El negocio de la represi¨®n en Am¨¦rica Latina

En los ¨²ltimos cinco a?os, en Am¨¦rica Latina ha habido por lo menos veinte protestas ciudadanas de gran envergadura. Esperanzadoras y creativas, pero tambi¨¦n fuertes y rabiosas. Algunas duraron varios meses, como en Venezuela en 2017, en Chile a fines de 2019 o en Colombia ese mismo a?o y de nuevo en 2021. Otras fueron explosiones de unos d¨ªas, como en Bolivia en noviembre de 2019, luego de las denuncias de fraude electoral y la forzada salida del poder de Evo Morales, en Ecuador en octubre del mismo a?o y en Guatemala a fines de 2021. Y en M¨¦xico, donde el feminicidio abunda, las mujeres han salido a reivindicar sus derechos cada 8 de marzo por cientos de miles.

Casi todos los que marchan son j¨®venes, estudiantes, obreros, residentes de barrios populares, minor¨ªas rurales; siempre los m¨¢s vulnerables. As¨ª Jonathan, de 20 a?os, sali¨® a la calle a pedir m¨¢s recursos para su universidad en El Alto (Bolivia). Juan Pablo, de 20 a?os, en Chacao, Venezuela, y Kenneth, de 21 a?os, en Ciudad de Guatemala, reclamaban la salida de sus presidentes, mientras Hern¨¢n, de 31 a?os, en Chapare boliviano, por el contrario, sali¨® a defender al suyo. Edvaldo, de 19 a?os, sali¨® a una carretera de Pernambuco, Brasil, a exigir m¨¢s seguridad. Francisco, de 26 a?os, y ?dison, de 29 a?os, manifestaron en Quito su descontento por el alza de los combustibles. Rufo, de 16 a?os, con su familia y vecinos en T¨¢chira, Venezuela, bloquearon una autopista porque los dejaron sin gas y estaban cocinando con le?a. Y desde Cotopaxi, Ecuador, hasta la capital se fue Inocencio, un activista ind¨ªgena de 50 a?os a ¡°gritar en las calles por sus derechos¡±.

Cuando hay r¨ªos revueltos de gente furiosa en la calle, hay riesgo de que algunos incendien un edificio, otros saqueen una tienda o hieran a un polic¨ªa con una pedrada. No es raro que en estas masas se infiltren criminales para incendiar la marcha pac¨ªfica. Por eso, en todas partes del mundo fuerzas policiales o de seguridad acompa?an estas movilizaciones, para contener cualquier desm¨¢n, proteger los derechos de quienes protestan en la calle, as¨ª como a quienes solo pasan por ah¨ª, y asegurar que no destruyan propiedades p¨²blicas o privadas. Y deben hacerlo sin exponer irresponsablemente a sus agentes.

Esta es la teor¨ªa que justifica las compras estatales de equipos antimotines y de armas no letales (o menos letales), como un avance de las democracias modernas. Antiguamente (o aun hoy bajo reg¨ªmenes tir¨¢nicos) gobernantes democr¨¢ticos tiraban a matar a los revoltosos. Salir con armas que disuadan, dispersen o contengan la protesta a distancia de los uniformados y que incluso puedan doblegar con eficacia, pero sin matar, a quien est¨¦ destruyendo un edificio p¨²blico, es progreso para la humanidad.

Con ese mismo razonamiento, fabricantes y proveedores privados han desarrollado extensos cat¨¢logos de marcas de gases picantes y humos qu¨ªmicos que hacen llorar, de tanquetas que lanzan chorros de agua a presi¨®n, de balas de goma y perdigones que asustan o golpean, de pistolas de descarga el¨¦ctrica que inmovilizan y debilitan y hasta de armas que aturden, iluminan y lanzan gases a la vez. La idea es que no maten, ni hieran de gravedad. Por eso, las empresas l¨ªderes en este sector, como Combined Systems, se presentan como proveedores ¡°del mercado de la seguridad, la defensa global y la aplicaci¨®n de la ley¡±.

En el ¨²ltimo lustro, millones de ciudadanos y ciudadanas, con la voz propia y la capacidad de organizaci¨®n inmediata que les dio la era digital, han salido gritar en calles y carreteras sus angustias y descontento. Y en el continente m¨¢s desigual y violento del planeta, las deshilachadas democracias latinoamericanas no consiguen (o no tienen la voluntad) de responder con soluciones a las demandas de la gente. La respuesta r¨¢pida de los Estados ha sido entonces sacar la fuerza p¨²blica para reprimir, un verbo cuya etimolog¨ªa quiere decir literalmente apretar o presionar hacia atr¨¢s, agobiar con cerco. Para hacerlo, pareciendo humanitarios, han aumentado las compras de armas no letales (o menos letales) y equipos antiprotestas. Claro que a¨²n hay gobernantes en la regi¨®n que, como lo han documentado periodistas y organizaciones civiles, en Venezuela, Nicaragua o Colombia, sea con fuerzas uniformadas o con parapoliciales de civil, tambi¨¦n tiran a matar con armas de fuego, siendo las granadas lacrim¨®genas apenas cortinas de humo.

Esta investigaci¨®n period¨ªstica colaborativa y transfronteriza, realizada por once medios period¨ªsticos de Chile, Brasil, Argentina, Bolivia, Ecuador, Venezuela, Colombia, Guatemala y M¨¦xico, junto con el Centro Latinoamericano de Investigaci¨®n Period¨ªstica (CLIP) descubri¨®, sin embargo, que hay gran distancia entre la teor¨ªa y la pr¨¢ctica. Constatamos que, en efecto, a medida que han crecido las protestas ciudadanas en el continente, El Negocio de la Represi¨®n con estas armas no letales ha florecido y que, en manos de las diversas fuerzas policiales, han dejado una estela de dolor, miles de lesiones leves y decenas de heridas graves, traumas psicol¨®gicos y, tambi¨¦n, muertes. Todo lo que se supon¨ªa que se quer¨ªa evitar.

Este equipo transfronterizo de m¨¢s de 81 reporteros, editores, fot¨®grafos y vide¨®grafos, desarrolladores web, ingenieros y analistas de datos, editores de audiencia, productores y realizadores art¨ªsticos y creativos envi¨® decenas de peticiones de informaci¨®n, analiz¨® horas de videos y fotograf¨ªas tomadas en las distintas protestas, convers¨® con empresas proveedoras y expertos de la industria y la academia, reporte¨® con fuentes de la justicia, en los ministerios que velan por la seguridad y en las fuerzas p¨²blicas y entrevist¨® a much¨ªsimas v¨ªctimas en nueve pa¨ªses. Documentamos que, en los ¨²ltimos cinco a?os, armas no letales disparadas por la fuerza de seguridad en ocho pa¨ªses causaron la muerte por lo menos a 33 personas y ocasionaron heridas de gravedad, que dejaron secuelas de por vida, a otras 170 personas. De estas v¨ªctimas, 187 cayeron en medio de protestas ciudadanas y movilizaciones callejeras.

La base de datos, pionera en la regi¨®n, fue realizada en forma colectiva por los once socios de esta alianza period¨ªstica y procesada por CLIP, con informaci¨®n recabada por los colegas durante nueve meses de investigaci¨®n.

En la lista de v¨ªctimas figuran los j¨®venes mencionados al comienzo de esta historia. Juan Pablo en Venezuela muri¨® luego de que agentes policiales le dispararan bombas lacrim¨®genas a la cara. La familia de Inocencio de Ecuador dice que lo mat¨® una bomba que le qued¨® marcada en el rostro, pero el Gobierno sostiene que cay¨® de un muro. A Edvaldo en Brasil y a ?dison en Ecuador los mataron balas de goma y a Jonathan de Bolivia con una canica disparada con pistola traum¨¢tica.

Mientras corr¨ªa de los gases, al guatemalteco Kenneth le cay¨® en la cara un cartucho de gas lacrim¨®geno que le destruy¨® su ojo izquierdo y al adolescente venezolano Rufo lo dej¨® ciego un disparo deliberado de un uniformado. A Francisco de Ecuador y a Hern¨¢n de Bolivia les dispararon balines en el rostro. Ambos perdieron un ojo.

A diferencia de todas estas v¨ªctimas, Daniel, de Recife, en Brasil, no estaba protestando. Su oficio era pegar afiches en taxis e iba a comprar materiales cuando, atravesando una protesta, vio que se le ven¨ªa encima la polic¨ªa. ¡°Soy trabajador, hombre de familia¡±, dijo. Igual le dispararon con una bala de goma que le arranc¨® un ojo.

La colombiana Dora, quien vive sobre una carretera en Popay¨¢n por donde siempre pasan los que protestan, vio c¨®mo la polic¨ªa lanz¨® proyectiles muy cerca de su casa desde una Venom, un lanzagranadas que encandila, aturde e inunda todo de humo. Le rompieron sus ventanas, le perforaron su ropa y su beb¨¦ de a?o y medio no pod¨ªa respirar. La hoy senadora chilena Fabiola Campillai iba a trabajar a la f¨¢brica cuando un carabinero le dispar¨® una bomba de gas a la cara y la dej¨® ciega, sin gusto y sin olfato de por vida. Eso la convirti¨® en s¨ªmbolo y meses despu¨¦s fue elegida senadora con la mayor votaci¨®n del pa¨ªs.

Tampoco hubo justicia para la mayor¨ªa. En el caso del fotoperiodista brasile?o Alex Silveira, que qued¨® ciego por el impacto de una bala de goma durante una huelga, la justicia tard¨® 20 a?os en fallar para otorgarle una indemnizaci¨®n. En otros dos, en que s¨ª condenaron a los que dispararon a quemarropa, los polic¨ªas cumplen prisi¨®n domiciliaria. Y para la mayor¨ªa, las pequisas judiciales no empezaron o avanzan con lentitud, a?os despu¨¦s de que sucedieron las injusticias.

Los gobiernos que tuvieron dinero para comprar las armas que los hirieron o los mataron no fueron tan generosos a la hora de resarcirlos. Algunos no tuvieron siquiera acceso a los servicios m¨¦dicos para lograr que les terminaran de sacar los balines incrustados en el rostro o para pagar una pr¨®tesis que les reemplazara el ojo perdido. Otros algo recibieron, pero solo despu¨¦s de tocar muchas puertas.

Crecen las ventas a los Estados

Mientras ha escaseado el dinero para responder a las v¨ªctimas y procesar a los culpables, la plata p¨²blica s¨ª ha alcanzado bien para comprar las armas de la represi¨®n. Esta investigaci¨®n pudo comprobar que ocho pa¨ªses de la regi¨®n gastaron en los ¨²ltimos cinco a?os por lo menos 112 millones de d¨®lares en compras p¨²blicas de equipos antimotines y armas no letales. Esta cifra es con toda seguridad mayor, porque en algunos pa¨ªses la informaci¨®n no es p¨²blica o solo lo es parcialmente. Los datos disponibles apenas nos abren una ventana al uso del dinero p¨²blico con este fin.

El an¨¢lisis de las compras p¨²blicas en este sector que hizo el equipo de datos del CLIP con la informaci¨®n aportada por los aliados revela que en 2019 los gobiernos llegaron a triplicar las compras de equipos antidisturbios y armamentos menos letales. Esto es particularmente cierto para Chile y Colombia. En 2020 pr¨¢cticamente duplicaron el gasto, a pesar de que la regi¨®n estaba casi toda bajo el encierro forzoso de la pandemia.

Lo que resulta sorprendente es que si bien este an¨¢lisis no cuenta con toda la informaci¨®n, porque el sector es bastante inescrutable, s¨ª revela que el gasto p¨²blico en 2021 creci¨® incluso con relaci¨®n a 2020, sobre todo en Brasil y Colombia, donde arreci¨® el descontento social.

Este an¨¢lisis no incluye a Venezuela porque, teniendo un r¨¦gimen autoritario y cada vez m¨¢s cerrado, las cifras que se conocen son pocas o datan de a?os atr¨¢s. A¨²n as¨ª revelan compras exorbitantes en comparaci¨®n con las de sus vecinos. En 2012, seg¨²n declaraciones de funcionarios p¨²blicos recogidas por el equipo de Efecto Cocuyo, gast¨® 500 millones de d¨®lares en armas, fornituras y trajes anti-movilizaciones ciudadanas. Sus cifras de importaciones de China revelan que hasta 2014 ese pa¨ªs le hab¨ªa vendido a ese gobierno sudamericano 194 tanquetas antimotines.

Con todo y las crecientes compras de armas no letales documentadas por esta alianza period¨ªstica, en ocasiones los gobiernos temieron que no les alcanzaran las armas para enfrentar las protestas adversas que se avecinaban. Aunque un pr¨¦stamo de armas no letales de la Argentina de Macri a la Bolivia de ??ez sali¨® a la luz p¨²blica, apenas ahora un esfuerzo de investigaci¨®n transfronteriza de El Deber de Bolivia, Anfibia de Argentina y El Universo de Ecuador logr¨® documentar a fondo c¨®mo se dio esta ayuda a un Gobierno de ideolog¨ªa af¨ªn, cuando enfrentaba la resistencia de muchos ciudadanos. Descubrieron adem¨¢s que Len¨ªn Moreno de Ecuador tambi¨¦n le prest¨® armas a ese gobierno boliviano. Y con apoyo de Cerosetenta y el CLIP, estos colegas tambi¨¦n establecieron que Colombia y Per¨² le prestaron armas a Ecuador en un momento cr¨ªtico, que Colombia devolvi¨® armas de otra marca y que Quito le devolvi¨® el favor dos a?os despu¨¦s cuando le estallaron las protestas en su propio territorio. Plasmamos la iron¨ªa de estos casos en un c¨®mic.

Las polic¨ªas de los pa¨ªses latinoamericanos colaboran entre s¨ª legal y abiertamente, para poder proteger mejor a sus ciudadanos en caso de emergencias o crisis. Lo hacen por convenios existentes, como el de Ameripol en 2007, seg¨²n lo informaron las fuentes policiales. Pero entregar armas para que otro reprima en tiempos de alta volatilidad pol¨ªtica, sin saber c¨®mo se van a usar esas armas, y correr as¨ª el riesgo de contribuir indirectamente a la muerte de civiles, como las que ocurrieron en Bolivia y en Ecuador, es algo bien opuesto a la idea de salvaguardar a los ciudadanos.

Las proveedoras

Esta investigaci¨®n encontr¨® que entre las principales proveedoras de equipos antidisturbios y armas menos letales en los pa¨ªses analizados est¨¢n la empresa brasile?a Condor Tecnologias N?o-Letais, las norteamericanas Combined Systems, NonLethal Technologies y Defense Technologies (una empresa de Cadre Holdings, due?a a su vez de Safariland), as¨ª como probablemente (aunque no se conoce la informaci¨®n oficial) China North Industry Corp (Norinco), a juzgar por las mencionadas ventas a Venezuela de unos a?os atr¨¢s.

Los colegas de UOL en Brasil pudieron establecer que las fuerzas p¨²blicas usaron productos de Condor para contener manifestaciones en Chile, Ecuador, Bolivia, Guatemala y Venezuela. Esta empresa, fundada en 1985, tiene sede en Nova Igua?u, un municipio de la regi¨®n metropolitana de R¨ªo de Janeiro. Seg¨²n los datos abiertos del Ministerio de Desarrollo, Industria y Comercio Exterior, UOL pudo establecer que Nova Igua?u export¨® en ¡°equipos de seguridad y orden p¨²blico¡± (es decir, balas de goma, granadas de gas y otros) un total de 8,8 millones de d¨®lares a 12 pa¨ªses latinoamericanos a partir de 2018. Como Condor es la ¨²nica empresa de este tipo en Nova Igua?u, se puede deducir que corresponder¨ªan a ventas suyas.

Seg¨²n estos datos, el mayor comprador fue Ecuador con 4,1 millones de d¨®lares, seguido de Colombia con 1,8 millones de d¨®lares. No obstante, seg¨²n informaci¨®n oficial recopilada por los periodistas aliados de Chile, Condor vendi¨®, a trav¨¦s de intermediarios, 6,5 millones de d¨®lares a la polic¨ªa chilena entre 2019 y 2021. Esto indicar¨ªa que Chile fue el principal destino de las ventas de la empresa brasile?a en estos a?os m¨¢s recientes.

Los colegas de UOL tambi¨¦n pudieron establecer que, desde el gobierno de Fernando Henrique Cardoso, pasando por el de Lula y hasta el actual de Jair Bolsonaro, Condor ha gozado de beneficios fiscales, apoyo a sus ventas internacionales e incluso financiaci¨®n para desarrollar armas no letales.

De las empresas estadounidenses, la que tiene el mayor mercado en Am¨¦rica Latina, sobre todo en Centroam¨¦rica y M¨¦xico, es Combined Systems, seg¨²n dijo en entrevista con los colegas mexicanos de Animal Pol¨ªtico y El Pa¨ªs Am¨¦rica Daniel G¨®mez Tagle, un experto que fue representante comercial de esa y otras empresas para M¨¦xico. Le siguen NonLethal Technologies y las empresas hoy agrupadas bajo Cadre Holdings.

Compiten tambi¨¦n en el mercado firmas m¨¢s peque?as y a veces menos transparentes. Sangaria Limited, por ejemplo, que provey¨® en 2020 alrededor de 700.000 d¨®lares en cartuchos de gases lacrim¨®genos a los Carabineros de Chile, no parece existir. Incluso su representante comercial dijo que no recordaba de d¨®nde era, que le parec¨ªa que era de Bosnia. En ese pa¨ªs balc¨¢nico no figura en el registro comercial.

Algo similar sucede con algunas de las 23 empresas de Turqu¨ªa que exportaron m¨¢s de medio mill¨®n de pistolas traum¨¢ticas o de fogueo (que disparan balas de goma y similares) a Colombia entre 2009 y 2021 por un valor de 20,6 millones de d¨®lares. Varios de sus representantes comerciales son tiendas de implementos deportivos, algunas localizadas en los sectores de los populares San Andresitos, asociadas a?os atr¨¢s con la venta de contrabando. Investigadores de la Fundaci¨®n Ideas para la Paz sospechan que estas armas se estaban alterando para ser usadas como armas de fuego, lo que explicar¨ªa en parte ese gran mercado, el cual s¨®lo fue regulado por el gobierno en noviembre de 2021.

Los intermediarios

La investigaci¨®n de los once medios aliados sobre las empresas intermediarios de estas compras estatales de equipos antiprotestas estableci¨® que suelen ser negocios opacos, pues no s¨®lo es imposible (Venezuela) o muy dif¨ªcil (Ecuador y Bolivia) obtener informaci¨®n completa de los gobiernos, sino que adem¨¢s las comercializadoras casi nunca acceden a hablar sobre c¨®mo funcionan sus negocios.

Tambi¨¦n sali¨® a la luz que algunas mantienen virtuales monopolios de la contrataci¨®n p¨²blica, como la firma Tactical Group, en Guatemala, que ha vendido a las entidades p¨²blicas de ese pa¨ªs casi 22 millones de d¨®lares en equipos no letales y ha ganado licitaciones a¨²n cuando presenta la oferta m¨¢s cara. Bucello & Asociados, que ha realizado varias ventas al gobierno argentino, la mayor¨ªa por contrataci¨®n directa, obtuvo el mayor contrato de compras de equipos antimotines (por medio mill¨®n de d¨®lares) para enfrentar las posibles protestas al G20, pero el Estado tuvo que rescindirlo porque los productos no se ajustaban a lo contratado.

En ese mismo pa¨ªs, Automation Systems, la empresa de un oficial condenado en abril de 2020 por ser jefe de una asociaci¨®n il¨ªcita que secuestr¨®, tortur¨® y asesin¨® a 23 personas bajo la dictadura militar de los a?os setenta, gan¨® 31 contratos con el Estado, una docena de ellos directos. Cuando el oficial fue sentenciado a cadena perpetua por esta violaci¨®n grave a los derechos humanos, la empresa pas¨® a su hijo y sigui¨® ganando licitaciones.

La empresa Lynx en Bolivia figura como proveedor activo del Estado de productos de seguridad y defensa, incluidos varios no letales, pero la direcci¨®n que registra para su sede central no existe.

En Colombia, a pesar de m¨²ltiples pesquisas por posibles falsedades e irregularidades, como presentar distintas empresas suyas a una misma licitaci¨®n, los due?os de Imdicol siguen siendo un gran proveedor de armas no letales del Estado, seg¨²n document¨® recientemente la revista Cambio de ese pa¨ªs.

En Chile, cuando se extendieron las protestas llegaron los oportunistas. As¨ª, una empresa vendedora de implantes auditivos vendi¨® gas pimienta por 400.000 d¨®lares y otra, Mir y Cruz, de un agr¨®nomo y una veterinaria, vendi¨® 2,2 millones de d¨®lares en cartuchos lacrim¨®genos, munici¨®n bean bag (que lleva varios perdigones en la bolsita que se dispara como munici¨®n) y granadas de humo blanco, entre otras.

En Ecuador, los colegas de El Universo encontraron que un distribuidor de la empresa colombiana Imdicol, Juan Francisco Herdo¨ªza, vendi¨® trajes robocop para la polic¨ªa antidisturbios a 2.467 d¨®lares cada uno, cuando otras compras de trajes similares costaron entre 357 y 1.557 d¨®lares por unidad. Este mismo representante vendi¨® al Estado bombas lacrim¨®genas (de Combined Systems) a 37 d¨®lares cada una, cuando en otros contratos posteriores ese tipo de municiones costaron 11,50 y 12 d¨®lares. Herdo¨ªza no quiso dar entrevista a los periodistas.

En unas pocas ocasiones se han descubierto tramas corruptas que involucran a los intermediarios y a funcionarios del Estado. Tal es el caso que relatan en detalle los colegas de El Deber de Bolivia, cuando a fines de 2019 el entonces ministro Arturo Murillo, que reci¨¦n se hab¨ªa posesionado en el gobierno transitorio de Jeanine ??ez, consigui¨® meter a sus amigos de a?os de Bravo Tactical Solutions, para que esta intermediara una venta de bombas lacrim¨®genas al Estado y poder as¨ª desviar 2,3 millones de d¨®lares a sus bolsillos. La trama fue descubierta por el gobierno de Estados Unidos, pues los conspiradores intentaron lavar dinero en los bancos de ese pa¨ªs. Murillo est¨¢ preso en Florida, acusado por la fiscal¨ªa estadounidense de recibir sobornos pagados por una empresa estadounidense para ganarse un contrato p¨²blico en Bolivia y usar el sistema financiero de ese pa¨ªs para lavar ese dinero. Algunos de sus amigos esperan sentencia en libertad condicional.

?Por qu¨¦ se vuelven armas peligrosas?

Son varias las causas de por qu¨¦ de la teor¨ªa de una contenci¨®n segura de protestas usando armas no letales y equipos antimotines, pasamos en Am¨¦rica Latina a ser testigos de una pr¨¢ctica de represi¨®n violenta que est¨¢ dejando muertos y heridos de gravedad.

A un asunto que es de seguridad p¨²blica y de m¨¢ximo inter¨¦s ciudadano parece moverlo una l¨®gica meramente comercial de maximizar ventas y ampliar mercados. No son camisas ni quesos lo que venden estas grandes proveedoras de armas no letales y sus m¨²ltiples intermediarias. Por eso es dif¨ªcil entender por qu¨¦ los gobiernos aceptan la l¨®gica del secreto comercial para equipos que van a sacar a la calle, donde millones pueden resultar afectados. Es m¨¢s, gobiernos como Ecuador han dicho que es un asunto de seguridad nacional pero, al no tratarse de armas para perseguir criminales ni enfrentar tropas extranjeras, sino para contener y proteger a la ciudadan¨ªa, todo el comercio deber¨ªa ser p¨²blico y transparente.

Tampoco hay regulaciones estrictas sobre qui¨¦nes pueden participar en el negocio y, como descubre esta colaboraci¨®n, seg¨²n la ¡°cosecha¡± de protestas y las conexiones en los gobiernos, logran entrar desde criminales hasta oportunistas.

¡°En Latinoam¨¦rica se compran vol¨²menes de municiones (mil municiones de un solo tipo) y nadie averigua, nadie les explica y tampoco documentan c¨®mo funciona esa munici¨®n¡±, les dijo a los periodistas de esta alianza el conocedor de la industria Daniel G¨®mez-Tagle. ¡°Nadie te dice que no te sirve en todos los escenarios, que por eso hay un cat¨¢logo con m¨¢s de 200 modelos, para que tengas opciones que correspondan a tu nivel de fuerza y principio de proporcionalidad¡±.

Por eso es que, explica G¨®mez-Tagle, el polic¨ªa de a pie nunca termina recibiendo el equipo que realmente necesita para la calle. ¡°No hay regulaci¨®n para las compras, ni la hay para la capacitaci¨®n¡±, dice. Las fuerzas policiales latinoamericanas, dice, siguen ciegamente un modelo estadounidense de uso de fuerza, s¨®lo regido por una l¨®gica comercial y militar, que no se condice con los compromisos internacionales de derechos humanos firmados por estos pa¨ªses que contemplan un uso proporcional de la fuerza dependiendo de la situaci¨®n.

Adem¨¢s de comprar mal, no saber bien para qu¨¦ sirve el equipo que usan o cu¨¢l es su alcance, ni los pa¨ªses ni las empresas est¨¢n entrenando suficientemente bien a los polic¨ªas que los usar¨¢n. En Popay¨¢n, una ciudad intermedia al suroccidente de Colombia, en videos de abril de 2021 recogidos por Cerosetenta, se ve c¨®mo los polic¨ªas disparan la Venom desde el piso, haciendo que los tubos de menor ¨¢ngulo vuelen pr¨¢cticamente de forma horizontal y poniendo con ello en riesgo a las personas, cuando la compa?¨ªa recomienda que se haga montado en un veh¨ªculo. Tras ver en los videos del Esmad a la polic¨ªa antimotines colombiana manipulando la Venom con la mano, G¨®mez-Tagle concluy¨® que no ten¨ªan idea de lo que estaban haciendo.

Por esos mismos d¨ªas en que los polic¨ªas ensayaban la Venom en Popay¨¢n, un investigador social colombiano, cuyo nombre se reserva por motivos de seguridad, entrevist¨® a polic¨ªas en Cali. Estaban lidiando con protestas en las que se hab¨ªan infiltrado sujetos violentos. Los agentes le contaron que debieron hacer turnos de 36 o m¨¢s horas, sin dormir y sin comer y sal¨ªan a la calle exhaustos e irritados.

Carlos Manuel Cruz, quien perdi¨® su ojo izquierdo por una bomba lacrim¨®gena que le arrojaron a la cara, hab¨ªa trabajado como polic¨ªa municipal en Guatemala y le hab¨ªan ense?ado que jam¨¢s se apunta a ras de los cuerpos. Pero el 21 de noviembre de 2020, dijo a No Ficci¨®n: ¡°Ellos, la polic¨ªa, tiraron a matar. No lanzaron hacia al aire las bombas lacrim¨®genas, sino contra las personas directamente¡±. Su historia se repite en todas las v¨ªctimas que entrevistamos.

En el papel puede haber una regulaci¨®n adecuada. En Venezuela son varias las normas que proscriben el uso de armas de fuego y sustancias t¨®xicas en el control de manifestaciones pac¨ªficas y prescriben que la fuerza se use solo cuando sea necesaria, siempre en la proporci¨®n y la medida que se vaya necesitando. No obstante, como documentaron los colegas de Efecto Cocuyo, citando datos del Observatorio Venezolano de la Conflictividad Social, hubo 248 muertes en las decenas de miles de protestas contra el Gobierno de 2017 a 2021. El 2017 fue particularmente sangriento, con 160 v¨ªctimas fatales como saldo de las protestas. Es importante aclarar que estas cifras no corresponden solo a v¨ªctimas de armas no letales, sino tambi¨¦n de amas de fuego. Seg¨²n el Monitor de la Fuerza Letal realizado por centros de investigaci¨®n de varios pa¨ªses de la regi¨®n en 2022, en Venezuela el 33 por ciento de los homicidios intencionales los cometi¨® la fuerza p¨²blica.

En M¨¦xico, desde comienzos de 2019 la Ley Nacional de Uso de Fuerza dice que ¡°por ning¨²n motivo se podr¨¢ hacer uso de armas (de fuego, letales o menos letales) contra quienes participen en manifestaciones o reuniones p¨²blicas pac¨ªficas con objeto l¨ªcito¡±. Y oficialmente la Secretar¨ªa de Seguridad Ciudadana de la capital no ha adquirido gas lacrim¨®geno, gas pimienta, cohetones o balas de goma para contener movilizaciones sociales. Sin embargo, cada vez que el movimiento feminista protesta en la capital del pa¨ªs, como lo relatan los colegas de Animal Pol¨ªtico y El Pa¨ªs Am¨¦rica, las organizaciones de defensa de los derechos de la mujer y las manifestantes denuncian el uso de esos equipos para dispersarlas.

En las calles de Chacao, en Venezuela, manifestantes, acad¨¦micos y activistas tambi¨¦n recogieron cartuchos lacrim¨®genos en mal estado, algunos de los cuales no explotaban como deber¨ªan o ten¨ªan fecha de vencimiento caducada, seg¨²n cuentan los colegas de Efecto Cocuyo. Estos proyectiles hab¨ªan sido disparados por miles, cada d¨ªa, para detener las protestas antigubernamentales de 2017. Anna Feigenbaum, profesora de la universidad brit¨¢nica de Bournemouth, que ha investigado durante a?os los efectos para la salud de las bombas lacrim¨®genas, sostiene que estas municiones vencidas pueden explotar a destiempo y causar incendios. Sin embargo, en Ecuador, la exministra Mar¨ªa Paula Romo declar¨® en su momento que usaron ¡°bombas que estaban caducadas [porque] est¨¢bamos en medio de una emergencia y hab¨ªa que usar lo que ten¨ªamos a la mano¡±. Adem¨¢s, asegur¨® que esas bombas caducadas no son m¨¢s perjudiciales sino menos efectivas, como si se tratara de una soda a la que se le fue el gas. Una resoluci¨®n de la Asamblea Nacional la enjuici¨®, la censur¨® y la destituy¨® por un a?o, entre otras razones por el uso de gas lacrim¨®geno caducado.

Tambi¨¦n esta investigaci¨®n encontr¨® casos de ventas de armas defectuosas. Los colegas de UOL de Brasil constataron que algunos modelos de armas no letales vendidas en Brasil y que, seg¨²n la propia Condor, tambi¨¦n habr¨ªan sido vendidas en el extranjero, fallaron las pruebas t¨¦cnicas con las que la Polic¨ªa Militar de S?o Paulo eval¨²a si son adecuadas y seguras, seg¨²n reportes de esa entidad. Ante el hallazgo, Condor respondi¨® que no vende armas defectuosas y explic¨® que personaliza sus municiones seg¨²n las solicitudes de los clientes.

A este comercio y uso de armas no letales dejado a la mano del mercado en Am¨¦rica Latina, aunque se trata de la seguridad de los ciudadanos y de la protecci¨®n de su derecho a protestar pac¨ªficamente, lo circunda una cultura policial que con frecuencia suele ver a quien protesta como un enemigo p¨²blico. O, m¨ªnimo, como una disrupci¨®n malintencionada que hay que castigar.

Aunque en la mayor¨ªa de las 33 historias de El Negocio de la Represi¨®n se revelan estas pr¨¢cticas agresivas de la polic¨ªa, en ninguna es tan evidente como en aquella que cuenta c¨®mo polic¨ªas de Le¨®n, Guanajuato y Tuxtla Guti¨¦rrez, en Chiapas, detuvieron a manifestantes de marchas de estudianes y feministas, las esposaron y les dieron vueltas por horas en patrullas, mientras las golpeaban y aterrorizaban de lo que les iban a hacer para castigarlas por atreverse a salir. ¡°Lo m¨¢s traumante de todo fue estar dando vueltas por tanto tiempo en la pinche carretera, siendo golpeada, esposada¡­ De verdad en ese momento yo no ten¨ªa una gota de esperanza de que fuera a salir viva de esa situaci¨®n¡±, dijo una de las manifestantes que habl¨® con los colegas mexicanos.

Esto ocurri¨® en un pa¨ªs que complet¨® hace poco 100.000 desaparecidos, revelando en forma macabra hasta d¨®nde se ha distorsionado la cultura de lo que debe hacer un polic¨ªa.

Gobiernos que parecen comprar lo que les vendan, sin conocimiento t¨¦cnico de c¨®mo pueden equipar mejor a la polic¨ªa para proteger a los ciudadanos y a sus agentes en diversas circunstancias, climas, alturas y ante fuerzas variables. Actores del negocio que ocultan informaci¨®n clave en un juego en el que abundan las fichas turbias. Polic¨ªas que no saben qu¨¦ armas tienen, ni siguen instrucciones del fabricante, ni las leyes nacionales. Armas caducadas, defectuosas, inadecuadas. Una cultura policial que concibe a la protesta como delito que debe ser sancionado. El resultado de este panorama son 203 v¨ªctimas de armas no letales, muertas o con heridas que trastocaron sus vidas para siempre. Algunas de esas familias heridas en Brasil o en Chile consiguieron alguna indemnizaci¨®n o que los responsables fueran a juicio o fueran condenados, pero la mayor¨ªa jam¨¢s le vio otra cara a su Estado que no fuera la m¨¢s feroz de la represi¨®n. Ni reparaci¨®n, ni justicia.

Como una avestruz, los Estados aparentan que las armas no letales se est¨¢n usando como pintan los manuales de las proveedoras que les cabildean y como manda la letra de la ley. La realidad de la calle es otra, como prueba esta investigaci¨®n. Gobiernos de varias tendencias ideol¨®gicas ceden a una presi¨®n comercial que encaja con sus necesidades de silenciar a quienes exigen, en todo su derecho, una vida mejor, sobre todo cuando no pueden o quieren d¨¢rsela.

Mucho tendr¨¢ que cambiar para que El Negocio de la Represi¨®n en Am¨¦rica Latina se transforme en el Negocio de la Protecci¨®n de la Protesta Ciudadana.

Una investigaci¨®n colaborativa y transfronteriza del Centro Latinoamericano de Investigaci¨®n Period¨ªstica, El Clip en conjunto con Animal Pol¨ªtico de M¨¦xico, Cerosetenta de Colombia, El Deber de Bolivia, Efecto Cocuyo de Venezuela, El Pa¨ªs Am¨¦rica, El Universo de Ecuador, Interferencia de Chile, No Ficci¨®n de Guatemala, Revista Anfibia de Argentina, UOL de Brasil y Noticias Telemundo de Estados Unidos.

Proyecto gr¨¢fico F¨¢brica Mem¨¦tica de El Surti de Paraguay

Producci¨®n documental JUT Media - Revisi¨®n legal El Veinte

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