El tribunal decide encausar a la c¨²pula del PP de Camps por financiaci¨®n ilegal
La mayor¨ªa de la Sala Penal valenciana se inclina por aceptar la inhibici¨®n de Pedreira
El Tribunal Superior de Justicia valenciano empez¨® ayer a deliberar sobre si asume la segunda inhibici¨®n del juez instructor del caso G¨¹rtel en Madrid, Antonio Pedreira. En ella dej¨® constancia de los m¨²ltiples indicios de que la c¨²pula del PP valenciano y varios altos cargos del Gobierno de Francisco Camps incurrieron presuntamente en conductas corruptas: dos delitos electorales (financiaci¨®n ilegal de campa?as electorales de 2007 y 2008), cohecho y prevaricaci¨®n en la adjudicaci¨®n de contratos a la trama por parte de consejer¨ªas de la Generalitat y de la televisi¨®n p¨²blica auton¨®mica, Canal 9, en este caso con motivo de la visita del papa Benedicto XVI a Valencia en 2006.
Una clara mayor¨ªa de la Sala Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana, compuesta por cinco magistrados, se inclina por asumir la inhibici¨®n. Ello significar¨¢, seg¨²n fuentes jur¨ªdicas, la imputaci¨®n de los denunciados por la Fiscal¨ªa Anticorrupci¨®n en aplicaci¨®n del art¨ªculo 118 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal. Para asegurar su derecho a la defensa, los acusados deber¨¢n ser representados a partir de ese momento por procurador y letrado. No se descarta que la decisi¨®n del tribunal cuente con un voto particular contrario a aceptar la inhibici¨®n.
La deliberaci¨®n continuar¨¢ hoy, seg¨²n fuentes del tribunal, por lo que es improbable que el auto con la resoluci¨®n se conozca antes de la semana que viene. Por tanto, se conocer¨¢ despu¨¦s de las elecciones del 22-M. La discusi¨®n en el seno del tribunal est¨¢ siendo larga porque la segunda inhibici¨®n ha llevado aparejada una gran carga de trabajo. El juez Pedreira la envi¨® acompa?ada de 68 DVD, que contienen miles de folios sobre la instrucci¨®n del caso, realizada primero en la Audiencia Nacional y posteriormente en el Tribunal Superior de Justicia de Madrid. Los magistrados valencianos, y especialmente el ponente Jos¨¦ Francisco Ceres, han tenido que estudiar esa documentaci¨®n antes de adoptar una resoluci¨®n.
En la inhibici¨®n hay indicios de delito electoral, cohecho y prevaricaci¨®n
La decisi¨®n es compleja porque no solo afecta a la asunci¨®n de la inhibici¨®n en s¨ª, sino tambi¨¦n a los pasos a seguir con los distintos supuestos delitos que figuran en ella. Los magistrados deben determinar si los engloban en un ¨²nico caso o se abren distintos procedimientos en funci¨®n, por ejemplo, de si existen indicios s¨®lidos de la participaci¨®n de aforados en los mismos. Si optaran por esta ¨²ltima opci¨®n, parte de los delitos ser¨ªan enjuiciados por el TSJV; otros, ante la Audiencia de Valencia, y es posible que sobre otros deban decidir tribunales de Madrid. La Sala Civil y Penal depurar¨¢, en todo caso, la inhibici¨®n de Pedreira y, por tanto, algunos de los inicialmente se?alados como supuestos part¨ªcipes pueden quedarse fuera de los procedimientos y, en cambio, otros que no figuraban, ser incluidos.
El auto se coonocer¨¢ la semana que viene tras las elecciones
En la inhibici¨®n dictada por Pedreira y en el escrito presentado por la Fiscal¨ªa Anticorrupci¨®n sobre la tramitaci¨®n de la misma en Valencia, se apuntaba que en los delitos electorales habr¨ªan participado: Vicente Rambla (vicepresidente primero de la Generalitat); David Serra (vicesecretario de Organizaci¨®n del PP de la Comunidad Valenciana); Ricardo Costa (ex secretario general del PPCV); Yolanda Garc¨ªa (tesorera del PPCV); Cristina Ib¨¢?ez (administradora del PP valenciano); Luis B¨¢rcenas (extesorero del PP nacional); dos personas identificadas como El Pr¨ªncipe y El Cantante; los cabecillas de la trama Francisco Correa, Pablo Crespo y ?lvaro P¨¦rez, El Bigotes, y varios de sus empleados, y los gestores efectivos de ocho constructoras. Los presuntos delitos consistieron en que ocho constructoras hicieron aportaciones ilegales a las campa?as del PP valenciano utilizando como veh¨ªculo a empresas de la trama.
En los delitos contra la Administraci¨®n P¨²blica (cohecho y prevaricaci¨®n), la inhibici¨®n de Pedreira, as¨ª como Anticorrupci¨®n, se?alaban que exist¨ªan indicios de delito en la contrataci¨®n de la trama con numerosas consejer¨ªas valencianas y con Canal 9. Se citaba a la presidenta de las Cortes valencianas y exconsejera de Turismo, Milagrosa Mart¨ªnez; a su ex jefe de gabinete Rafael Betoret (a punto de sentarse en el banquillo con Camps en la causa de los trajes); a los "distintos cargos que intervinieron en la contrataci¨®n, cuya concreta identificaci¨®n queda parcialmente pendiente de investigar"; y a Pedro Garc¨ªa, exdirector de Canal 9 y exresponsable de Comunicaci¨®n en Presidencia de la Generalitat.
Un dif¨ªcil calendario judicial para varios a?os
El calendario judicial que tienen por delante el presidente de la Generalitat y favorito en las elecciones auton¨®micas del pr¨®ximo domingo, Francisco Camps, se presenta dif¨ªcil y largo. Y una vez que se concrete la asunci¨®n de la segunda inhibici¨®n dictada por el juez Antonio Pedreira a favor del tribunal valenciano, puede sucederle lo mismo a todo, o parte, de su c¨ªrculo de confianza en el Gobierno y el PP regional: algunas de las causas relativas a dicha inhibici¨®n podr¨ªan durar cuatro o cinco a?os. La parte m¨¢s clara es la que afecta al propio Camps, Ricardo Costa, V¨ªctor Campos y Rafael Betoret, imputados por un presunto delito de cohecho impropio al haber aceptado presuntamente regalos de la trama G¨¹rtel. Una pr¨¢ctica que, seg¨²n la investigaci¨®n, la red dirigida por Francisco Correa utilizaba para engrasar la maquinaria corrupta: ganarse el aprecio y la confianza de altos cargos de Administraciones de distintos lugares de Espa?a, ante las que sus empresas concurr¨ªan para obtener la adjudicaci¨®n de contratos.
La llamada causa de los trajes solo est¨¢ pendiente de que la Sala Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia valenciano (TSJV) resuelva los ¨²ltimos recursos, relativos a la primera inhibici¨®n dictada por el instructor del caso en Madrid, Antonio Pedreira. Las fuentes consultadas consideran que muy probablemente la sala desestimar¨¢ los recursos. Siendo as¨ª, se celebrar¨¢ en el plazo m¨¢s corto posible, como marca la ley, la audiencia preliminar, el acto previo a la decisi¨®n del juez Jos¨¦ Flors de abrir o no juicio contra Camps. El magistrado ya convoc¨® hace un mes esa audiencia, pero dej¨® abierta la fecha hasta que se resolvieran los recursos. Si, como todo apunta, el juez dicta la apertura, empezar¨¢ entonces la selecci¨®n del jurado popular y el juicio en s¨ª se celebrar¨¢ probablemente en oto?o.
El resto de casos, una vez que se concrete la segunda inhibici¨®n, ser¨¢n largos por la abundante documentaci¨®n que los acompa?an. Su duraci¨®n, se?alan fuentes jur¨ªdicas, depender¨¢ en buena medida de si las partes mantienen la t¨¢ctica de dilatar su marcha interponiendo recursos.
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