Tierras ¡°mal habidas¡±: el origen de las expulsiones campesinas en Paraguay
Los desalojos de ind¨ªgenas y poblaci¨®n rural est¨¢n a la orden del d¨ªa en el pa¨ªs donde los herederos de la dictadura a¨²n conservan intactas sus tierras robadas
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Un asentamiento agr¨ªcola paraguayo llamado Rosarino, cercano a la frontera con Brasil, amaneci¨® hace unos meses con el estruendo de disparos al aire. Las tierras donde viven unas cien familias desde 2008 estaban siendo invadidas por civiles armados disfrazados de polic¨ªas. Todas las personas corrieron a refugiarse en un peque?o bosque cercano. Lograron llegar hasta la comisar¨ªa de Maracan¨¢, departamento de Canindey¨², tambi¨¦n frontera con Brasil, y presentar una denuncia.
Cuatro d¨ªas despu¨¦s, un grupo de agricultores que sal¨ªa de la comunidad en coche fue asaltado por los mismos civiles armados que hicieron los disparos al aire. Esta vez apuntaron directamente al veh¨ªculo. Un hombre result¨® gravemente herido y otros leves.
¡°No es la primera vez, siempre guardias privados vienen a hacer sus locuras¡±, dijo el mismo d¨ªa el comisario de la zona, Roberto Romero. Las tierras son un asentamiento campesino desde hace 13 a?os, pero un inversor alem¨¢n pretende ahora ocuparlo, seg¨²n Celino Salinas, dirigente de la Organizaci¨®n de Lucha por la Tierra (OLT). Salinas denunci¨® tambi¨¦n que la polic¨ªa no persigue a los asaltantes porque ¡°las autoridades de la zona act¨²an en complicidad con la mafia local¡±. El dirigente campesino Arnaldo Sol¨ªs, de 33 a?os, fue asesinado a balazos por un mat¨®n ¡°al servicio del dirigente colorado Ger¨®nimo Sanabria, que es uno de los tantos terratenientes que se apropiaron de tierras falseando t¨ªtulos y aprovechando influencia pol¨ªtica¡±, seg¨²n denunci¨® el Partido Comunista Paraguayo.
La Coordinadora de Derechos Humanos de Paraguay (Codehupy) afirm¨® que este suceso es similar a otros recientes, con asesinatos incluidos, ¡°de paraguayos, que buscan acceder al derecho a la tierra, medio que les permite la alimentaci¨®n y una vida digna¡±. Por lo menos 124 l¨ªderes campesinos han sido asesinados desde 1989 hasta hoy. La ONG inst¨® a las autoridades a investigar las denuncias sobre civiles armados, figura cada vez m¨¢s frecuente para avasallar a campesinos, campesinas y sus familias. Aunque han pasado 150 a?os de la Guerra Guas¨² (grande en guaran¨ª) en la que Argentina y Brasil invadieron, saquearon y ocuparon Paraguay, un 15% del territorio paraguayo est¨¢ ocupado actualmente por latifundistas brasile?os, una cifra que llega al 35% en los departamentos fronterizos con Brasil.
Son medio mill¨®n de hect¨¢reas dedicadas ¨ªntegramente al agronegocio, una superficie como la que se quem¨® en 2020 en los incendios de California, seg¨²n una investigaci¨®n de la organizaci¨®n paraguaya Base-Is. Anta?o estas tierras eran selvas tropicales, tierras ancestrales de pueblos ind¨ªgenas, con abundantes r¨ªos y manantiales, valles y colinas, de numerosos peque?os agricultores en un pa¨ªs mayoritariamente rural. Pero ahora son silos gigantes, camiones humeantes y tractores modern¨ªsimos entre un inmenso mar verde de monocultivo de soja transg¨¦nica y pastos para las vacas que han sustituido a los ¨¢rboles, los p¨¢jaros o los jaguares, y a la mayor¨ªa de las comunidades agr¨ªcolas nativas y criollas.
Al menos un mill¨®n de agricultores paraguayos han abandonado el campo en direcci¨®n a la capital, Asunci¨®n, y tambi¨¦n hacia Buenos Aires, S?o Paulo y Madrid, seg¨²n la Federaci¨®n Nacional Campesina (FNC), ante la falta cr¨®nica de trabajo y tierras.
Este pa¨ªs sin mar, ubicado en el coraz¨®n de Am¨¦rica del Sur, es uno de los diez mayores exportadores de granos y carne del mundo, pero esa inmensa riqueza est¨¢ concentrada en menos del 2,5% de la poblaci¨®n que es due?a de m¨¢s del 85% de las tierras cultivables. Es uno de los pa¨ªses con la distribuci¨®n de la tierra m¨¢s desigual de Am¨¦rica y del mundo, seg¨²n datos de Naciones Unidas.
Ard¨ªa el sol de verano a las tres de la tarde cuando unos 35 hombres con escopetas y picanas el¨¦ctricas aparecieron por sorpresa en otro asentamiento rural de casas de madera y lona que se llama Loma Piro¡¯y. Golpearon a hombres, mujeres y ni?os, varios tienen brazos fracturados. Quemaron sus casas, su peque?a iglesia y su escuela. Robaron sus tel¨¦fonos y su comida. Tambi¨¦n sus animales. Los agredidos son un centenar de personas del pueblo mbya guaran¨ª que viven en sus tierras ancestrales. Ocurri¨® el 16 de diciembre de 2020 y los agresores no han sido detenidos.
¡°Es tierra ancestral, es nuestra tierra, nos pertenec¨ªa hace miles de a?os¡±,, cuenta tras el desalojo Mario Rivarola, miembro de la Organizaci¨®n Nacional de Abor¨ªgenes Independientes (ONAI). Los mby¡¯a guaran¨ª son uno de los cinco pueblos guaran¨ªes, de los 19 pueblos o naciones ind¨ªgenas diferentes que viven en Paraguay desde antes de la colonizaci¨®n europea. El 75% de ellos est¨¢ en situaci¨®n de extrema pobreza seg¨²n el censo, y las pocas tierras que les quedan, se las quieren quitar empresarios y terratenientes.
El 75% de mby¡¯a guaran¨ª est¨¢ en situaci¨®n de extrema pobreza seg¨²n el censo, y las pocas tierras que les quedan, se las quieren quitar empresarios y terratenientes
¡°Nosotros somos los due?os verdaderos, nosotros somos los t¨ªtulos vivientes¡±, destaca Rivarola. La l¨ªder de la comunidad Elida Prieto reclama que quedaron absolutamente desamparados y que las autoridades nada hacen para protegerlos y garantizar su territorio por m¨¢s que est¨¢ reconocido por el propio Instituto de la Tierra (Indert) gubernamental.
Tres d¨ªas antes de la expulsi¨®n de los mbya guaran¨ª, otras 300 personas fueron desalojadas de una comunidad campesina no muy lejos de all¨ª, tambi¨¦n con violencia de por medio, pero, esta vez, causada por la polic¨ªa. Ocurri¨® en el distrito 3 de Mayo del departamento de Caazap¨¢. Hubo al menos 35 detenidos, entre ellos mujeres, ni?os y ancianos que fueron torturados, seg¨²n denunciaron sus familias.
El acecho a la agricultura campesina no se detiene. En junio se viralizaba en redes un helic¨®ptero de la polic¨ªa disparando a labriegos y otros enfrentamientos con la polic¨ªa. Pero, ?c¨®mo comenz¨® todo esto?
El origen de la desigualdad
Los campesinos ocupaban tierras ¡°mal-habidas¡±, el t¨¦rmino usado en Paraguay para los ocho millones de hect¨¢reas de territorio p¨²blico, el tama?o de Panam¨¢, que deb¨ªan ser para la reforma agraria y terminaron en manos de las familias, empresas y socios de los responsables de la dictadura m¨¢s larga de Am¨¦rica Latina. La de Paraguay.
Entre 1954 y 1989, el general Alfredo Stroessner, adem¨¢s de exiliar, torturar y asesinar a miles, reparti¨® tierras a sus allegados y aliados; en democracia, estas familias han ampliado sus propiedades, empresas y concesiones con el Estado de forma exponencial. Aumentando la concentraci¨®n de tierras que ven¨ªa desde la Guerra Guasu. A costa de los que las ten¨ªan antes, los agricultores, que han tenido que emigrar, y a costa de seis millones de hect¨¢reas de bosques destruidos en medio siglo.
Muchos de los propietarios ¡ªpol¨ªticos vinculados a la dictadura, empresarios y militares¡ª tienen tantas tierras que ni las visitan ni las utilizan
Muchos de estos propietarios ¡ªpol¨ªticos vinculados a la dictadura, empresarios y militares¡ª tienen tantas tierras que ni las visitan ni las utilizan, las abandonan durante d¨¦cadas; es entonces cuando los campesinos vecinos se organizan y las ocupan para trabajarlas.
La ley paraguaya permite reclamar un terreno agr¨ªcola abandonado si este se cuida y aprovecha, y as¨ª, las asociaciones campesinas han salvados miles de hect¨¢reas que iban a ser deforestadas o seguir abandonadas. Pero el Gobierno, el Poder Judicial y la mayor¨ªa de los legisladores, as¨ª como los principales medios de comunicaci¨®n paraguayos, criminalizan las ocupaciones y a los movimientos campesinos, pese a que son pac¨ªficos. Y se producen m¨¢s y m¨¢s enfrentamientos violentos.
Una de las familias beneficiadas con tierras ¡°mal-habidas¡± es, precisamente, la del actual presidente del pa¨ªs, Mario Abdo Ben¨ªtez, hijo del exsecretario privado del dictador. Su padre recibi¨® al menos 2.906 hect¨¢reas de tierras, que a precio de hoy costar¨ªan m¨¢s de un mill¨®n de d¨®lares si solo fueran rurales, seg¨²n el informe final de la Comisi¨®n de Verdad y Justicia realizado al t¨¦rmino del r¨¦gimen.
Otro es el presidente anterior, Horacio Cartes (2013-2018), hoy due?o de un emporio de m¨¢s de 20 empresas: desde tabacalera, banca, publicidad, farmacias, f¨²tbol, medios de comunicaci¨®n y, por supuesto, un sinf¨ªn de hect¨¢reas dedicadas al agronegocio. Su t¨ªo, Rub¨¦n Viveros Cartes, recibi¨® 6.457 hect¨¢reas de la dictadura que estaban destinadas a la reforma agraria estatal, seg¨²n la Comisi¨®n de Verdad y Justicia, hoy en d¨ªa valoradas en al menos en 2,5 millones de d¨®lares.
Cartes ha sido investigado nacional e internacionalmente por delitos de evasi¨®n de divisas, lavado de dinero procedente del narcotr¨¢fico, contrabando de tabaco y apropiaci¨®n irregular de tierras del Estado. Apareci¨® hasta en los papeles diplom¨¢ticos filtrados de Wikileaks por su empresa Banco Amambay, hoy reconvertida en Banco Basa, y en la filtraci¨®n de cuentas bancarias de HSBC. Hoy es considerado el segundo terrateniente del pa¨ªs, seg¨²n el informe anual Los due?os de la tierra en Paraguay, de los economistas Arantxa Guere?a y Luis Rojas Villagra.
Los herederos impunes
En la lista de la Comisi¨®n de Verdad y Justicia figuran tambi¨¦n el exministro de Exteriores, Eladio Loizaga (16.000 hect¨¢reas), acusado de apoyar econ¨®micamente el Plan Condor, el exministro de Obras P¨²blicas, Jos¨¦ Alberto Plan¨¢s, que recibi¨® al menos 4.000, y hasta el dictador nicarag¨¹ense Anastasio Somoza, con 8.000, quien fuera asesinado de un bazucazo precisamente en Asunci¨®n, la capital paraguaya.
Tambi¨¦n aparece Blas N. Riquelme (4.000 hect¨¢reas), exsenador ya fallecido del oficialista Partido Colorado, que disputaba a miles de campesinos las tierras de Marina Kue, un terreno p¨²blico que deb¨ªa ser destinado a la reforma agraria pero que ¨¦l ocup¨® con su empresa agroganadera Campos Moromb¨ª y que se convirti¨® en la tumba de 17 vidas y del primer gobierno progresista de Paraguay (2008-2012).
En Marina Kue (Tierras de la Marina en guaran¨ª) se produjo en 2012 la conocida en Paraguay como ¡°masacre de Curuguaty¡±, donde 11 campesinos y seis polic¨ªas fueron asesinados en un desalojo irregular, como muchos de los que siguen ocurriendo hoy d¨ªa. El suceso fue utilizado una semana m¨¢s tarde por el Partido Colorado como excusa para iniciar un juicio pol¨ªtico al gobierno del expresidente y exobispo Fernando Lugo y terminar con su mandato en solo 24 horas.
Hoy, los descendientes de Riquelme hacen lobby para mantener las tierras bajo su propiedad, mientras las familias de los campesinos asesinados ruegan que formen parte de la reforma agraria, como estaba previsto.
La impunidad es total: nunca nadie ha sido procesado en Paraguay por las tierras ¡°mal habidas¡±, ni han tenido que devolver ni una sola de esas hect¨¢reas. Sus herederos disfrutan de estancias, empresas y viviendas de lujo en su pa¨ªs y en el extranjero. Se presentan como artistas, emprendedores o funcionarios p¨²blicos. Viajan de vacaciones a Brasil, Par¨ªs, Dub¨¢i y Miami, y lo muestran en sus redes sociales, sin rubor, mientras el 60% del pa¨ªs gana menos del salario m¨ªnimo vigente de unos 340 d¨®lares.
La impunidad es total: nunca nadie ha sido procesado en Paraguay por las tierras ¡°mal habidas¡±, ni han tenido que devolver ni una sola de esas hect¨¢reas
Hay una peque?a esperanza de justicia gracias a un anteproyecto de ley presentado el 10 de diciembre de 2020, coincidiendo con el aniversario de la declaraci¨®n universal de los Derechos Humanos, que pretende crear una Comisi¨®n para el estudio de mecanismos de recuperaci¨®n de las tierras ¡°mal habidas¡±, identificadas en el Informe Final de la Comisi¨®n de Verdad y Justicia del a?o 2008.
La iniciativa, impulsada por la Plataforma Social de Derechos Humanos, Memoria y Democracia, vuelve a colocar en la escena pol¨ªtica un tema recurrente, pero todas las veces eludido por las autoridades. Una medida imprescindible, seg¨²n sus impulsores, para ¡°cerrar las deudas de la democracia con la poblaci¨®n mayoritaria del pa¨ªs y brindar la posibilidad de un avance distinto en la agricultura familiar campesina, la soberan¨ªa alimentaria y la autonom¨ªa de la producci¨®n diversificada¡±.
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