Dos comunidades del PP rechazan ahora las competencias de Justicia

Murcia guardar¨¢ en el caj¨®n su objetivo de asumir las competencias de Justicia hasta que amaine la crisis. El Ejecutivo que preside Ram¨®n Luis Valc¨¢rcel, del PP, no asumir¨¢ los traspasos del Gobierno, que deb¨ªan sellarse el pr¨®ximo 31 de julio y exig¨ªan un desembolso de 70 millones euros, as¨ª como un pago ¨²nico de 5,5 millones, seg¨²n el diario La Verdad. La irrupci¨®n de un eventual adelanto de las elecciones generales y la situaci¨®n financiera de la autonom¨ªa, con una deuda de 2.106 millones (7,4% del PIB regional), justifican el frenazo.

Murcia aparca los traspasos tras dos a?os de negociaciones con el Ministerio de Justicia. ¡°El trabajo est¨¢ hecho para que se ejecute m¨¢s adelante¡±, explica Manuel Campos, consejero de Presidencia e interlocutor con el Gobierno en esta materia. Al margen de los pagos, las competencias contemplaban que la Regi¨®n de Murcia abonase la factura de 40 nuevos funcionarios y un coste econ¨®mico anual que la comunidad todav¨ªa no ha evaluado.

El principal escollo, seg¨²n Campos, ha sido la creaci¨®n de la oficina judicial y el pago ¨²nico de los 5,5 millones. ¡°El problema es que este desembolso est¨¢ condicionado por cumplir los objetivos de d¨¦ficit", explica el consejero, que insiste en que la comunidad pasa los ex¨¢menes sobre ratios judiciales del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ). El Ministerio de Justicia ha invertido desde 2006 70 millones de euros en reforzar su plantilla judicial, de 1.360 funcionarios y 149 plazas judiciales.

El presidente del Tribunal Superior de Justicia de Murcia, Juan Mart¨ªnez Moya, calific¨® de ¡°prudente¡± la decisi¨®n del Ejecutivo regional. ¡°La Justicia es una cuesti¨®n de Estado y hay que tener en cuenta las circunstancias [econ¨®micas], que son las que son¡±, expres¨®. El PSOE de Murcia, que esta ma?ana se hab¨ªa reunido para debatir el frenazo a las competencias, pedir¨¢ explicaciones al consejero Campos en la C¨¢mara auton¨®mica, seg¨²n fuentes socialistas.

Teniendo en cuenta la situaci¨®n econ¨®mica del pa¨ªs y de Castilla-La Mancha, entendemos que este proceso va a tener que ir en sus tiempos. No lo descartamos, pero no son tiempos los de ahora de hacer mudanzas¡± DOLORES DE COSPEDAL

??"No es tiempo de mudanzas"

Tambi¨¦n la nueva presidenta de Castilla-La Mancha, Mar¨ªa Dolores de Cospedal, que adem¨¢s es la secretaria general del PP, ha anunciado hoy en Toledo que no es el momento ¡°m¨¢s apropiado" para consumar el traspaso de las competencias de Justicia a la regi¨®n. "Teniendo en cuenta la situaci¨®n econ¨®mica del pa¨ªs y de Castilla-La Mancha, entendemos que este proceso va a tener que ir en sus tiempos", ha afirmado. "No lo descartamos, pero no son tiempos los de ahora de hacer mudanzas¡±.

La Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha no gestiona la Justicia, porque hasta ahora el Gobierno del socialista Jos¨¦ Mar¨ªa Barreda no hab¨ªa logrado alcanzar un acuerdo econ¨®mico con el Ejecutivo central para asumir nuevas responsabilidades. En el contexto de precariedad econ¨®mica que viene denunciando la nueva presidenta castellanomanchega, asumir nuevas competencias, que van unidas a sedes judiciales, funcionarios y otros cap¨ªtulos de gasto, supone reducir el ya de por s¨ª magro presupuesto, agravado por la crisis.

??Con el anuncio de estas dos regiones, las comunidades del PP ponen ahora en cuesti¨®n las competencias de Justicia. Despu¨¦s de haber utilizado la supuesta opacidad en las cuentas regionales como ariete contra el PSOE, ahora Castilla-La Mancha y Murcia se escudan en la crisis para exigir que se eche el freno a los traspasos de la gesti¨®n en materia de Justicia. Madrid y Arag¨®n ya reclamaron a principios de mes el recorte en las responsabilidades auton¨®micas y, la propia presidenta madrile?a, Esperanza Aguirre, pidi¨® devolver la responsabilidad regional sobre los tribunales. La novedad estriba en que ahora lo exigen dos autonom¨ªas que a¨²n no hab¨ªan asumido estas competencias.

Aguirre da la salida

La petici¨®n de reducir las competencias regionales no es nueva, pues ya la hizo el pasado 8 de julio, en una conferencia de FAES, la fundaci¨®n que sirve de vivero de ideas pol¨ªticas al PP, la presidenta madrile?a, Esperanza Aguirre, a la que se sum¨® su hom¨®loga en Arag¨®n, Luisa Fernanda Rudi. All¨ª Aguirre cit¨® expresamente las competencias de Justicia como materias que deber¨ªa volver a asumir el Gobierno, pero asegur¨® entonces que su petici¨®n era una mera declaraci¨®n de intenciones.

"Yo he multiplicado por cinco el presupuesto de Justicia durante estos a?os, sin que eso haya supuesto m¨¢s eficacia en la gesti¨®n", afirm¨® Aguirre. La Comunidad de Madrid tuvo que paralizar la Ciudad de la Justicia, el macroproyecto que ten¨ªa previsto centralizar los juzgados de la capital en una misma sede, por falta de fondos para sufragarlo.?? El exconsejero de Justicia madrile?o Francisco Granados, secretario general del PP en esta regi¨®n, fue m¨¢s all¨¢ en marzo al tildar los traspasos de ¡°caros y complicados¡± y calific¨® las competencias de ¡°carajal¡±. ??Unas declaraciones que provocaron la queja de nueve jueces que ejercen en Madrid.

Los problemas para gestionar la justicia los ha se?alado tambi¨¦n la Comunidad Valenciana (con una deuda de 16.634 millones de euros, el 16% del PIB regional). La Generalitat valenciana, gobernada por Francisco Camps, del PP, renunci¨® en junio a abrir 15 nuevos juzgados pese a tener transferidas las competencias y a ser la segunda autonom¨ªa con m¨¢s necesidades judiciales (cada juzgado registra una entrada de 1.500 asuntos, cuando el CGPJ recomienda 950, y asume una carga de trabajo que supera el 70% de lo recomendado). La Comunidad Valenciana necesita 63 juzgados, seg¨²n el m¨¢ximo ¨®rgano de gobierno de los jueces.