tomando los tribunales involucrados en estos casos. Sin embargo, s¨ª me gustar¨ªa recordar que el ¨¢mbito en el que se puede observar la falta de parcialidad de la justicia no es solo el del desarrollo y conclusi¨®n de los procesos judiciales; en realidad, puede haber parcialidad en muchos otros aspectos, desde la admisi¨®n a tr¨¢mite de ciertos asuntos hasta el grado de determinaci¨®n que muestren los jueces en la persecuci¨®n del delito. Una sentencia puede ser justa contemplada en s¨ª misma, pero injusta si un caso similar no recibi¨® un tratamiento parecido. Quiz¨¢ sea m¨¢s instructivo examinar el conjunto de casos que cada caso por separado: a trav¨¦s del acumulado se advierten patrones de conducta que revelan los objetivos ¨²ltimos de ciertos jueces.

Pues bien, cuando se observa la superposici¨®n de estos casos judiciales, parece que algunos jueces aplican un celo excepcional al sopesar las denuncias que se presentan contra el Gobierno o el PSOE. Es como una especie de huelga de celo selectiva. Consiste en aplicar la ley con escrupulosidad extrema cuando las denuncias van en una cierta direcci¨®n. No se trata necesariamente de prevaricar ni de aplicar torticeramente la ley, sino de establecer unos niveles de exigencia que no se cumplen en casos parecidos. El ejemplo m¨¢s obvio es el de la filtraci¨®n de la que se acusa al fiscal general. Por supuesto que una filtraci¨®n puede ser un delito, pero llama la atenci¨®n que la filtraci¨®n sobre los delitos de la pareja de D¨ªaz Ayuso merezca el esfuerzo ¨ªmprobo del magistrado Hurtado cuando en Espa?a hay filtraciones judiciales constantemente y no se investigan porque los jueces consideran que ser¨ªa muy dif¨ªcil descubrir la autor¨ªa de las mismas, empezando por las filtraciones del propio procedimiento del que Hurtado es responsable.

Peor todav¨ªa, las filtraciones a medios ¡°amigos¡± (El Mundo, Okdiario) que se realizaron desde el Ministerio del Interior en la ¨¦poca de Mariano Rajoy, con acusaciones falsas contra los l¨ªderes de Podemos y del independentismo catal¨¢n, no han merecido a¨²n la atenci¨®n de los jueces, a pesar de que supusieron una quiebra grave del Estado de derecho y de las reglas m¨¢s elementales de la democracia. Se filtr¨® desde el Estado informaci¨®n falsa para perjudicar a formaciones pol¨ªticas rivales. Comp¨¢rese eso con la gravedad de una filtraci¨®n (cuyo origen a¨²n no se ha determinado) para desmentir los bulos que lanza el Gobierno regional de la Comunidad de Madrid en un intento desesperado por tapar el delito fiscal de la pareja de D¨ªaz Ayuso. Gracias a la pasividad judicial, las filtraciones de la ¨¦poca de Rajoy, bien documentadas a d¨ªa de hoy, no han supuesto un gran esc¨¢ndalo, mientras que la filtraci¨®n de los correos sobre la pareja de la presidenta madrile?a se ha convertido en una tormenta pol¨ªtica con fuerte aparato el¨¦ctrico.

El mismo celo se advierte en la investigaci¨®n sobre Bego?a G¨®mez. Ni la celeridad con la que el juez llama a testigos e imputa a quienes han tenido alguna relaci¨®n con la investigada, ni la exhaustividad con la que va abriendo distintas l¨ªneas de investigaci¨®n para ver si pesca algo, son habituales en nuestro sistema judicial. Pero esta causa lo merece, qui¨¦n va a dudar de ello, lo mismo termina sirviendo para imputar al propio Pedro S¨¢nchez.

La conclusi¨®n de que hay un celo selectivo entre nuestros jueces m¨¢s conservadores no requiere suponer una coordinaci¨®n estrat¨¦gica o un cerebro en la sombra. Basta con que tengan los mismos valores y motivaciones y, animados por la coincidencia ideol¨®gica y el esp¨ªritu corporativo, se cubran unos a otros cuando lleguen las quejas y los recursos. Con todo ello, m¨¢s el apoyo cerrado de los medios derechistas, se sienten suficientemente protegidos.

Es inevitable maliciarse que el celo judicial contra el Gobierno se origina por un rechazo visceral a sus pol¨ªticas. Algunos jueces conservadores sienten que el Ejecutivo debe pagar por decisiones que ellos consideran intolerables o ileg¨ªtimas (como bot¨®n de muestra, ah¨ª tienen las zafias declaraciones del juez Eloy Velasco). La iron¨ªa es que una vez instalada la sospecha de parcialidad de los tribunales, ser¨¢ muy dif¨ªcil separar el grano de la paja y exigir responsabilidades al Gobierno por los abusos de poder que haya podido cometer.