El Congreso admite a tr¨¢mite la Iniciativa Legislativa Popular de la daci¨®n en pago
El Senado deber¨¢ darle su visto bueno antes de que se disuelvan las Cortes el pr¨®ximo d¨ªa 26
Despu¨¦s de meses de bloqueo, la mesa del Congreso de los Diputados ha admitido esta semana a tr¨¢mite la Iniciativa Legislativa Popular (ILP) que pide la daci¨®n de pago. Esto significa que se pueda devolver el piso al banco para saldar la deuda de la hipoteca. La demora en la tramitaci¨®n de la ILP llev¨® la semana pasada a la asamblea de Plataformas de Afectados por la Hipoteca (PAH), reunida en Barcelona, a decidir que iniciar¨ªa la recogida de firmas aunque no se admitiera la ILP. Ahora no saben si estar¨¢n a tiempo de emprender una recogida de firmas con la que, adem¨¢s de impulsar la reforma legislativa, pretenden situar el problema de quienes no pueden pagar la hipoteca en la agenda p¨²blica.
Tras pasar por la mesa del Congreso, desde el pasado d¨ªa 13 la Iniciativa est¨¢ en el Senado, cuya mesa debe darle tambi¨¦n visto bueno antes de que se disuelvan las Cortes el pr¨®ximo d¨ªa 26. Faltar¨ªa todav¨ªa que la Junta Electoral diera el visto-bueno al modelo de hoja de recogida de firmas. In extremis, las Plataformas de Afectados imprimir¨ªan y distribuir¨ªan entonces las hojas de recogidas para, como es su intenci¨®n, hacer coincidir la recogida con la campa?a electoral de las generales previstas para el 20 de noviembre.
Ada Colau, portavoz de la asamblea de Barcelona, recuerda que en cualquiera de los escenarios, las plataformas de afectados por la hipoteca saldr¨¢n a la calle a recoger firmas. En cualquier caso, reivindica ¡°agilidad a la mesa del senado y a la junta electoral para poder empezar la recogida de firmas antes del 20-N¡±.
El texto de la ILP impulsada por las PAH establece, adem¨¢s de la daci¨®n en pago, que quienes no puedan pagar la hipoteca puedan permanecer en el piso pagando un alquiler que no supere el 30% de sus ingresos. ¡°La medida del alquiler social persigue evitar mayores costes sociales y econ¨®micos, porque asistir y realojar a una familia desahuciada tiene un gran coste para la administraci¨®n y el resto de la sociedad¡±, advierte Colau.
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