En busca de la intimidad perdida

Hace ya un tiempo que nos estamos acostumbrando a que el derecho fundamental a la intimidad puede ser vulnerado por cualquier juez en el marco de una investigaci¨®n penal. Parece que no debe haber l¨ªmites cuando se trata de perseguir a los malos. Y si en otras ¨¦pocas hab¨ªa grandes prevenciones para entrar en el domicilio de alguien, hoy parece que no hay ning¨²n inconveniente para descubrir hasta el ¨²ltimo archivo de su tel¨¦fono m¨®vil si el juez lo considera necesario, no siempre de modo acertado.

?Qu¨¦ ha sucedido? Puede que demasiadas pel¨ªculas en que la polic¨ªa hace lo que le da la gana, con el benepl¨¢cito del guionista y el aplauso del p¨²blico. Tal vez el periodismo o la pol¨ªtica, o ambos a la vez, a ra¨ªz de los casos de terrorismo y de la peque?a delincuencia ciudadana recurrente, han generado una sensaci¨®n paranoica de p¨¢nico en la poblaci¨®n que ha derivado en un autoritarismo por parte de algunos jueces, que tambi¨¦n son ciudadanos. De ese modo, quien ejerce el poder ¡ªjueces, fiscales y polic¨ªa¡ª se ve legitimado para restringir, hasta anular, muy particularmente ese derecho a la intimidad en los procesos penales. Tampoco han ayudado las grandes empresas tecnol¨®gicas. Como mercadean con nuestros datos, han generado la est¨²pida idea de que los ciudadanos debemos ser transparentes, sin nada que esconder. Y de esa forma, han podido crear unas redes sociales que se nutren de todos los datos que nosotros hemos regalado alegremente, que son much¨ªsimos. Son datos que nadie hubiera revelado hace 20 a?os. Hoy permitimos a esas empresas acceder a nuestra agenda de tel¨¦fonos, correo personal, fotos, conversaciones, v¨ªdeos, recorridos a pie, etc.

Es bueno recordar c¨®mo empez¨® todo. Edward Coke, bas¨¢ndose de forma algo forzada en el Derecho romano, afirm¨® a principios del siglo XVII que la casa de un ser humano es su castillo, y que nadie puede entrar en ¨¦l con cualquier pretexto. En la Inglaterra de aquel tiempo, se trat¨® de que los oficiales ¡ªjueces inclusive¡ª del rey, no pudieran entrar as¨ª como as¨ª en la casa de un pobre hombre. El trasfondo eran constantes casos de lawfare en que el rey se val¨ªa de sus jueces para eliminar a rivales pol¨ªticos. Parece mentira, pero as¨ª y por eso vieron la luz en las leyes los derechos fundamentales, pues hasta entonces s¨®lo hab¨ªan sido ideas de fil¨®sofos voluntaristas. M¨¢s de un siglo despu¨¦s, los fundadores de EE UU, muy conscientes de los abusos de las autoridades en el tiempo de la colonia, reafirmaron ese mismo derecho a la inviolabilidad del domicilio, que junto con el secreto de la correspondencia son las primeras bases del actual derecho a la intimidad, aunque pocas veces se explique as¨ª. Es decir, se trata de que el Estado no pueda inmiscuirse en la vida privada de las personas con cualquier pretexto. Y para eso existen los derechos fundamentales: para que con la barrera que suponen, el ciudadano pueda protegerse de los abusos de las autoridades.

En aquel tiempo se trataba solamente de proteger la intimidad de una vivienda y lo que las personas se dec¨ªan por carta, porque pocos m¨¢s espacios de intimidad exist¨ªan. Cabe preguntarse qu¨¦ hubieran dicho aquellos juristas libertarios si hubieran sabido que, entre el siglo XX y XXI, iban a existir dispositivos de comunicaci¨®n y de almacenamiento de datos que albergan informaci¨®n much¨ªsimo m¨¢s sensible que la que pudo haber habitualmente en una casa, o que cualquier ciudadano de entonces se hubiera atrevido a plasmar por escrito en una misiva¡­ Es bastante probable, por no decir completamente seguro, que a mayor sensibilidad de los datos, hubieran reclamado una mayor protecci¨®n para los mismos y, por tanto, mayor inmunidad frente a las investigaciones de polic¨ªas, fiscales y jueces. Y no hubieran ido errados con ese juicio, si lo que se pretende es que los ciudadanos sean y se sientan libres, como cabe entender que es el deseo de la mayor¨ªa de la poblaci¨®n.

Sin embargo, la tendencia, tambi¨¦n en otros pa¨ªses ¡ªinclusive EE UU¡ª ha sido la contraria. Empez¨® el Tribunal Supremo exigiendo que una intervenci¨®n de comunicaciones telef¨®nicas solo pudiera ordenarse en caso de delito grave, lo que dijo hace ya tres d¨¦cadas despu¨¦s de que un juez selectivamente hiperactivo, que hasta hizo declaraciones a la prensa, pareci¨® vanagloriarse por estar persiguiendo a una serie de pol¨ªticos del Partido Popular. Pero tras ello, y conforme la tecnolog¨ªa se ha ido infiltrando cada vez m¨¢s y m¨¢s en nuestras vidas, los jueces, con el imprudente benepl¨¢cito del legislador, se han ido sintiendo legitimados para intervenir comunicaciones con mayor facilidad, o bien disponer grabaciones de audio y v¨ªdeo en lugares p¨²blicos, pero tambi¨¦n privados, extremo este ¨²ltimo que fue corregido en parte por el Tribunal Supremo pese a ser esa correcci¨®n, indudablemente, trabajo del legislador. Y hasta se ha llegado al extremo de mantener durante los ¨²ltimos a?os el disparate ¡ªque pone los pelos de punta en Alemania porque es delito¡ª de que cualquiera puede grabar subrepticiamente sus conversaciones con otra persona y hacer con ellas lo que quiera, porque forman parte de su intimidad... Se ve que la intimidad del otro interlocutor, salvo casos excepcionales, no le importa a nadie.

Finalmente, estamos viendo c¨®mo por delitos que para el C¨®digo Penal no son demasiado graves, los jueces autorizan nada menos que el clonado de los tel¨¦fonos personales de quien se ponga por delante. Como se ha sugerido antes, el legislador no ha ayudado a mantener la libertad, puesto que una desgraciada macrorreforma de 2015 permiti¨® todos estos desmanes, que tampoco ha corregido el Tribunal Constitucional, pese a haberlo tenido muy f¨¢cil al amparo de la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Uni¨®n Europea, mucho m¨¢s protectora del derecho fundamental a la intimidad. Tampoco el Tribunal Supremo est¨¢ siendo consciente de la relevancia a futuro que tiene que uno de sus magistrados haya ordenado nada menos que el clonado del tel¨¦fono del Fiscal General del Estado para investigar un delito de escasa importancia penal. A partir de ahora, ?todos los jueces podr¨¢n clonar autom¨¢ticamente los m¨®viles de cualquier imputado por cualquier delito?

Habr¨ªa que darse cuenta de que hoy en d¨ªa es mucho m¨¢s grave entrar en el tel¨¦fono m¨®vil de una persona que en su casa, sobre todo por la enorme cantidad de intimidad que esconde ese dispositivo y que no es comparable con los objetos que suele haber en una vivienda. Ser¨ªa conveniente que se produjera una reforma legal que solamente permitiera las restricciones de ese derecho ¡ªinclusive la inviolabilidad del domicilio y el secreto de las comunicaciones¡ª en caso de delito realmente grave o grav¨ªsimo. Lo contrario har¨¢ ¡ªhace¡ª de nosotros ciudadanos transparentes, perfectamente vulnerables a los abusos de poder de las autoridades. Parece que los pol¨ªticos no son conscientes de ello hasta que lo padecen en sus carnes. Ojal¨¢ eso les anime a realizar unas m¨¢s que necesarias reformas sin el habitual provincianismo de mirar qu¨¦ hacen en el resto de pa¨ªses. Edward Coke no mir¨® a ninguna parte. Tampoco lo hicieron realmente en Estados Unidos en 1791. Un Estado tiene que hacerse mayor alguna vez y tomar decisiones de manera soberana, previo el debido estudio cient¨ªfico, sin inseguridades.

Ojal¨¢ haya llegado el momento de hacer de Espa?a, en este sentido, un pa¨ªs m¨¢s libre. No se preocupen; los delitos de terrorismo y narcotr¨¢fico seguir¨¢n pudi¨¦ndose investigar con esos instrumentos que restringen de forma intensa la intimidad. Pero con un poco de suerte, se dejar¨¢ en paz a la enorme mayor¨ªa de ciudadanos, que no est¨¢n involucrados en nada de eso, y as¨ª podremos decir con algo m¨¢s de tranquilidad que, efectivamente, vivimos en democracia.