Espa?a destinar¨¢ por ley el 0,7% del PIB a la ayuda al desarrollo en 2030

Espa?a destinar¨¢ el 0,7% de su renta nacional bruta a la Ayuda Oficial al Desarrollo (AOD) ¡°en el horizonte del a?o 2030¡å. Este compromiso ya figuraba en el programa electoral del PSOE, pero ahora se plasmar¨¢ en una ley: la de Cooperaci¨®n para el Desarrollo Sostenible y la Solidaridad Global, cuyo anteproyecto aprobar¨¢ este martes el Consejo de Ministros. Espa?a tiene previsto destinar este a?o 3.506 millones a la ayuda al desarrollo, lo que equivale al 0,28% del PIB, contando los recursos aportados por la Administraci¨®n central, comunidades aut¨®nomas, ayuntamientos y universidades. El a?o pasado fue del 0,26%; y en 2014, cuando sufri¨® los mayores recortes, cay¨® hasta el 0,17%.

La nueva ley, que sustituye a la de 1998, incorpora los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) de la Agenda 2030 de la ONU y se centra en la lucha por la reducci¨®n de la pobreza y la desigualdad, contra el cambio clim¨¢tico y por la igualdad de g¨¦nero. Como novedad, incorpora el Sahel, la regi¨®n del ?frica Subsahariana donde se gestan los grupos yihadistas y las redes de tr¨¢fico de personas que amenazan la seguridad de Espa?a, como una de las zonas prioritarias para la cooperaci¨®n.

Se crea una Oficina de Evaluaci¨®n de la Cooperaci¨®n Espa?ola (OECE), adscrita a la Secretar¨ªa de Estado de Cooperaci¨®n Internacional, que se encargar¨¢ de evaluar la ayuda espa?ola y contar¨¢ con una metodolog¨ªa y r¨¦gimen administrativo que garanticen su independencia. Se remitir¨¢ adem¨¢s un informe anual de evaluaci¨®n a la comisi¨®n correspondiente del Congreso de los Diputados.

La pol¨ªtica de cooperaci¨®n se considera parte de la acci¨®n exterior del Estado y se basa, como esta, en los principios de ¡°unidad de acci¨®n en el exterior, lealtad institucional, cooperaci¨®n y coordinaci¨®n entre administraciones¡±. Pero tambi¨¦n es ¡°una competencia compartida con la UE¡±, con la que debe coordinarse y complementarse. La Agencia Espa?ola de Cooperaci¨®n Internacional para el Desarrollo (AECID) gestiona este a?o proyectos de cooperaci¨®n delegada europea por 13 millones.

El foro de concertaci¨®n con las comunidades aut¨®nomas y entidades locales, que realizan la llamada ¡°cooperaci¨®n descentralizada¡±, es la Conferencia Sectorial para el Desarrollo Sostenible y la Solidaridad Global. Entre sus funciones incluye la de ser informada de los proyectos de ley y reglamentos, asegurar su participaci¨®n en la elaboraci¨®n del plan director de cooperaci¨®n (el pr¨®ximo abarcar¨¢ el periodo 2022-2025) y de los restantes instrumentos de planificaci¨®n, propiciar el intercambio de informaci¨®n y promover la armonizaci¨®n de procedimientos. La conferencia es uno de los tres ¨®rganos de coordinaci¨®n. Los dos restantes son el Consejo Superior de la Cooperaci¨®n, presidido por el ministro de Exteriores y del que formar¨¢ parte el presidente de la Coordinadora Espa?ola de Organizaciones No Gubernamentales de Desarrollo (ONGD), y la comisi¨®n Interministerial.

La ley prev¨¦ que la AECID, principal instrumento de la cooperaci¨®n espa?ola, disponga de un nuevo estatuto y que su personal tenga ¡°derecho a una carrera profesional con oportunidades de movilidad entre territorio espa?ol y exterior¡±.

Tambi¨¦n se regular¨¢ el Estatuto de los Cooperantes, que trabajen tanto para el sector privado (ONGD, fundaciones, asociaciones, empresas) como p¨²blico, que regular¨¢ sus derechos y obligaciones, formaci¨®n, oportunidades de carrera profesional, homologaci¨®n, previsi¨®n social e incompatibilidades. La ley prev¨¦ dos modalidades de voluntariado: una de corta duraci¨®n, hasta un m¨¢ximo de seis meses; y otra de larga duraci¨®n, por periodos semestrales prorrogables, hasta un m¨¢ximo de tres a?os.

El texto enumera algunos derechos de los cooperantes en el extranjero: ser informados de los objetivos de su actuaci¨®n y de sus derechos y obligaciones legales en el pa¨ªs; contar con un seguro que cubra los riesgos de enfermedad y accidente y los gastos de repatriaci¨®n, y disponer de los recursos necesarios para afrontar las necesidades b¨¢sicas y un periodo de formaci¨®n, si fuera necesario. La AECID establecer¨¢ un procedimiento de acreditaci¨®n de las entidades de voluntariado y cooperaci¨®n.

El Fondo de Promoci¨®n del Desarrollo (Fonprode) se sustituye por un nuevo Fondo Espa?ol de Desarrollo Sostenible, que podr¨¢ financiar operaciones con cr¨¦ditos no reembolsables y reembolsables. Los primeros no estar¨¢n ligados a la compra de bienes y servicios espa?oles. Anualmente, se remitir¨¢ al Congreso un informe de las operaciones financiadas a su cargo.

El anteproyecto apuesta por las alianzas p¨²blico-privadas, y prev¨¦ la apertura de concursos y licitaciones a las empresas, aunque se velar¨¢ para que estas cumplan las exigencias en materia de derechos humanos, medio ambiente y transparencia.