Los obispos llaman a desobedecer la ley de muerte digna ¡°si sale como est¨¢¡±

¡°Si sale como est¨¢, no ser¨¢ una ley justa¡±, sentenci¨® ayer el portavoz episcopal y obispo auxiliar de Madrid, Juan Antonio Mart¨ªnez Camino. Se refer¨ªa al Proyecto de ley reguladora de los derechos de la persona ante el proceso final de la vida (la llamada ley de muerte digna), anunciada por el Gobierno socialista. ¡°No es una ley de eutanasia, pero s¨ª una ley que abre las puertas a pr¨¢cticas eutan¨¢sicas¡±, afirman los prelados en una ¡°declaraci¨®n¡± sobre el proyecto legislativo, de doce folios.

El PSOE hab¨ªa prometido la legalizaci¨®n de la eutanasia en esta legislatura, pero renunci¨® para contentar a la Iglesia cat¨®lica. ¡°No ser¨¢ una ley de eutanasia¡±, se comprometi¨® el vicepresidente Alfredo P¨¦rez Rubalcaba cuando anunci¨® el proyecto, en oto?o pasado. Los obispos opinan lo contrario y anuncian que combatir¨¢n al Gobierno mediante ¡°todos los medios democr¨¢ticos disponibles¡±, si sigue adelante con la actual redacci¨®n de la ley.

¡°Cuando afirmamos que es intolerable la legalizaci¨®n abierta o encubierta de la eutanasia, no estamos poniendo en cuesti¨®n la organizaci¨®n democr¨¢tica de la vida p¨²blica, ni estamos tratando de imponer una concepci¨®n moral privada al conjunto de la vida social. Sostenemos que las leyes no son justas por el mero hecho de haber sido aprobadas por las correspondientes mayor¨ªas, sino por su adecuaci¨®n a la dignidad de la persona humana¡±, afirman.

Pese a todo, los prelados asumen que no siempre se puede identificar el orden legal con el orden moral, conscientes de que ¡°en ocasiones, las leyes, en aras del bien com¨²n, tendr¨¢n que tolerar y regular situaciones y conductas desordenadas¡±. Pero a?aden: ¡°Esto nunca podr¨¢ ser as¨ª cuando lo que est¨¢ en juego es un derecho fundamental, como es el derecho a la vida. Las leyes que toleran e incluso regulan las violaciones del derecho a la vida son gravemente injustas y no deben ser obedecidas. Es m¨¢s, esas leyes ponen en cuesti¨®n la legitimidad de los poderes p¨²blicos que las elaboran y aprueban. Es necesario procurar, con todos los medios democr¨¢ticos disponibles, que sean abolidas, modificadas o bien, en su caso, no aprobadas¡±.

Hace apenas un mes, el cardenal de Madrid, Antonio Mar¨ªa Rouco, que es tambi¨¦n presidente de la Conferencia Episcopal, hab¨ªa dicho que no cre¨ªa que Zapatero fuese a legalizar la eutanasia. Textualmente afirm¨®: ¡°El juicio primero es que no es una ley de eutanasia. No he le¨ªdo el texto. Lo han le¨ªdo algunos colaboradores, y el juicio primero es que no es una ley de eutanasia. No tengo opini¨®n sobre los detalles¡±.

Ahora, despu¨¦s de leerlo ¡°despacio¡±, los obispos execran muy severamente del proyecto del Ejecutivo. Parten de la tesis de que ¡°la vida no nos pertenece porque el propietario es quien nos la ha dado: el Creador¡±. Tambi¨¦n subrayan ¡°la esperanza de la resurrecci¨®n y la vida eterna¡±, como el camino para encontrar ¡°el sentido oculto del dolor y la muerte¡±.

Con estas teor¨ªas, todo lo que suene a eutanasia (del griego eu th¨¢natos: buena muerte) les parece a los obispos condenable. Esta es su definici¨®n: ¡°Una acci¨®n o una omisi¨®n que por su naturaleza y en la intenci¨®n causa la muerte, con el fin de eliminar cualquier dolor¡±.

Entre otros reparos, los obispos subrayan que el proyecto tiene ¡°una concepci¨®n de la autonom¨ªa de la persona pr¨¢cticamente absoluta¡±. Tambi¨¦n echan en falta una definici¨®n correcta del derecho a la objeci¨®n de conciencia de los profesionales ¡°implicados en situaciones que conllevan ataques legales a la vida humana¡±. E incluso creen que la ley maltrata ¡°el derecho humano de libertad religiosa¡± porque ni siquiera cita los acuerdos entre Espa?a y el Estado vaticano sobre la asistencia religiosa a los enfermos.

Afirman, textualmente: ¡°El derecho de libertad religiosa, fundamental y primario, no puede ser reducido por una Ley a la mera tolerancia de la pr¨¢ctica religiosa, como aqu¨ª se hace. Que los pacientes tengan derecho al ejercicio de sus convicciones religiosas supone que el Estado ha de garantizar y favorecer el ejercicio de ese derecho, sin perjuicio de su justa laicidad¡±.