El juez reclama a Rajoy un informe de las cuentas del PP valenciano

La investigaci¨®n de la presunta financiaci¨®n irregular del PP valenciano se acelera. El juez instructor del grueso de la rama valenciana del caso G¨¹rtel, Jos¨¦ Francisco Ceres, dict¨® ayer un auto que reactiva la causa al hacer firme la decisi¨®n del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana de declararse competente. El magistrado reclama la remisi¨®n de documentaci¨®n tanto al Tribunal de Cuentas como al PP y a la Generalitat valenciana.

As¨ª, la direcci¨®n nacional del PP, que preside Mariano Rajoy, recibir¨¢ un oficio judicial para que determine qui¨¦n o qui¨¦nes han sido responsables o han intervenido en la contabilidad del partido en la Comunidad Valenciana. Pero adem¨¢s, solicita que se informe del ¡°modo de funcionamiento¡±, del grado de ¡°autonom¨ªa econ¨®mico-financiera y contable¡± y del modo en que G¨¦nova fiscaliza y controla al PP valenciano. El juez requiere especialmente c¨®mo funciona la contabilidad electoral ¡°y en concreto la derivada de las campa?as de los a?os 2007 (auton¨®micas y locales) y 2008 (generales)¡±.

Otros requerimientos van dirigidos al Tribunal de Cuentas y a la Sindicatura de Comptes valenciana, de los que solicita la certificaci¨®n sobre ¡°la regularidad de la contabilidad electoral¡± del PP en las elecciones de 2007.

Esta parte del caso G¨¹rtel se inici¨® tras el examen de la documentaci¨®n requisada a las empresas de la trama que lideraba Francisco Correa. Su an¨¢lisis desvel¨® el posible endoso de facturas a empresarios, que habr¨ªan abonado los servicios realizados por la trama al PP valenciano en las campa?as electorales de 2007 y 2008. La principal proveedora de estos servicios fue Orange Market que, adem¨¢s, result¨® adjudicataria, durante cinco a?os, de los expositores con los que la Generalitat valenciana (a trav¨¦s de la Agencia Valenciana de Turismo) particip¨® en la feria Fitur.

G¨¦nova deber¨¢ decir qu¨¦ grado de autonom¨ªa contable ten¨ªa Valencia

La investigaci¨®n se ha desarrollado durante m¨¢s de dos a?os en el TSJ de Madrid, hasta que decidi¨® inhibirse a favor de Valencia. Dado que ha pasado m¨¢s de un a?o hasta que se ha resuelto, de manera firme, esta decisi¨®n, el juez Ceres quiere saber si la polic¨ªa ha hecho avances en la investigaci¨®n. Tambi¨¦n solicita que la UDEF (Unidad de Delincuencia Econ¨®mica y Fiscal) averig¨¹e la identidad del titular y ¡°persona/s autorizadas de la cuenta o cuentas corrientes que pudiera tener el PP¡± valenciano desde las que pudieran haberse abonado ¡°las cantidades econ¨®micas para el pago de los actos encargados por dicha formaci¨®n pol¨ªtica a Orange Market¡±.

El magistrado pregunta por los autorizados en las cuentas del partido

El juez llamar¨¢ a declarar a todos los imputados, entre los que se encuentra la c¨²pula del PP valenciano, que estaba bajo la responsabilidad del entonces presidente de la Generalitat, Francisco Camps. Entre los imputados figuran Vicente Rambla (exvicepresidente); Ricardo Costa (exsecretario general del PP); David Serra (vicesecretario de Organizaci¨®n del PPCV); Yolanda Garc¨ªa (tesorera del PPCV; Cristina Ib¨¢?ez (administradora del PPCV), en lo que respecta a la financiaci¨®n irregular. Y Rambla, Milagrosa Mart¨ªnez (expresidenta de las Cortes valencianas y exconsejera de Turismo); y Rafael Betoret (exjefe de gabinete de Turismo y hasta ayer jefe de protocolo de la Diputaci¨®n de Valencia) por los supuestos delitos de cohecho y prevaricaci¨®n. En relaci¨®n con los contratos de Orange Market, el juez pide a Presidencia de la Generalitat que certifique las funciones de Dora Ibars, directora general de Promoci¨®n Institucional.

¡°Pol¨ªticamente, lo m¨¢s relevante es que supone bajar a la realidad a Alberto Fabra¡±, reci¨¦n nombrado presidente del PP valenciano y de la Generalitat tras la dimisi¨®n de Camps, se?al¨® el diputado socialista ?ngel Luna, que encabeza la acusaci¨®n popular. ¡°Se trata de un tema del que nadie ha dado explicaci¨®n alguna¡±, concluy¨®.