Las empresas no pagar¨¢n por regularizar empleo sumergido

El plan para aflorar el empleo sumergido ser¨¢ finalmente gratis para el empresario, que no tendr¨¢ que abonar las cotizaciones a la Seguridad Social de los trabajadores que tuviese empleados de manera irregular. El Consejo de Ministros aprob¨® el real decreto que incrementa las sanciones por este tipo de infracciones, a partir del 31 de julio. Hasta entonces, los empresarios podr¨¢n dar de alta a los trabajadores sin contrato sin que tengan que reconocer cu¨¢nto tiempo llevaba el empleado en situaci¨®n irregular.

En los borradores del real decreto se hab¨ªa establecido que las altas podr¨ªan tener efecto retroactivo (un a?o en un primer momento, que luego se rebaj¨® a seis meses). Trabajo explica que eliminar la retroactividad supone que "as¨ª no hay amnist¨ªa". Tampoco implica en sentido estricto una regularizaci¨®n, ya que los empresarios que quieran sortear el endurecimiento de las sanciones a partir de julio se limitar¨¢n a dar de alta a los trabajadores como si nunca los hubiesen empleado irregularmente.

A partir de agosto, las sanciones se incrementan "de manera muy significativa", seg¨²n avanz¨® el ministro de Trabajo, Valeriano G¨®mez. Puso como ejemplo que la multa m¨ªnima por no dar de alta a un trabajador en la Seguridad Social pasa de 626 euros a 3.126 y la m¨¢xima de 6.250 a 10.000 euros. La sanci¨®n para quien compatibilice el trabajo con el cobro de prestaciones por desempleo pasa de un m¨ªnimo de 6.251 a 10.001 euros, mientras que se mantiene la m¨¢xima en 187.515 euros

G¨®mez declin¨® cuantificar el n¨²mero de altas que espera que se produzcan en los tres meses de plazo, con el argumento de que el hecho de que se trate de aflorar empleo sumergido conlleva que no se pueden avanzar cifras. Eso s¨ª, dijo que la econom¨ªa y el empleo sumergidos en Espa?a est¨¢n en la l¨ªnea del resto de pa¨ªses europeos, "entre el 15% y el 20%", seg¨²n las estimaciones de la Organizaci¨®n para la Cooperaci¨®n y el Desarrollo Econ¨®mico (OCDE).

El ministro se limit¨® a confiar en que el plan "surta efectos positivos", que no auguran en cambio los sindicatos. "No va a tener resultados", sentenci¨® el secretario de Acci¨®n Sindical de UGT, Toni Ferrer, quien inst¨® al Ejecutivo a "fortalecer" la inspecci¨®n en el trabajo para perseguir el fraude.

La secretaria de Empleo de CC OO, Paloma L¨®pez, considera "muy negativo" el plan aprobado por el Gobierno. "No es un plan de empleo sino una regulaci¨®n de contratos", se?al¨® antes de a?adir que el decreto ley aprobado "premia" a los empresarios "sin escr¨²pulos" que han venido contratando en negro.

Tampoco cuenta el plan con el aplauso de los empresarios. Las patronales CEOE y CEPYME lamentaron que no contenga aspectos fiscales y solo contemple cambios laborales. Ambas organizaciones empresariales denuncian que el real decreto no incluye elementos para acreditar la existencia del fraude denunciado, el alcance econ¨®mico del mismo o a cu¨¢ntos trabajadores afecta y la naturaleza de los empresarios, informa Efe.

El real decreto no incluye finalmente la responsabilidad solidaria del empresario respecto a las contratas y subcontratas, que obligaba a pagar las multas por infracciones cometidas por estas, seg¨²n el Ministerio de Trabajo. A falta de conocer la redacci¨®n final del texto, ese departamento avanza que se mantiene la "obligaci¨®n de velar" porque todos los trabajadores est¨¦n contratados legalmente. Adem¨¢s, no podr¨¢n contratar con el sector p¨²blico aquellas empresas que hayan sido sancionadas por no dar de alta a alg¨²n trabajador (ahora solo por infracciones muy graves en materia social).

El vicesecretario de Comunicaci¨®n del PP, Esteban Gonz¨¢lez Pons, afirm¨® que lo que realmente se necesita es un plan "contra el Gobierno sumergido", mientras que el coordinador federal de IU, Cayo Lara, calific¨® el plan del Gobierno de "operaci¨®n de marketing", que no har¨¢ aflorar empleo sumergido ni mejorar¨¢ la protecci¨®n de los trabajadores.

El plan contra el empleo ilegal ir¨¢ acompa?ado de un plan de sensibilizaci¨®n social sobre la econom¨ªa sumergida y una "intensificaci¨®n de la actividad y eficacia de las actuaciones de vigilancia y control del trabajo no declarado, por parte de la Inspecci¨®n de Trabajo", sin m¨¢s concreci¨®n. Tambi¨¦n ayer el Gobierno remiti¨® al Consejo de Estado el anteproyecto de Ley de la Inspecci¨®n de Trabajo, que establece una autoridad ¨²nica con la participaci¨®n de las comunidades aut¨®nomas, y aprob¨® el proyecto de ley para que los 900.000 cotizantes del r¨¦gimen agrario pasen al general de la Seguridad Social.