Mucho m¨¢s que el 0,7%

Yo era un joven profesional alocado y con una cintura de avispa cuando el gobierno de Jos¨¦ Mar¨ªa Aznar aprob¨® en 1998 la primera Ley de Cooperaci¨®n de nuestro pa¨ªs. Con ella se establecieron las bases de un modelo institucional y legal que orden¨® el trastero, pero que caduc¨® pocos a?os despu¨¦s y ha encorsetado esta pol¨ªtica p¨²blica hasta el d¨ªa de hoy. Hasta el d¨ªa de ayer, en realidad. Porque en la reuni¨®n del Consejo de Ministros de esta semana se aprob¨® el anteproyecto de Ley de Cooperaci¨®n para el Desarrollo Sostenible Y la Solidaridad Global. Con ello comienza la tramitaci¨®n parlamentaria de un compromiso de legislatura que podr¨ªa traer a la cooperaci¨®n de nuestro pa¨ªs una renovaci¨®n que necesita de forma desesperada.

La importancia de este proyecto de ley empieza en sus contenidos, pero su alcance depender¨¢ de las negociaciones de estos meses. Sin aburrirles con los detalles, el texto propone nuevos estatutos para la Agencia Espa?ola de Cooperaci¨®n Internacional para el Desarrollo (AECID) y para sus profesionales. Ambos operan en un marco administrativo y laboral groseramente inadecuado para sus funciones y objetivos, y la ley abre la puerta a una reforma en profundidad. Frente a la dispersi¨®n actual de la cooperaci¨®n estatal, el sistema precisa de una gran agencia p¨²blica poderosa, con capacidad de liderazgo y propuesta, margen de maniobra y un cuerpo profesional que se beneficie de la excelente cantera de nuestro pa¨ªs.

Se incluye tambi¨¦n una ambiciosa propuesta en materia de cooperaci¨®n financiera, con la creaci¨®n del Fondo Espa?ol de Desarrollo Sostenible y el prop¨®sito de incrementar la agilidad e impacto de estos instrumentos. No est¨¢ claro que lo consiga. Este ser¨¢, sin duda, uno de los asuntos que m¨¢s se discutan en la tramitaci¨®n parlamentaria, como adelantaron algunos grupos en las discusiones previas.

Y un caramelo inesperado: la propuesta de blindar por ley el compromiso de destinar a la ayuda al desarrollo el 0,7% de la Renta Nacional Bruta (RNB). Garantizando, adem¨¢s, que una d¨¦cima parte est¨¦ dedicada a la acci¨®n humanitaria. Yo me hubiese conformado con alg¨²n mecanismo que evitase la intolerable monta?a rusa en la que se han convertido los presupuestos de la ayuda, pero esto sin duda es mejor. Veremos si sobrevive a los tiburones fiscales del Parlamento y de Hacienda.

En el cap¨ªtulo de las omisiones, el proyecto de ley insiste en una gobernanza decimon¨®nica de la Cooperaci¨®n Espa?ola, con un sistema cruzado de comisiones que matar¨ªa de envidia a un subdirector general alban¨¦s. No s¨¦ cu¨¢l es el m¨¦todo id¨®neo para gobernar una pol¨ªtica en la que intervienen tantos actores y que precisa de una capacidad de adaptaci¨®n mayor a la de otros ¨¢mbitos de la gesti¨®n p¨²blica. De lo que s¨ª estoy seguro es de que el sistema actual no funciona, as¨ª que no parece muy buena idea cavar m¨¢s hondo en el mismo agujero.

Tampoco queda adecuadamente reconocida la cooperaci¨®n descentralizada, que constituye una meritoria rareza del caso espa?ol. El sistema de cooperaci¨®n deber¨ªa estimular el desarrollo de una modalidad de ayuda que ofrece elementos distintivos y que acerca a los ciudadanos con eficacia a la pol¨ªtica p¨²blica. Por supuesto que existe el riesgo de que algunas comunidades y ayuntamientos conviertan esto en chiringuitos locales, pero eso tambi¨¦n pasa con las ONG y no ha sido raz¨®n para ningunearlas.

Esta ley no pasar¨¢ a la historia por su audacia. La visi¨®n es continuista en la medida en que perpet¨²a un modelo al servicio de la Acci¨®n Exterior, disperso y en manos de diplom¨¢ticos, un cuerpo poco conocido por su capacidad de innovaci¨®n. Pero supone una apuesta pol¨ªtica tangible y una oportunidad de elevar la Cooperaci¨®n Espa?ola a la altura de los desaf¨ªos de nuestro tiempo. La pandemia es una monumental vindicaci¨®n del valor de los bienes p¨²blicos globales, de la necesidad de incorporar actores estatales y privados, y de la validez de herramientas como la Agenda 2030. Esta misma l¨®gica se extiende al clima, la educaci¨®n, la movilidad humana, los conflictos y cualquier otro asunto en el que un sistema de ayuda sofisticado contribuye a hacer nuestras sociedades m¨¢s justas y m¨¢s inteligentes. Con la nueva ley, el Gobierno ha asumido algunas de las lecciones de esta transici¨®n y rescata a la cooperaci¨®n del t¨²nel del tiempo en el que est¨¢ atrapada.

Hay algo, sin embargo, que no deber¨ªa cambiar con respecto a 1998: el consenso pol¨ªtico que sustent¨® la primera ley y que hab¨ªa logrado mantenerse hasta hace bien poco. Algunos recordamos con melancol¨ªa el compromiso y la generosidad con los que se negoci¨® una norma cuyas consecuencias iban infinitamente m¨¢s all¨¢ de los intereses a corto de uno u otro partido. Parece dif¨ªcil recuperar ese tono en la macrogranja en la que se ha convertido hoy el Parlamento, pero seguro que podemos aspirar a la madurez de la mayor parte de los partidos, muy especialmente de la oposici¨®n liderada por el Partido Popular. Este no es un territorio para entramparse en la miop¨ªa electoral o en la tormenta de inmundicia que sin duda generar¨¢ Vox. No se puede repetir el dislate de la subcomisi¨®n que antecedi¨® este anteproyecto, donde el ruido de otros asuntos arruin¨® un dictamen que se podr¨ªa haber aprobado con un consenso razonable.

No era evidente que muchas de las reformas que necesita la Cooperaci¨®n Espa?ola precisasen de una nueva ley. Pero este procedimiento es tan eficaz como cualquier otro y ofrece una tracci¨®n pol¨ªtica dif¨ªcil de conseguir de otra manera. Ojal¨¢ termine bien y sea una victoria de todas.

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