El PSE endurece la ley vasca de ayudas sociales que defendi¨® en la oposici¨®n

No habr¨¢ recorte de las cuant¨ªas de las ayudas sociales, pero s¨ª un claro endurecimiento de los requisitos de acceso, que reducir¨¢ el n¨²mero de perceptores. El Gobierno y el PP escenificaron ayer el acuerdo en la modificaci¨®n de la ley que regula las ayudas sociales vascas, la Ley para la Garant¨ªa de Ingresos y la Inclusi¨®n Social de 2008, en una comparecencia p¨²blica en el Parlamento en la que reiteraron que el objetivo inicial del cambio, tramitar desde Lanbide dos ayudas ¡ªla Renta de Garant¨ªa de Ingresos (RGI) y el complemento de vivienda, que ahora est¨¢n siendo gestionadas por ayuntamientos y diputaciones¡ª saldr¨¢ adelante. El fin es evitar la cronificaci¨®n de los perceptores en el sistema de ayudas y vincularlas al empleo, un extremo este ¨²ltimo que la ley actual ya recoge.

Pero tambi¨¦n confirmaron que habr¨¢ que acreditar tres a?os de empadronamiento en Euskadi ¡ªen vez del a?o actual¡ª o uno de empadronamiento y otros cinco a?os de cotizaci¨®n en la Seguridad Social, un endurecimiento que afectar¨¢ sobre todo a los inmigrantes y que responde en buena parte a las exigencias hasta ahora rechazadas de plano, del PP, que ped¨ªa elevar a cinco a?os el requisito de empadronamiento. Estos cambios dificultar¨¢n la econom¨ªa sumergida, seg¨²n la consejera de Empleo y Asuntos Sociales, Gemma Zabaleta, que adem¨¢s de negar que sean recortes o restricciones, asegur¨® que el ¡°¨²nico endurecimiento es con aquellos que quieren aprovecharse del sistema¡±.

Este endurecimiento de los requisitos respaldado por el Gobierno se contrapone con el discurso mantenido por la actual consejera, cuando particip¨® en la creaci¨®n de la ley estando en la oposici¨®n. Desde la tribuna del Parlamento, Zabaleta critic¨® con dureza las propuestas del PP, que hoy repite, porque ¡°la filosof¨ªa, el esp¨ªritu y la letra de la mayor¨ªa de sus enmiendas sirven para hacer m¨¢s dif¨ªcil el acceso a la protecci¨®n social¡±. Ayer, comparti¨® mesa con representantes de este partido y dijo sentirse ¡°orgullosa¡± de la reforma legal, aunque los socialistas no abrieron el camino a un endurecimiento cuando pudieron plantear enmiendas al proyecto de modificaci¨®n de la ley . Euskadi se suma as¨ª a Catalu?a, que a finales de agosto aprob¨® un decreto para elevar de uno a dos a?os el requisito de empadronamiento.

La ley supondr¨¢ llevar a Lanbide dos ayudas de las tres que componen el sistema, reforzar¨¢ considerablemente el sistema de control y obligar¨¢ a los perceptores que sean empleables ¡ªes decir, los jubilados que complementan su pensi¨®n y las personas en alta exclusi¨®n quedar¨¢n exentos¡ª a aceptar un trabajo ¡°adecuado¡± y a participar en trabajos comunitarios extraordinarios de forma voluntaria ¡ªpara ¡°prestigiar¡± a los perceptores¡ª si quieren seguir recibiendo ayudas. Los cambios se suman a las restricciones que el departamento ha ido estableciendo en los ¨²ltimos meses.

Los perceptores que puedan trabajar har¨¢n servicios comunitarios

Estas decisiones fueron tomadas ayer en la ponencia parlamentaria creada para debatir las enmiendas de los distintos grupos, un debate que dur¨® apenas hora y media y en el que se aprobaron buena parte de las propuestas del PP, junto con algunas secundarias del PNV y Aralar. A partir de ahora, el Parlamento deber¨¢ elaborar un dictamen que ser¨¢ aprobado en el pleno. Si los plazos se cumplen, los cambios entrar¨¢n en vigor en enero, sin efectos retroactivos.

Una familia vasca destina 495 euros a las ayudas frente a los 65 de las del resto de Espa?a

Varios factores se han entremezclado para que se d¨¦ este cambio. El primero, la presi¨®n del PP, socio preferente del Gobierno con un discurso diametralmente distinto al que hasta ahora han mantenido los socialistas. El PSE pod¨ªa haber pactado con el PNV, que no recog¨ªa entre sus enmiendas la posibilidad de endurecer el criterio de empadronamiento. La segunda raz¨®n, la crisis econ¨®mica ¡ªZabaleta asegur¨® que ¡°no tiene que ver con la situaci¨®n de crisis¡±, pero en la comparecencia apel¨® a garantizar la ¡°sostenibilidad del sistema¡± y tras ella incidi¨® en que ¡°este a?o tambi¨¦n tendremos que poner 40 millones m¨¢s para pagar¡± la RGI y el complemento de vivienda¡ª.

La tercera es la propia sociedad, que con sus impuestos est¨¢ realizando un esfuerzo de 495 euros por hogar para asegurar al sistema frente a los 65 euros de media en el resto de Espa?a. La misma sociedad en la que se est¨¢ extendiendo un discurso de desprestigio del mejor sistema de protecci¨®n social del Estado y de los mejores de Europa ¡ªutiliza el 40% del dinero destinado en Espa?a a rentas m¨ªnimas aunque tiene un 2,4% de la poblaci¨®n¡ª y en la que cada vez se habla m¨¢s de fraude social.

Este clima ha calado en el Ejecutivo, que ha pasado a entender como insuficientes los requisitos de acceso a las ayudas actuales. Adem¨¢s, Zabaleta, que en sus comparecencias parlamentarias se ha mostrado reticente a hablar de fraude social, incid¨ªa ayer en estos casos. Tambi¨¦n un comunicado remitido por su consejer¨ªa resaltaba en el encabezado que ¡°la nueva ley de RGI terminar¨¢ con los casos de fraude en las prestaciones¡±. Este hecho, que ha sido la obsesi¨®n del PP durante a?os, es uno de los que m¨¢s cambios aborda ahora.

La repercusi¨®n de los cambios es incierta. El Gobierno asegura no tener cifras de a cu¨¢nta gente afectar¨¢n y que no habr¨¢ ahorro. La RGI llega a una media de 55.000 familias, de las que un tercio son pensionistas y otro tercio complementan sus bajos salarios con la ayuda, dos colectivos que en principio no debieran verse muy afectados. Desde el PSE aseguran que el impacto ser¨¢ ¡°limitado¡± y desde el PP que ser¨¢ ¡°importante¡±.