M¨¢s reg¨ªmenes h¨ªbridos y menos democracias plenas: manual para acallar a la sociedad civil

Son los ¡°perros guardianes¡± de los derechos y las libertades, quienes sacan ¡°u?as y dientes¡± para velar por el ¡°cumplimiento de las obligaciones del Estado¡± y los que ¡°perciben los problemas antes de que estallen¡±. As¨ª describe a la sociedad civil y los movimientos sociales In¨¦s Pousadela, investigadora uruguaya de Civicus, una alianza global dedicada a fortalecer la acci¨®n ciudadana, presente en 175 pa¨ªses. ¡°Ni el m¨¢s democr¨¢tico de los Estados est¨¢ suficientemente bien equipado para controlarse a s¨ª mismo¡±, afirma Pousadela. Por eso, sostiene, la sociedad civil es ¡°muy molesta¡±, tanto que, seg¨²n constata esta doctora en Ciencia Pol¨ªtica, actores estatales y privados est¨¢n recortando con ¨¦xito sus espacios de actuaci¨®n con el fin de acallarla mediante la intimidaci¨®n de activistas, la represi¨®n de manifestaciones o la detenci¨®n de periodistas.

Pousadela participa en M¨¦rida junto a decenas de activistas, que representan a m¨¢s de 2.000 organizaciones de 19 pa¨ªses, en el XIV Encuentro C¨ªvico Iberoamericano, un espacio de di¨¢logo para reivindicar a la sociedad civil que se re¨²ne en la Asamblea de Extremadura este martes y mi¨¦rcoles con el objetivo de elaborar propuestas que fortalezcan la actuaci¨®n de las organizaciones sociales. Sus conclusiones ser¨¢n presentadas en la pr¨®xima Cumbre Iberoamericana de Jefes de Estado y de Gobierno, los d¨ªas 24 y 25 de marzo, en Santo Domingo (Rep¨²blica Dominicana). ¡°La sociedad civil, pilar fundamental de la democracia, se encuentra bajo severas amenazas¡±, ha advertido Andr¨¦s Allamand, secretario general iberoamericano, durante la presentaci¨®n del evento este martes. ¡°Desde el a?o 2016, estamos en un proceso de regresi¨®n, hay m¨¢s reg¨ªmenes h¨ªbridos y autoritarios, y menos democracias plenas¡±, ha a?adido.

Este retroceso de la calidad democr¨¢tica es tangible en el ¡°espacio c¨ªvico¡±, el lugar tanto f¨ªsico como virtual donde act¨²a la sociedad civil. ¡°Los espacios de participaci¨®n social son cada vez m¨¢s fr¨¢giles, hay muchas restricciones y persecuci¨®n a las personas defensoras de derechos humanos o del medio ambiente¡±, sostiene la activista uruguaya Cristina Prego, representante de la Comisi¨®n Articuladora de los Encuentros C¨ªvicos.

Pero aunque los m¨¦todos para limitar el espacio en el que act¨²a la sociedad civil son muy amplios, hay, seg¨²n Pousadela, un patr¨®n de represi¨®n que se repite y que los representantes sociales que participan en el encuentro de M¨¦rida luchan por revertir. Estas son algunas de las t¨¢cticas m¨¢s empleadas durante los ¨²ltimos a?os para acallar a la sociedad civil en los pa¨ªses latinoamericanos, de acuerdo con la investigaci¨®n realizada sobre el terreno por cientos de organizaciones agrupadas bajo el paraguas de Civicus. Identificarlas, aseguran, es el primer paso para combatirlas:

1. Intimidaci¨®n

El objetivo es amedrentar a cualquiera que pretenda participar en acciones de protesta social, como defensores de los derechos humanos, periodistas, actores pol¨ªticos e incluso ciudadanos an¨®nimos. Las formas de intimidaci¨®n, que Civicus ha documentado en hasta 19 pa¨ªses latinoamericanos, son muy variadas, desde interrogaciones policiales arbitrarias basadas en falsas acusaciones hasta ataques en redes sociales. Un participante que prefiere no desvelar ni su nombre y ni siquiera su pa¨ªs de origen para evitar futuras represalias a su vuelta relata que la intimidaci¨®n es una ¡°herramienta poderosa¡± que provoca la autocensura ante el miedo de ¡°sufrir los castigos que han sufrido otros¡±. ¡°La gente tiene incluso miedo de hablar con otras personas, de que les escuchen¡±, cuenta.

Desde el a?o 2016, estamos en un proceso de regresi¨®n, hay m¨¢s reg¨ªmenes h¨ªbridos y autoritarios, y menos democracias plenas

Andr¨¦s Allamand, secretario general iberoamericano

En el Salvador, bajo el r¨¦gimen de excepci¨®n decretado en marzo de 2022 por el Gobierno de Nayib Bukele para acabar con las pandillas, han sido encarceladas m¨¢s de 60.000 personas. Pero al tiempo que se han logrado debilitar a algunas de las principales organizaciones criminales, como la Mara Salvatrucha-13 o Barrio-18, Civicus ha denunciado detenciones arbitrarias de defensores de los derechos humanos. Es el caso, seg¨²n la organizaci¨®n, de la l¨ªder comunitaria Alicia Yamileth Pineda Chicas, arrestada el 10 de abril de 2022 por un presunto delito de ¡°agrupaci¨®n il¨ªcita¡±. O el de Esmeralda Beatriz Dom¨ªnguez de Pe?a, una educadora detenida el pasado 19 de abril.

Los efectos de la intimidaci¨®n son evidentes. En Cuba, por ejemplo, ¡°en el ¨²ltimo a?o y medio no ha habido restricciones relacionadas con las protestas porque ha tenido ¨¦xito el uso de la intimidaci¨®n para evitarlas¡±, sostiene Pousadela.

2. Represi¨®n de manifestaciones

Sin embargo, cuando las protestas sociales estallan, se evidencia que la intimidaci¨®n ha fracasado y emerge la represi¨®n de las protestas. Y queda plasmado en distintas acciones, como detenci¨®n de manifestantes, disoluci¨®n de protestas o un empleo excesivo de la fuerza. ¡°Los muertos en Per¨²¡± durante los enfrentamientos entre ciudadanos y polic¨ªa son el ejemplo m¨¢s reciente, recuerda Cristina Prego.

Pero no el ¨²nico. En junio de 2022, por ejemplo, la Confederaci¨®n de Nacionalidades Ind¨ªgenas de Ecuador (CONAIE) y otras organizaciones ind¨ªgenas convocaron un paro nacional para protestar contra las pol¨ªticas econ¨®micas y sociales del Gobierno. Su l¨ªder, Le¨®nidas Iza Salazar, acab¨® detenido acusado de ¡°paralizar los servicios p¨²blicos¡±. Las manifestaciones se saldaron, adem¨¢s, con varios heridos como consecuencia del lanzamiento de botes de gases lacrim¨®genos. En Riobamba (al sur de Quito) algunos ciudadanos sufrieron heridas causadas por perdigones, seg¨²n denunci¨® la Defensor¨ªa del Pueblo. Tambi¨¦n varios agentes de polic¨ªa resultaron heridos durante los enfrentamientos.

3. Restricciones legales

¡°Los poderes legislativos estudian muy bien las t¨¢cticas de los movimientos sociales: si bloquean rutas, lo ponen en los c¨®digos penales y lo convierten en delito, algo que ha sido muy com¨²n en los pa¨ªses de la zona¡±, explica Pousadela. Es el caso de Paraguay, donde se tipific¨® como delito la obstrucci¨®n del tr¨¢fico. En otros Estados se intenta dificultar la posibilidad de organizar manifestaciones con leyes que restringen el uso del espacio p¨²blico. El ejemplo m¨¢s extremo es del de Nicaragua, donde el presidente, Daniel Ortega, ha llegado a declarar ilegales las manifestaciones contra el r¨¦gimen sandinista.

El espacio c¨ªvico est¨¢ en un estado lamentable

In¨¦s Pousadela, investigadora de Civicus

4. Ataques a periodistas

Bajo la l¨®gica de que ¡°lo malo no es solo que ocurran las protestas, sino tambi¨¦n que se sepa que ocurren¡±, cada vez m¨¢s periodistas latinoamericanos sufren agresiones en el ejercicio de su profesi¨®n. ¡°No se trata solo de los asesinatos de periodistas en M¨¦xico, donde es m¨¢s peligroso ser periodista que en un pa¨ªs en guerra¡±, sino de que los informadores son objetos de distintos tipos de violencia, lamenta Pousadela. ¡°Tenemos cada vez m¨¢s casos de periodistas atacados mientras cubren las protestas¡± e incluso Civicus ha documentado ataques con armas de fuego en Brasil, Chile, Colombia y Ecuador. ¡°No siempre, aunque s¨ª muchas veces, los autores son fuerzas estatales¡±, concluye.

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